La Presidencia de la República certificó formalmente que los acercamientos del Senador Iván Cepeda con integrantes de la banda criminal que más asesina líderes sociales en el país y más exporta cocaína, el Clan del Golfo, no contaron con la debida autorización presidencial, es decir que no existe un decreto del presidente de la República que lo faculte para realizar dichas gestiones como lo ordena le ley de orden público.
Los acercamientos que quedaron al descubierto cuando el 5 de septiembre de 2017 se le preguntó al senador Cepeda por sus reuniones con el abogado de alias Otoniel en su oficina en el capitolio,
Camuflados en un supuesto plan de sometimiento a la justicia, no tenían otra intensión que la de organizar la entrada de narcotraficantes a las listas de la JEP. Así lo relató El Tiempo en un artículo publicado en enero de éste año en el que mencionan la participación de Cepeda como mediador entre la Bacrim y las Farc y el ELN.
Ver: ‘Clan del Golfo’ buscó a Farc y Eln para evitar extradición
Todo indica que Cepeda está al nivel de personajes como Yahir Acuña y otros que a pesar de las evidencias de sus relaciones con grupos al margen de la ley nunca son tocados por la Corte Suprema de Justicia ni por la justicia.
Otra suerte han corrido dirigentes políticos, dos ejemplos son Luis Alfredo Ramos y el exsecretario de seguridad de Medellín Gustavo Villegas, llevados a prisión por reuniones con grupos ilegales sin la aparente autorización del gobierno nacional.
Luego de un preacuerdo con la Fiscalía Gustavo Villegas Restrepo fue condenado a 33 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad, omisión de denuncia y abuso de la función pública.
A Villegas lo condenaron porque siendo Secretario de Seguridad se reunió con integrantes de ´La oficina’ la intención de adelantar el sometimiento de varios jefes de esa estructura así como las de alias “Pichi”, “Barni” y “Soto”.
El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos estuvo detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia entre Septiembre de 2013 y noviembre de 2016 procesado por reuniones con grupos paramilitares. Ramos es investigado por asistir a una reunión, a comienzos del año 2005, con el jefe de las autodefensas Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Dicho encuentro se llevó a cabo en la finca Bellanita, de Hugo Albeiro Quintero, más conocido como el Patrón de Bello, un hombre condenado por paramilitarismo. A esa reunión también asistieron los congresistas Óscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez y Óscar Suárez Mira y se habló del proyecto de ley de desmovilización que en ese momento estaba discutiendo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El exgobernador de Antioquia reconoció que asistió «sin permiso» a esa reunión con los integrantes del Bloque Metro de las AUC pero siempre se defendió aclarando que en este encuentro solamente se habló de la ley de Justicia y Paz que se debatía en el Senado.
Dos casos con hechos similares a los que involucran al senador Iván Cepeda y que fueron castigados severamente por la justicia. Ni Ramos ni Villegas estaban cobrando por esos ‘acercamientos’ ni estaban tramitando proyectos de ley para evitar la extradición o estaban incluyendo narcos en la listas del proceso de paz como si han hechos otras personas que están por encima de la justicia en Colombia.
