Por: Juan José Gómez
Señores Congresistas: La Constitución Nacional de 1991 que a ustedes y a todos los colombianos nos rige, ha dispuesto en forma tajante que son sus señorías los únicos que pueden investigar y acusar a los funcionarios que gozan de fuero, entre ellos el presidente de la República que lo es actualmente el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego.
Desde hace mucho tiempo atrás, la comisión que ustedes integran se ha vuelto negativamente famosa por la lentitud y en ocasiones la inacción que han demostrado en sus procedimientos, especialmente cuando se trata del jefe de Estado y de Gobierno, al punto que en el habla popular al organismo que conforman lo llaman “la comisión de absoluciones”, lo que sería risible si no resultara trágico en la actualidad, cuando el país nacional, que creemos es la mayoría de la población colombiana, se mantiene en un estado de tensión y de dolorosa ansiedad por los errores, insultos, escándalos, conducta inmoral y en una palabra, indignidad, atribuida al señor Petro en el ejercicio de sus funciones presidenciales.
Esta acusación, que, leyendo páginas, escuchando voces o mirando pantallas de televisión es profusamente divulgada y comentada por los medios de comunicación del hemisferio, no puede ignorarse porque es de amplio conocimiento público nacional e internacional, con toda la carga de dolor patriótico, vergüenza, desprestigio y sensación de inferioridad que tal situación produce, por lo menos en los corazones colombianos que de veras aman a su Patria y que se sienten orgullosos de pertenecer a ella.
Cuando cualquier ciudadano trata de informarse de lo que las instituciones colombianas hacen para contener esta tempestad de ignominia, tras mucho investigar encuentra que desde el 2023 se han presentado denuncias contra el presidente, pero que su comisión, dizque por mayoría de sus integrantes, se las arregla para enredar, retrasar, complicar, reversar y varias denominaciones verbales más, significativas de lo que ha venido a convertirse en una larga, larguísima investigación que no avanza, entre otras razones, según rumores callejeros, porque existe un elemento paralizante que, al decir de los mismos los rumores populacheros dizque se llama mermelada.
Pues bien, señores Congresistas, llegó la hora de las definiciones y de las precisiones. El mismo señor Petro Urrego en sus presentaciones televisivas se muestra como un enfermo, a juzgar por sus palabras, por sus movimientos, por su aspecto. Cualquiera lo puede confundir con un beodo o con un adicto perturbado por las drogas. Hace cosas tan demenciales como proclamar que hará una consulta popular que el Senado de la República en ejercicio de su derecho y en cumplimiento de la Constitución desautoriza, con lo cual de un tajo anuncia un golpe de estado y una violación a la separación de poderes establecida por nuestra Carta Magna.
De igual manera insulta y amenaza a los congresistas que no siguen sus órdenes. A los funcionarios públicos de elección popular que rigen departamentos y municipios y que se oponen a sus ínfulas de emperador. A los banqueros, industriales y comerciantes que son los proveedores de empleo para quienes trabajan en el sector privado. En síntesis: a todos los millones de colombianos y colombianas que no votamos por él y que desaprobamos sus palabras, sus acciones y sus pretensiones. Para emplear un término religioso, ha llegado el Apocalipsis.
Quedan ustedes, entonces, de acuerdo con la Ética republicana, con la Constitución Nacional y leyes de la República y con el expreso deseo de una parte mayoritaria del pueblo colombiano, como responsables de darle una definitiva y rápida solución a este gravísimo problema que, si persisten en su lentitud o inacción bien sea por lealtades personales, partidistas o utilitarias, se puede convertir en una tragedia fatal para la Libertad y el Orden en que se sustenta la democracia colombiana, la misma que los hará merecedores del la acción penal y del rechazo y el desprecio del electorado, porque habrán traicionado a Colombia.
