Por: El Expediente
Cuando el Estado colombiano incauta bienes a organizaciones criminales, esos activos no desaparecen ni quedan congelados indefinidamente: pasan a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad encargada de administrarlos mientras se define su destino final, ya sea la extinción de dominio definitiva a favor del Estado o, en algunos casos, su devolución. Es un mecanismo diseñado, en su espíritu, para golpear directamente el patrimonio del crimen organizado: quitarle a las estructuras criminales los bienes que acumularon con dinero ilícito, y ponerlos a producir para el Estado o para la sociedad mientras se resuelve su situación jurídica definitiva.
Por eso resulta especialmente grave lo que el Equipo Élite Anticorrupción encontró al revisar, durante el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, las operaciones de C.I. MEPRECOL S.A.S., una comercializadora de oro que operaba precisamente bajo la administración de bienes del FRISCO, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado —el fondo que agrupa buena parte de los activos incautados en el país—.
El hallazgo documentado en el Libro de la Verdad describe un patrón de irregularidades que, tratándose de una empresa bajo administración directa del Estado, resulta particularmente inquietante. Primero, retiros en efectivo dentro de las operaciones de la comercializadora sin una justificación clara que explicara su destino. Segundo, deudas pendientes con la DIAN, la autoridad tributaria del país, que no habían sido resueltas pese a que la empresa operaba bajo supervisión estatal directa —es decir, el propio Estado, como administrador temporal de la empresa, permitió que se acumularan obligaciones tributarias sin pagar—. Y tercero, quizás el hallazgo más revelador: vínculos documentados con una cooperativa que a su vez se encuentra bajo un proceso de extinción de dominio, es decir, una empresa administrada por el Estado que mantenía relaciones comerciales con otra entidad que el propio Estado ya identificó como parte de estructuras patrimoniales de origen presuntamente ilícito.
El sector del oro en Colombia es, desde hace años, uno de los más señalados por organismos nacionales e internacionales por su vulnerabilidad estructural al lavado de activos. La trazabilidad del mineral —poder confirmar con certeza dónde se extrajo, quién lo extrajo, y bajo qué condiciones legales— es notoriamente difícil de verificar en la práctica, lo que abre espacios permanentes para que recursos de origen ilegal se mezclen, casi sin dejar rastro, con operaciones que en apariencia son perfectamente legítimas. El oro, a diferencia del dinero en efectivo o de otros activos más fáciles de rastrear, tiene la particularidad de que, una vez fundido y comercializado, pierde buena parte de la trazabilidad de su origen específico.
Que sea precisamente una empresa bajo la administración directa del Estado colombiano la que presente este tipo de irregularidades no es un dato menor ni anecdótico: sugiere que ni siquiera la intervención estatal formal de un activo previamente incautado garantiza, por sí sola, que las operaciones posteriores se manejen con la transparencia y el rigor que la ley exige. Si el propio mecanismo diseñado para limpiar y poner a producir legalmente estos activos termina replicando algunas de las mismas fallas de opacidad de las estructuras de las que fueron originalmente incautados, el problema deja de ser solamente sobre esta empresa en particular. El caso plantea, entonces, una pregunta que trasciende a MEPRECOL: si el mecanismo pensado precisamente para neutralizar el patrimonio ilícito puede terminar operando con fallas similares a las que caracterizan a las organizaciones de las que esos bienes fueron incautados, ¿qué tan efectivo es realmente, en la práctica cotidiana, el sistema de control que debería vigilar minuciosamente qué pasa con esos activos mientras permanecen bajo custodia y administración del Estado? Es una pregunta que trasciende el sector del oro, y que probablemente el nuevo gobierno tendrá que hacerse sobre el conjunto completo de bienes que hoy administra la Sociedad de Activos Especiales en todo el país
