Fuentes de El Expediente conocedoras del proceso de conformación de equipos del gobierno de Abelardo de la Espriella confirmaron a este medio que la Presidencia de la República remitió una directriz a ministerios y entidades del orden nacional, solicitando el envío de las hojas de vida de las personas que se vinculen al nuevo gobierno para que surtan un filtro adicional a cargo de Joaquín Gutiérrez, jefe de la campaña presidencial de De la Espriella y hoy uno de los hombres más cercanos al mandatario.
El dato más llamativo de esta instrucción es que Gutiérrez, hasta el momento, no ocupa ningún cargo público dentro del gobierno nacional. Su nombre ha sonado con fuerza en las últimas semanas como el candidato que la Presidencia respalda para asumir la presidencia de Ecopetrol, tras haber sido presentado formalmente ante la Unión Sindical Obrera por el propio De la Espriella, pero ese nombramiento aún no se ha formalizado: falta el trámite ante la Junta Directiva de la petrolera y el acompañamiento de la firma cazatalentos que exige el gobierno corporativo de la compañía. Es decir, mientras se define su llegada a Ecopetrol, Gutiérrez ya estaría ejerciendo, según las fuentes consultadas, una función de facto de altísima sensibilidad dentro del engranaje completo del Estado.
Según explicaron las fuentes a este medio, la decisión respondería a la creciente molestia dentro del propio gobierno por lo que se percibe como una ola de funcionarios cercanos a la administración saliente de Gustavo Petro que estarían encontrando la manera de mantenerse vinculados al aparato estatal pese al cambio de gobierno. Ante esa preocupación, la solución que se habría adoptado fue centralizar en Gutiérrez la capacidad de dar el visto bueno —o vetar— los equipos de trabajo que ministros y directores de entidades pretendan contratar, en momentos en que el gobierno busca mostrar resultados concretos durante sus primeros 100 días.
La medida no ha estado exenta de críticas dentro del propio gobierno. Fuentes consultadas por El Expediente señalan que, entre el reducido círculo de funcionarios que conocen de esta instrucción, existe incomodidad genuina frente al hecho de que una persona sin ningún cargo público formal termine teniendo la última palabra sobre a quién pueden o no contratar los responsables legales de cada cartera y entidad.
No hay claridad, según las mismas fuentes, sobre si esta revisión se extiende también a funcionarios que ya fueron formalmente designados. Dentro de los nombres que generan debate en ese sentido está el de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, cuya cercanía con sectores críticos de De La Espriella y su entorno como el activista y contratista Daniel Coronell, el expresidente Petro, Noticias Uno y la dictadura cubana, ha generado amplio rechazo dentro de los electores del Presidente.
También se menciona el caso de la gerente de RTVC, Ángela María Mora, quien antes de su designación actual fue durante cerca de cinco años funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz —la misma entidad que el propio De la Espriella calificó durante la campaña como un «antro» y un «directorio político».
