El control político del Magdalena parece estar en manos de Carlos Caicedo. Su familia ha gobernado durante 16 años y ahora busca mantener su influencia con su hermana Patricia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la última palabra. ¿Se utilizaron recursos de la gobernación para su campaña? ¿Participó indebidamente en la política electoral el actual gobernador?
La candidatura de Carmen Patricia Caicedo, quien aspira a prolongar el control del partido Fuerza Ciudadana sobre la Alcaldía de Santa Marta, se encuentra en un limbo legal. El CNE admitió una demanda de nulidad contra su inscripción y le otorgó un plazo de tres días para presentar su defensa.
Ahora, la decisión final está pendiente y podría dejarla fuera de la contienda. Las pruebas presentadas en la denuncia parecen tener un sólido fundamento.
Desde que se anunció su aspiración, la exgerente de la Essmar ha enfrentado cuestionamientos sobre la viabilidad legal de su candidatura. Las dudas no solo giran en torno a sus vínculos de consanguinidad con Carlos Caicedo Omar, su hermano y actual gobernador del Magdalena, sino también por su hermana, Ana María Caicedo Ortega, quien ejerció como ordenadora del gasto en el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta.
La legislación vigente excluye la participación en elecciones por voto popular a aquellos que tengan vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco hasta el segundo grado con funcionarios que hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio durante los doce meses anteriores a la elección.
Además del evidente impedimento por consanguinidad, plenamente establecido en la ley, el actual gobernador no ha ahorrado esfuerzos en apoyar a su hermana desde su cargo.
En la denuncia se presentan varias pruebas que dan cuenta de la participación indebida en política electoral por parte del actual gobernador del Magdalena en favor de la campaña de su hermana a la alcaldía de Santa Marta. El Consejo Nacional Electoral tiene la última palabra.
