Por: Maria del Rosario Guerra
La espesa selva colombiana fue y ha sido el hogar de muchos niños y jóvenes vil y cobardemente reclutados por grupos narcoterroristas para ser escudos humanos de sus actividades criminales. La manigua se convirtió en el campo de batalla para estos menores que fueron obligados a empuñar un fusil, servir como fieles soldados de la guerrilla para realizar sus atrocidades y vivir en la clandestinidad.
Nuevamente dedico esta columna a hablar del reclutamiento forzado de menores de edad, uno de los hechos más dolorosos y repudiables de la violencia que las Farc gestó por décadas contra los colombianos. Los datos aterran no sólo porque se pensó que con el tan cacareado acuerdo de La Habana terminarían estas atrocidades, sino porque muestran que los grupos criminales siguen utilizando menores para sus repudiables actividades. Según información de la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas, solo entre 2018 y 2020 ocurrieron 313 casos de reclutamiento, el 96% de ellos involucraron a menores entre los 12 y 17 años, principalmente hombres.
6.931 expedientes de menores de edad víctimas de reclutamiento por parte de grupos criminales (entre 1.999 y diciembre 2020) maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). De esos, más de la mitad (3.878) son atribuidos a las Farc, grupo guerrillero que convirtió en sistemática esta escabrosa práctica, y de la que hay evidencia irrefutable que los vincula como victimarios, pero que niegan con cinismo y descaro, burlándose no solo de las víctimas de este flagelo, sino de Colombia entera. El ICBF también tiene en su poder 1.288 denuncias en contra de la guerrilla del Eln por su responsabilidad en estos mismos hechos victimizantes.
En lo judicial la situación no es menos grave. Entre 2019 y 2020, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos a integrantes de grupos armados por la comisión de 708 hechos relacionados con el reclutamiento de menores. Para el caso del Eln, el ente acusador ha judicializado a los delincuentes conocidos con los alias de Pablito, Gabino, Antonio García y Pablo Beltrán, integrantes del comando central de esa guerrilla, por 258 hechos de reclutamiento. En los registros judiciales también reposan, desde 2016, 100 casos adicionales de los que se responsabiliza a disidencias de las Farc y 316 más a excombatientes que abandonaron el proceso de reincorporación o que fueron excluidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que dice estar investigando cerca de 8.000 hechos relacionados con reclutamiento de menores.
Sumado a lo anterior, hay detalles escabrosos revelados en los últimos días por algunos medios de comunicación, como noticias RCN, sobre la “cartilla de las Farc”, un cuadernillo que servía como guía para los menores que ingresaban a las filas y con el que aprendían a jugar a la guerra, una de la que muchos salieron con graves secuelas físicas y sicológicas, y otros que incluso, no lograron sobrevivir. Otro informe periodístico de la Revista Semana presenta relatos de quienes padecieron en carne propia los vejámenes del reclutamiento; que dejan al descubierto no solo la frialdad de quienes los comandaban, sino la voraz realidad a la que eran expuestos en los campamentos guerrilleros. Repudiable ejemplo de ello era la vida de las mujeres en las filas guerrilleras, a quienes les enseñaban a disparar y cocinar, además de complacer sexualmente al comandante de frente. Por supuesto que los hombres no se quedaron atrás. No solo eran obligados a combatir, sino que tenían que fusilar a sus propios compañeros, niños que como ellos fueron llevados a la selva contra su voluntad, luego de que intentaran huir de las jaulas guerrilleras.
Son esas noticias abrumadoras y relatos estremecedores los que nos han recordado en los últimos días que el reclutamiento de menores continúa, y que los victimarios, varios de ellos hoy ostentando curul en el Congreso de la República, siguen sin haber pagado un solo día de cárcel por sus atrocidades y, peor aún, sin haber reparado a sus víctimas.
Llegó la hora de exigirle a la JEP celeridad, efectividad y sanciones para los responsables de delitos de lesa humanidad -bien sea en calidad de autor material o intelectual- como reclutamiento de menores, secuestros, violaciones, abortos, homicidios y terrorismo. No pueden seguir sólo con pronunciamientos que ni hacen justicia, ni reparan a las víctimas y sí dejan en la impunidad delitos atroces y execrables como el de reclutar menores.
Esta semana Colombia perdió, como consecuencia del covid-19, a un gran periodista, voz y defensor de las víctimas, Herbin Hoyos. El mejor homenaje póstumo para él es que haya verdadera justicia y reparación, y menos impunidad. Que su muerte no haga olvidar sus luchas. Que Dios lo tenga en su gloria.
María del Rosario Guerra
@CharoGuerra
