Por: José Félix Lafaurie Rivera
¿Qué es lo que no va bien? No es la economía ni el desempleo y tampoco la pobreza, que disminuyó. Lo que no va bien son las dinámicas de violencia en las regiones, que empeoran y se atraviesan a la paz.
Son impresionantes las imágenes del ataque terrorista en Tibú por parte del ELN, el video de la explosión, los cuerpos de policías a borde de carretera y el de una inocente mujer; cuando el país no se recuperaba de los cuatro menores asesinados por el “Estado Mayor Central de las Farc” (EMC), para Iván Mordisco “ajusticiados” por querer desertar y, además, reclutados de “manera voluntaria”.
Estas líneas no alcanzan para retratar la violencia que azota a los territorios, donde solo el EMC, en lo corrido del año, suma 226 acciones violentas y, aun así, acusa al Gobierno de incumplir el cese al fuego y reitera con cinismo su compromiso por la paz.
Pero hay más. Los registros de las Fuerzas Militares dan cuenta de 148 acciones violentas del ELN y 91 de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin contar el caos criminal del microtráfico en las ciudades.
¿Por qué esto no va bien? El antecedente es la paz de Santos, que se prometió “estable y duradera” y, sencillamente, nunca fue. El Acuerdo con las Farc violentó la democracia, dividió el país entre amigos y enemigos de la paz, desarmó a medias, contó verdades a medias, no reparó a las víctimas, consagró la impunidad y nos dejó las disidencias, la neutralización de la lucha contra el narcotráfico y 300.000 hectáreas de coca.
Una vez más, en nuestra larga historia de violencia, lo importante: la construcción colectiva de la paz como valor supremo, es desplazado por lo urgente: la protección de los ciudadanos, la seguridad como derecho esencial, sin la que emprender es una aventura, expresarse es un riesgo y vivir se torna peligroso. Sí, la seguridad como condición y a la vez resultado de la paz verdadera.
No obstante, en una sociedad que convirtió en norma la indisciplina social y refundió el principio de autoridad, el mandato constitucional de la Fuerza Pública de proteger a la población a partir del uso legítimo de la fuerza se torna imposible y es delegado en guardias indígenas, cimarronas y campesinas, cuando no copado por una violencia multiforme, o suplantado por la dominación de los grupos ilegales en los territorios.
En medio de este escenario, las negociaciones con el ELN, a pesar de sus dificultades, se erigen como el único proceso que muestra avances y tiene oportunidades. ¿De qué? De generar acciones transformadoras en los territorios, derivadas de los acuerdos de la Mesa, y de mandar mensajes positivos al país en medio de la desesperanza.
Para que “esto vaya mejor”, hago votos porque logremos un acuerdo posible de cese al fuego y hostilidades al término del actual ciclo de La Habana. No será fácil, pero la tranquilidad de quienes hoy sufren la violencia bien merece el esfuerzo.
