El 7 de agosto de 2026, el mismo día en que Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente, el comandante de las Fuerzas Militares confirmó la muerte de Alexis Perdomo, señalado como el principal cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero Castro y responsable, según las autoridades, del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores en Caquetá y Huila. Era la primera baja de un gobierno que, antes incluso de asumir, le había dado a los cabecillas de los grupos armados un ultimátum para entregarse entre el 7 de agosto y el 4 de septiembre.
Seis días después, el golpe tuvo nombre propio. El 12 de agosto, en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, la Fuerza Pública dio de baja a Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, el principal explosivista del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez, ambas adscritas al Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco. Castillo Cortés llevaba cerca de diez años en actividades criminales en Cauca y Valle, actuaba como instructor en el manejo y fabricación de explosivos, y sobre él pesaba una recompensa de 500 millones de pesos. Las autoridades lo señalaban como responsable del atentado del 21 de agosto de 2025 frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. La operación no salió gratis: en el mismo despliegue murió el sargento segundo Yuber Antonio Gutiérrez, a quien De la Espriella describió como «un héroe que entregó su vida al servicio de Colombia».
El 19 de agosto, la Policía Nacional capturó en Valledupar a alias Ever o Marino, señalado cabecilla de una estructura criminal en la región. Tres días después, el 22 de agosto, en zona rural de Salgar, Antioquia, cayeron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo y fueron capturados otros dos, en una noche que además dejó once integrantes de «La Terraza» capturados en El Peñol y Medellín, y 2,1 toneladas de marihuana incautadas en un camión en Roldanillo, Valle del Cauca. «Seguimos golpeando a los criminales en todos los frentes: sus hombres, sus armas, sus finanzas y sus drogas», escribió el presidente esa noche.
El 27 de agosto el golpe subió de escala y de escenario. En la madrugada, la Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, Guaviare, con un bombardeo de precisión contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, la facción de las disidencias de las FARC comandada por alias Calarcá. El balance dejó ocho hombres dados de baja, once fusiles y cinco ametralladoras incautados. Entre los muertos estaba Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, líder del frente Rodrigo Cadete y hombre de confianza directo de Calarcá, sobre quien pesaba una recompensa de 400 millones de pesos y que ya había sido vinculado a la interceptación de una caravana de la UNP en Antioquia en 2024. Ese mismo día, en un operativo distinto, cayó capturado Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, señalado como cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de esa organización.
Tres días más tarde, el 30 de agosto, en Dagua, Valle del Cauca, fue dado de baja alias Felipe o Arcadio, cabecilla de la compañía Rodrigo Arias adscrita a la columna móvil Ricardo Velásquez del frente Jaime Martínez del EMC, señalado por atentados con drones explosivos contra estaciones de Policía, ataques al Ejército en El Danubio, quema de vehículos y la instalación de explosivos en la vía Cali-Buenaventura.
Esa misma noche del 30 de agosto, en Miraflores, Guaviare, arrancó el operativo más contundente del gobierno hasta ahora: la Operación Azarías, dirigida contra el Frente Carolina Ramírez, la estructura del Estado Mayor Central que responde directamente a Iván Mordisco y que ha impuesto su control sobre corredores del narcotráfico en Putumayo, Caquetá, Amazonas y el propio Guaviare. El balance, actualizado durante varios días, terminó en 23 integrantes dados de baja, seis capturados y dos menores de edad rescatados y puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Entre los muertos estaba el hombre que el gobierno más quería: alias Tigre, también conocido como Pintado, principal cabecilla del Frente Carolina Ramírez y uno de los hombres de mayor confianza de Mordisco, cuya identidad se confirmó mediante prueba dactiloscópica. Entre los capturados apareció alias Víctor, tercer cabecilla en la línea de mando de la estructura. La Fuerza Pública incautó 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas y material de guerra. De la Espriella, que presentó los resultados desde Guaviare junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y la cúpula militar y policial, la calificó como la operación más contundente contra las disidencias en los últimos doce años, y cerró con un mensaje directo a Mordisco: «Vine a derrotarlos».
En paralelo, en el departamento del Tolima, la Quinta División del Ejército —que opera también en Cundinamarca, Boyacá, Huila, Quindío, Risaralda y Caldas, zonas estratégicas para el tráfico de droga— dejó, según el balance que su comandante, general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, entregó directamente a La FM, más de una docena de cabecillas muertos de las facciones de Mordisco y Calarcá en esa región. Entre los identificados: Jeferson Ruiz Vargas, alias Esteban, señalado como cabecilla principal; Cristian Rubio Yara, alias Alexis; Ana Lucía Jiménez, alias Samaidy; Anuar José Pájaro, alias Yeico; y Eduardo Duarte Colorado, alias El Loco. El general atribuyó el resultado a meses de trabajo de inteligencia previo.
El 2 de septiembre, con el país todavía asimilando el balance de Azarías, el gobierno reportó dieciocho capturas más, siete sometimientos a la justicia, cuatro menores recuperados y un integrante adicional del Clan del Golfo muerto en desarrollo de operaciones, sin bajas propias en la Fuerza Pública. Ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros cabecillas que habían quedado suspendidas bajo la política de Paz Total del gobierno anterior, en respuesta a una solicitud formal que De la Espriella había radicado el 28 de agosto tras el cierre definitivo de las mesas de diálogo que Colombia mantenía con varios grupos armados.
El golpe más reciente llegó el 4 de septiembre, esta vez lejos de las selvas del sur, en el extremo norte del país. La Operación Centinela de la Patria, ejecutada por la Policía Nacional junto con un comando especial de la Dijín, terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, descrito por el gobierno como un «narcoterrorista» que azotaba La Guajira con extorsión, presión sobre la población civil y narcotráfico. De la Espriella había puesto fin, apenas días antes de asumir, a un proceso de negociación que el gobierno de Gustavo Petro había instalado en 2024 con las estructuras armadas de esa zona, y presentó la baja de Pérez Toncel como la primera consecuencia directa de ese cierre.
El consolidado oficial de los primeros 21 días de gobierno —del 7 al 30 de agosto— habla de al menos 30 integrantes de grupos armados abatidos, 774 capturados y más de 20.000 kilos de droga incautada en ese periodo específico; el balance acumulado hacia el 3 de septiembre sube a 21 cabecillas neutralizados de manera específica, más de 8.400 capturas totales, 31.174 kilos de estupefacientes incautados y 41 extradiciones firmadas. En ese lapso, el gobierno ordenó tres bombardeos: uno contra el ELN en Norte de Santander, y dos contra las disidencias, en las facciones de Calarcá y de Mordisco, ambos en Guaviare.
