Andrés Barreto nunca conoció a su abuelo materno, un abogado que salió de su pueblo para estudiar en la Universidad del Rosario. Pero, según él mismo ha contado, esa figura —construida más por historias familiares que por recuerdos propios— terminó marcando el oficio que eligió: también estudió Derecho en el Rosario, y también terminaría, años después, ocupando cargos de alto perfil en el Estado colombiano.
Sus primeros pasos como litigante los dio en Moncada Abogados, la firma del jurista Juan Carlos Moncada, especializado en derecho penal económico y compliance, antes de construir una carrera propia que lo llevaría a los cargos más visibles del sector público.
Ahora, esa misma trayectoria jurídica lo lleva a uno de los puestos más sensibles del nuevo gobierno: la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el despacho encargado de blindar legalmente cada decreto y proteger jurídicamente al propio jefe de Estado.
Con posgrados en Asuntos Internacionales, Derecho Administrativo y Política Internacional, Barreto construyó cerca de quince años de carrera en el sector público antes de este nombramiento: pasó por la Personería y la Secretaría de Bogotá, por el Congreso y por el Departamento Administrativo de la Presidencia, hasta llegar, durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque, a la Superintendencia de Industria y Comercio, la entidad que vigila la competencia empresarial, la protección de datos y los derechos de los consumidores en Colombia, uno de los cargos técnicos de mayor visibilidad del Estado.
Él mismo lo describió como «el reto más alto» que había asumido en lo público, reconociendo que llegó a esa posición en plena pandemia, en uno de los momentos más exigentes para cualquier entidad reguladora del país.
Tras salir de la Superintendencia en 2022, asumió como experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero el Consejo de Estado ordenó su salida del cargo en febrero de 2023, apenas ocho meses después, al determinar que no acreditaba la experiencia técnica en el sector energético ni el tiempo mínimo en cargos directivos o de consultoría que exige la ley para ese puesto específico. No fue una sanción por conducta indebida, sino una decisión sobre requisitos formales de idoneidad para ese cargo en particular.
De ahí, gracias a su cercanía personal con Abelardo de la Espriella, saltó al sector privado: en abril de 2023 asumió como director general de De la Espriella Lawyers, la firma que fundó el hoy presidente electo y que este dejó en sus manos al concentrarse en su candidatura presidencial.
Bajo su liderazgo, la firma, una de las diez más grandes del país, con dos décadas en el mercado jurídico y oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Miami, siguió creciendo, y Barreto se consolidó como uno de los hombres de mayor confianza del círculo cercano del hoy mandatario, participando activamente en el equipo de empalme del nuevo gobierno.
Con ese expediente combinado —un aprendizaje temprano en un despacho penal de renombre, una carrera técnica extensa en las entidades más exigentes del Estado, y un desenlace regulatorio que superó sin mayores consecuencias—, Andrés Barreto asume ahora la tarea de sostener jurídicamente, decreto por decreto, el gobierno del hombre que durante años fue, antes que su jefe, su socio de confianza.
