Por: Germán Valencia Castro
Es tan evidente que el presidente Gustavo Petro tiene la tendencia de dominar, avasallar y controlar al poder judicial en todo lo que respecta a su estructura constitucional y en la separación de poderes.
Su descaro es tan así, que sus declaraciones al país llenas de veneno, han sido un acumulado de discursos y palabrería mesiánica que lo que busca es una reforma legal para atacar a los entes fiscales y a los jueces de la república.
Desde la campaña, de manera meticulosa señaló que afectaría la independencia del poder judicial con reformas para fortalecer su programa de gobierno. Ha sido tan evidente su sofisma de distracción y su humo mediático para liberar criminales capturados y procesados por terrorismo, que ha fabricado su discurso mitómano sobre niños revolucionarios, la voz del pueblo, la voz del derecho humano sobreviviente, sin sonrojarse.
No, es terrorismo puro, sicariato urbano, anarquismo absoluto, en una expresión mediática, tóxica que irrumpió en la estabilidad social, cultural y moral del país.
El País afortunadamente ha contado con un ente fiscal firme, con jueces de la República que hasta ahora han sido ecuánimes y coherentes en su menester, qué poniendo por encima la jurisprudencia, no han permitido los caprichos inútiles, subversivos y peligrosos del presidente Gustavo Petro, de liberar criminales, algo que solo puede nacer de una mente subversiva y perturbada.
Sí, nos encontramos ante un hecho prodemocrático, de sectores de ultraizquierda y atrincherados en instituciones que están intentando frenar la institucionalidad democrática. Están desnivelando con corrupción no solo en Colombia, sino en Latinoamérica el aparato de justicia por el del fétido gobierno de la izquierda, qué incluso su homólogo en Chile, Gabriel Boric, hace lo mismo, liberando a guerrilleros que han sido acusados de terrorismo sangriento y determinadores de crímenes de lesa humanidad.
Sin duda el gobierno Petro ha tenido desaciertos día tras día por no llamarlo pésimo, pero está absurda idea de liberar a criminales de lesa humanidad y darle beneficios a los grandes narcotraficantes de Colombia, hacen que su gobierno sea una cofradía que no solo golpea al poder judicial, sino que atenta con la Constitución de Colombia.
