La empresa costarricense MECO, cuyo representante legal es el señor Carlos Cerdas Araya, es protagonista de un caso de corrupción en Panamá conocido como Blue Apple en el que se investigan sobornos por $78.3 millones para la adjudicación de obras públicas. Un caso similar al de Odebrecht.
En Colombia son responsables de la construcción de 5 aeropuertos y 3 megraobras de 4G. Una fuente enterada de manejos en la Aerocivil allegó información a El Expediente sobre como un grupo de funcionarios en esa entidad se estaría moviendo para favorecer a esa compañía con el cambio de una clausula en el contrato (14000160 OK 2014) suscrito en el 2014 con el propósito de construir del terminal, torre de control, estación de bomberos y obras complementarias del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo en el departamento del Amazonas.
El pasado 7 de octubre la firma MECO solicitó la modificación de la forma de pago del contrato establecido en una cláusula según la cual el último pago del 10% del contrato solo podrá realizar una vez se reciba a satisfacción el acta de entrega de la obra. «El último pago deberá corresponder al diez (10%) por ciento del valor del contrato, y se efectuara previa presentación de actas de recibo final del objeto contratado donde conste la cantidad y descripción de las obras ejecutadas dando cumplimiento al cronograma de obra presentado, acompañada de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL (Si es del caso)».
La empresa solicita que ‘’modificación de la anterior cláusula en el sentido de no condicionar el último pago del 10% del valor del contrato a la presentación del acta de recibo final y permitiendo que el 100% del valor del contrato sea pagado a través de actas parciales por avance de obra hasta la finalización de proyecto y cumplimiento de la totalidad del presupuesto aprobado’’. Ver comunicación MECO
En la Aerocivil hay mucha incertidumbre por la solicitud de esa compañía con prácticas corruptas en Panamá. En efecto hay razones para ello. Una de las asesoras jurídicas de la entidad, encargada de conceptuar sobre esas decisiones, es la abogada Natalia Valencia mejía quien se desempeñó como asesora jurídica de la empresa MECO y ahora es asesora de la Dirección de Infraestructura de la Aeronáutica Civil. La abogada fue contratada en septiembre de 2019 como asesora del director Juan Carlos Salazar quien depende de la ministra de transporte Ángela María Orozco y sería quien podría tomar la decisión de cambiar la cláusula del contrato para que esa empresa pueda cobrar por un trabajo que no ha terminado. Ver contrato puerta giratoria
