Por: Gustavo Rugeles, El Expediente
Las dos entregas anteriores de este especial documentaron que el contrato para capacitar a los futuros jueces de Colombia terminó en manos de una empresa sin acreditación universitaria y que el examen que eliminó a aproximadamente 1.000 aspirantes fue construido por personas que las instituciones no han podido identificar. Esta tercera entrega revela el siguiente eslabón: los recursos que esos aspirantes interpusieron para defenderse fueron resueltos con inteligencia artificial generativa, y en varios de esos actos administrativos quedaron visibles los fragmentos de instrucción con los que se operó la herramienta.
Cuando aproximadamente 1.000 aspirantes excluidos del IX Curso de Formación Judicial interpusieron sus recursos de reposición ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, esperaban una respuesta motivada: un funcionario que leyera sus argumentos, analizara las preguntas cuestionadas y explicara, con fundamento jurídico y técnico, por qué su exclusión era válida o no. Lo que recibieron fue distinto.
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió más de 500 de esos recursos con inteligencia artificial generativa. En varios de los actos administrativos resultantes quedaron visibles fragmentos de los prompts, las instrucciones escritas con las que se opera ese tipo de herramienta, antes de que el texto de la respuesta apareciera. Los aspirantes que recibieron esas resoluciones pudieron leer, dentro del documento oficial que decidía sobre su exclusión de un concurso público, las instrucciones que alguien había escrito para que una máquina redactara la respuesta.
Un acto administrativo en Colombia es una decisión formal del Estado. Tiene autor, tiene motivación y produce efectos jurídicos sobre quienes va dirigido. En este caso, el autor real de cientos de esas decisiones fue un sistema de inteligencia artificial que nadie en las instituciones involucradas ha identificado públicamente, operado por personas cuya identidad tampoco consta en los registros disponibles.
El uso de la inteligencia artificial en este proceso no comenzó con los recursos. Los dictámenes periciales aportados por los aspirantes en sus demandas describen el mismo patrón en la construcción de las preguntas del examen: fragmentos de texto extraídos de distintos párrafos de los materiales del curso y ensamblados sin coherencia, enunciados que pierden sentido a mitad de la pregunta, opciones de respuesta construidas con sinónimos del término exacto usado por un autor en su texto original. Es el resultado típico de una herramienta que procesa y reorganiza texto sin comprenderlo.
En la ejecución del contrato principal que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla suscribió con la Unión Temporal Formación Judicial 2019, esta última firmó con ETRAINING SAS un subcontrato por valor de 1.932 millones de pesos para realizar las evaluaciones del proceso mediante inteligencia artificial. Ese subcontrato fue suscrito de manera irregular por Felipe Wilson Martínez, representante de la Unión Temporal y empleado simultáneo de la misma ETRAINING SAS, sin autorización previa del Consejo Superior de la Judicatura y en violación de la cláusula 19 del contrato principal.
ETRAINING SAS se encontraba en proceso de reorganización empresarial desde antes de recibir ese encargo. La repetición de esta conducta a lo largo de toda la ejecución evidencia que en la práctica el contrato que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla había adjudicado fue cedido en su totalidad a una empresa que la Rama Judicial nunca contrató directamente, sin que la entidad pública lo autorizara ni lo advirtiera. Lo que ese subcontrato de 1.932 millones compró fue la delegación en una empresa privada sin acreditación universitaria de la potestad de diseñar y evaluar a los futuros jueces de Colombia.
La Entrega II de esta investigación documentó que los formadores del curso, los profesionales contratados para impartir la capacitación jurídica, reconocieron en respuesta a un derecho de petición que no participaron en la construcción ni en la validación de las preguntas del examen. Lo que esta entrega agrega es que tampoco participaron en la revisión de los recursos. El proceso por el que un aspirante era excluido y luego veía rechazada su apelación transcurrió, en una parte significativa de los casos, sin intervención real de un experto en derecho que leyera, analizara y decidiera.
El 3 de febrero de 2026, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-008 de 2026, que estudió ocho tutelas presentadas por 60 aspirantes excluidos. Uno de los argumentos centrales de esas tutelas era precisamente el uso de inteligencia artificial generativa en la resolución de sus recursos. La Corte reconoció que se trataba de una práctica novedosa con posible incidencia en derechos fundamentales. No analizó el fondo. Estableció que esa circunstancia no habilita de forma automática la intervención del juez de tutela y remitió el análisis al juez contencioso administrativo.
Ese juez contencioso administrativo, en los procesos activos, lleva entre 11 y 17 meses sin resolver las medidas cautelares solicitadas.El precedente que dejó la Sentencia T-008 es este: en Colombia, una entidad pública puede usar inteligencia artificial generativa para motivar actos administrativos que afectan derechos fundamentales, los prompts de esa herramienta pueden quedar visibles en los documentos oficiales, y el afectado no tiene acceso inmediato a un juez que analice si eso vulneró su debido proceso. Debe esperar el resultado de un proceso ordinario que, en el estado actual de la justicia contencioso administrativa colombiana, puede tardar años.
La ironía del escenario es concreta: los aspirantes excluidos de un concurso para ser jueces están esperando que unos jueces decidan si su exclusión fue legal, en un sistema judicial que funciona en buena parte con jueces provisionales porque el concurso que debía reemplazarlos no ha terminado.
La Convocatoria 27 acumula así tres usos documentados o presumibles de inteligencia artificial sin verificación humana suficiente: el diseño de las preguntas del examen, la calificación de las respuestas y la resolución de los recursos de reposición. En ninguno de los tres casos existe un registro público que identifique qué herramienta se usó, quién la operó, bajo qué parámetros fue configurada y quién revisó sus resultados antes de que produjeran efectos jurídicos sobre los aspirantes.
El Estado colombiano ha gastado aproximadamente 75.000 millones de pesos en siete años en un proceso cuya etapa más decisiva, la que formó y evaluó a los candidatos, fue ejecutada por una empresa sin acreditación universitaria mediante herramientas cuyo funcionamiento interno las instituciones no han explicado y cuyos resultados los propios formadores no validaron.
Colombia tiene hoy más de 2.351 candidatos para llenar alrededor de 3.000 vacantes judiciales. Los jueces que decidan sobre las exclusiones son, en muchos casos, provisionales. El concurso que debía reemplazarlos usó inteligencia artificial para excluir a quienes aspiraban a ocupar esos cargos en propiedad.
El caso de la Convocatoria 27 plantea una pregunta que va más allá del concurso de jueces: qué garantías tiene un ciudadano cuando el Estado reemplaza al funcionario por una máquina. El debido proceso supone que quien decide sobre los derechos de una persona es una entidad competente, integrada por profesionales calificados y verificables. Cuando esa decisión la produce un sistema de inteligencia artificial, esa garantía desaparece en la práctica, porque probar que una resolución fue escrita por una IA y no por un humano es técnicamente difícil y jurídicamente inédito en Colombia.
La única salvaguarda posible es la verificación humana certificada, previa y documentada. En la Convocatoria 27, ni la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ni ninguna de las entidades involucradas han acreditado públicamente los perfiles profesionales de quienes supuestamente construyeron y validaron las preguntas del examen ni quienes revisaron las resoluciones que resolvieron los recursos. Los ciudadanos que aspiraban a ser jueces de la República enfrentaron decisiones que pudieron haber sido producidas por un sistema con riesgos documentados de alucinaciones, sesgos discriminatorios y errores de interpretación, sin que nadie certifique que alguien competente las revisó antes de que produjeran efectos jurídicos sobre sus vidas.
ESPECIAL INVESTIGATIVO | ENTREGA I DE VII – El concurso roto: cómo Colombia lleva siete años sin poder elegir a sus propios jueces
ESPECIAL, ENTREGA II El Estado pagó 75.000 millones para formar jueces, cambió las reglas del examen dos meses antes y eliminó a aprox 1.000 candidatos con preguntas que nadie sabe quién elaboró. Más irregularidades en el Concurso 27
La Entrega IV de esta investigación se concentrará en Klarway: la plataforma que grabó a los aspirantes en sus hogares, recopiló datos biométricos sin justificación legal clara y no conservó los registros completos de los exámenes solicitados como prueba judicial.
