Por: El Expediente
El cultivo de cannabis con fines medicinales, y el cultivo de coca dentro de programas oficiales de sustitución de cultivos ilícitos, son actividades que la legislación colombiana permite, pero únicamente bajo licencias estrictamente controladas y sujetas a verificación técnica constante. Esa exigencia de control riguroso no es un formalismo burocrático más: se trata de sustancias altamente sensibles, donde la línea que separa un cultivo legal, plenamente supervisado y trazable, de uno que termina alimentando directamente el mercado ilegal de narcóticos, depende enteramente de que el Estado verifique en el terreno, de manera presencial y periódica, que lo autorizado sobre el papel corresponde exactamente con lo que ocurre en la realidad física del cultivo.
Es precisamente esa verificación en terreno la que, según documenta con claridad el Libro de la Verdad, dejó de realizarse de manera sistemática durante buena parte del gobierno de Gustavo Petro. El Equipo Élite Anticorrupción identificó, durante los últimos 24 meses completos del gobierno saliente, un patrón sostenido de expedición masiva de licencias de cultivo de cannabis y de derivados de coca, otorgadas mediante un trámite excepcional conocido internamente como Licencias Express.
Estas autorizaciones, tal como su nombre sugiere de manera bastante directa, se concedieron sin las visitas de inspección técnica en terreno que normalmente exige este tipo de licencia sensible, y sin los protocolos de seguridad física que deberían acompañar, como condición previa, la autorización estatal para cultivar sustancias que la ley clasifica como controladas precisamente por su potencial de desvío hacia usos ilegales.
La ausencia de esa verificación presencial en campo no es un simple atajo administrativo menor, del tipo que se justifica por eficiencia operativa: abre, de manera directa y comprobable, la puerta a que sustancias controladas terminen desviándose hacia el mercado ilegal de narcóticos, precisamente porque ningún funcionario del Estado confirmó con sus propios ojos, en el lugar exacto del cultivo, qué se estaba cultivando realmente, en qué cantidad concreta, y bajo qué condiciones de seguridad física efectivas. Un cultivo autorizado únicamente sobre el papel, sin ninguna verificación real en el terreno, puede convertirse en prácticamente cualquier cosa una vez que el Estado deja de mirar de cerca lo que ocurre.
El Libro de la Verdad es explícito y directo sobre las consecuencias en cadena de este patrón identificado: cuando el Estado colombiano autoriza cultivos de sustancias controladas sin verificarlos efectivamente en el territorio donde se supone que están sembrados, pierde por completo la capacidad de garantizar que esas sustancias se usen exclusivamente para los fines legales que originalmente justificaron la licencia. Esto alimenta de manera directa las mismas economías criminales que el propio gobierno decía combatir como prioridad de su política de drogas, pone en riesgo físico a las comunidades que viven en cercanía de estos cultivos, y debilita de forma general la política de lucha contra el narcotráfico que el país sostiene con importantes recursos públicos —fomentando, en la práctica cotidiana, el microtráfico y la violencia asociada en barrios y ciudades que en muchos casos están geográficamente muy alejados de donde se otorgaron originalmente estas licencias sin control.
El informe resume el hallazgo completo con una conclusión que resulta difícil de matizar o suavizar: un gobierno que optó, de manera sistemática durante dos años completos, por priorizar la velocidad administrativa por encima del control territorial efectivo, en una materia tan sensible y de tanto riesgo como la producción autorizada de sustancias controladas, dejó al país entero expuesto a un riesgo estructural que el nuevo gobierno tendrá ahora que evaluar caso por caso, y corregir con la urgencia que la magnitud del problema exige.
La pregunta que este hallazgo deja abierta, y que probablemente exigirá una investigación de seguimiento independiente, es cuántas de esas licencias específicas, expedidas bajo este trámite excepcional sin que ningún funcionario del Estado pisara jamás el terreno del cultivo autorizado, terminaron efectivamente alimentando el mismo mercado ilegal de narcóticos que la política oficial de drogas del país dice combatir como una de sus prioridades centrales.
