El gobierno de Abelardo de la Espriella reincorporó al mayor general Jaime Norberto Mujica y lo puso al frente de la Subdirección General de la Policía Nacional, el segundo cargo de mando de la institución. El Decreto 1210 del 13 de agosto de 2026 formalizó su regreso al servicio activo, junto con el de los generales Alejandro Barrera —nuevo director general— y Ricardo Alarcón, los tres retirados en 2022 por solicitud propia. Mujica encabezó la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) entre 2020 y 2021, en el gobierno de Iván Duque. Ese es el mismo período en el que, según un informe de la unidad de inteligencia financiera de Israel, la Dipol habría comprado el software espía Pegasus.
El reporte, elaborado por la Autoridad Israelí para la Prohibición del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (IMPA), documenta un acuerdo por 11 millones de dólares entre NSO Group —la empresa dueña de Pegasus— y la Dipol, con un primer pago en efectivo de 5,5 millones de dólares transportado por vía aérea entre Bogotá y Tel Aviv en junio de 2021, y un segundo pago similar en septiembre del mismo año. Un banco israelí había reportado el depósito como una operación inusual. La entonces fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó públicamente que ese reporte de operación sospechosa existe y que la primera consignación de 5,5 millones de dólares en efectivo sí se produjo. NSO Group, por su parte, confirmó ante medios internacionales la existencia de un acuerdo comercial con Colombia, alegando que solo contrata con Estados.
La Fiscalía abrió una indagación por la presunta adquisición y uso del programa, vinculada además a una investigación previa sobre interceptaciones ilegales a magistrados de altas cortes. El 27 de noviembre de 2024, Mujica compareció ante el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia y, por recomendación de su abogado, se acogió a su derecho a guardar silencio, argumentando que se trataba de un asunto que debía resolverse «entre gobiernos». El mismo camino había tomado, semanas antes, el general Jorge Luis Vargas.
La relación entre ambos generales no es incidental, aunque solo uno de los dos haya vuelto al servicio activo. Vargas no fue reincorporado en el Decreto 1210 —tras su retiro en 2022 se lanzó como candidato a la Alcaldía de Bogotá y hoy permanece fuera de la institución—, pero la cadena de mando bajo la que se produjo la operación reportada por Israel sí regresó a la cúpula policial a través de Mujica, y el vínculo entre ambos es más estrecho de lo que sugiere haber compartido cadena de mando por unos meses.
Durante buena parte del gobierno de Iván Duque, Mujica permaneció en cargos alejados del centro de inteligencia —al frente del Inpec y del Comando de la Región de Policía No. 2—, según reconstruyó El Expediente en un reportaje anterior sobre el linaje de «Los Sabios de la Inteligencia» de la Policía. Solo cuando Vargas asumió la Dirección General en diciembre de 2020 lo nombró, de inmediato, director de la Dipol: el cargo desde el cual, meses después, se habría producido la compra reportada de Pegasus.
Vargas construyó gran parte de su carrera bajo el ala del general Rosso José Serrano, su suegro, y ascendió a mayor general en junio de 2018, en una ceremonia presidida por el entonces presidente Juan Manuel Santos, bajo cuyo gobierno se desempeñó como director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y se convirtió, según reconstruyó también este medio, en el hombre de confianza de Santos en asuntos de inteligencia.
Una fuente militar citada por El Espectador en 2021 describió su trabajo como «vital en los gobiernos de Uribe y Santos», con «estrechas relaciones profesionales con varios gobiernos, fiscales y cúpulas». Es decir: el general que comandaba la Policía cuando se habría producido la compra reportada de Pegasus, y que eligió personalmente a Mujica para dirigir la inteligencia policial en ese momento, no era una figura exclusivamente asociada al uribismo, sino el heredero de una escuela de inteligencia —la de Serrano y Óscar Naranjo— que alcanzó su mayor poder político durante el gobierno de Santos. Aunque Vargas mismo quedó por fuera de la nueva cúpula, la línea de mando que encabezó regresó al poder a través del subalterno que él mismo escogió para dirigir la Dipol.
El caso tomó un giro adicional cuando funcionarios de la Administración Biden y el entonces embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, reconocieron que Estados Unidos había financiado la compra como parte de una misión antinarcóticos. Según esa versión, los recursos salieron de Washington, el control operativo no habría quedado únicamente en manos colombianas, y el uso del software en el país se habría extendido a 2021 y 2022. Los vuelos procedentes de Tel Aviv habrían aterrizado en el hangar de la Policía Antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado. El software, sin embargo, no ha aparecido hasta ahora en los inventarios que la Policía ha puesto a disposición de las autoridades.
Lo que sí figura documentado bajo el mando de Mujica en la Dipol, en ese mismo junio de 2021, es otro contrato de la dirección de inteligencia: la Unión Temporal Phoenix 027-2021 —conformada por la firma NewSat SAS y la española Mollitiam Industries— se adjudicó más de 4.291 millones de pesos por el suministro de servidores, switches y un software de inteligencia de fuentes abiertas.
En el Congreso, el representante Alejandro Toro radicó una denuncia penal contra el exministro de Defensa Diego Molano, el general Vargas y el propio Mujica, por presunto lavado de activos, celebración indebida de contratos y acceso abusivo a sistema informático —la tríada que estuvo al frente de la seguridad del Estado en el momento de la compra reportada.
Toro también solicitó a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional certificar si los recursos usados para la operación efectivamente ingresaron al país por canales oficiales de cooperación con Estados Unidos. La Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación sobre el origen del efectivo, los vuelos entre Bogotá y Tel Aviv, y la contraparte colombiana exacta del acuerdo con NSO Group. Mientras esa indagación sigue su curso sin que ninguno de los generales involucrados haya rendido declaración de fondo, el oficial que dirigía la inteligencia policial cuando se reportó el pago por Pegasus regresó, casi dos años después de su salida, al segundo cargo de mando de la Policía Nacional de Colombia y bajo la egida del General Jorge Luis Vargas quien estuvo investigado por el secuestro del ecuatoriano Fernando Balda en Colombia para ser entregado al gobierno de Rafael Correa. Abelardo De La Espriella fue el abogado de Balda.
Documentos: El duro de la inteligencia en Colombia salpicado en el caso de Fernando Balda
