Por: Roberto Ortiz
Santiago de Cali, como muchas de las grandes ciudades de Colombia, se ha desarrollado urbanísticamente en medio de un fenómeno de desplazamiento de población producto de la violencia y la pobreza. Esto ha generado, que miles de personas hayan invadido parte de nuestros cerros y la zona del oriente, creando las llamadas zonas subnormales carentes, inicialmente, de cualquier oferta de servicios públicos.
Muchas de estas invasiones han sido históricamente propiciadas por políticos que han utilizado las necesidades de vivienda, empleo y pobreza de estas personas para sacar dividendos políticos. Las épocas electorales siempre han sido las más propicias para que se presenten este tipo de fenómenos de invasión de terrenos.
Hoy día, tal como lo denuncie en el concejo municipal, se está dando de nuevo un proceso de invasión en las 10 zonas de ladera de Cali. Se han visto invadiendo a miles de personas, mujeres y niños, incluidos ciudadanos extranjeros; y también personas en carros lujosos, que no creo que estén allí solamente en calidad de invasores.
Lo que se puede deducir por lo que hemos observado y nos ha informado la comunidad, es que las invasiones actuales no solo son propiciadas por políticos; sino por los nuevos terratenientes del hambre, llamados comúnmente urbanizadores piratas. Son personas que utilizan estas gentes necesitadas para apropiarse de las tierras del municipio; así como en el pasado lo hicieron algunos señores que se apropiaron, a nombre del civismo, de miles de tierras ejidales de la ciudad.
La zona de Golondrinas y Montebello es una de las más afectadas, allí han instalado cambuches cerca de 300 personas y han procedido a quemar la montaña, destruyendo cerca de 30 hectáreas de bosque. Ya se han presentado enfrentamientos, incluso armados, entre la comunidad del sector y los invasores; y por su parte, la presencia del gobierno municipal ha sido tímida frente a este conflicto que se está presentando en medio del paro nacional y los bloqueos que aún persisten en la ciudad.
Reitero una vez más un llamado al gobierno municipal para que controle el orden público en estas zonas de ladera; investigue si hay funcionarios públicos, como en ocasiones ha sucedido, vinculados a estos hechos delictuosos. Y si se detecta la presencia de ciudadanos extranjeros comprometidos en esta situación, sean puestos a disposición de las autoridades competentes a fin de ser deportados del país de manera inmediata.
Para afrontar este fenómeno de invasiones en nuestra ciudad, se requiere que se adelante seriamente un plan de desarrollo de vivienda de manera planificada por parte de la alcaldía y el gobierno nacional. Es hora de hacer y no del decir.
