Por: T.Coronel Gustavo Roa C
El presidente Petro tiene pendientes compromisos ineludibles con las fuerzas militares y la policía, aun así, no es muy clara la reciente posición del ministro de defensa, el cual debe velar por la adecuada financiación de su cartera, para un correcto funcionamiento y cumplimiento, de las misiones establecidas en la Constitución Nacional.
El ministro, Iván Velázquez, accedió seguramente sin analizar la dimensión de la proyección presupuestal de su ministerio, permitiendo una preocupante poda financiera, solo comparable con la reciente poda de generales y coroneles. Accedió sin vacilación a recortar una suma cercana a los 800 mil millones de pesos, del presupuesto de esa cartera destinado para la vigencia del 2023.
Los que hemos estado vinculados de alguna manera, en forma directa o indirecta, con la ejecución presupuestal de este ministerio, nos preguntamos, cómo es posible qué cuando las estadísticas demuestran que los índices de inseguridad y violencia se han incrementado de manera constante y la opinión pública ha quedado perpleja ante las afirmaciones del presidente Petro y la alcaldesa mayor de Bogotá, declarando a Bogotá como una de las ciudades más segura del mundo, cuando la realidad irrefutable, es que Bogotá y Colombia entera, viven una terrible crisis de seguridad, originando un gran temor e incertidumbre, en los colombianos, no solo en Bogotá sino en todo el país.
Varios planes para la lucha contra los cultivos ilícitos y su erradicación, que desarrolla el ejército y la policía nacional, están desfinanciados y con este recorte, su condición operativa será prácticamente imposible.
Están pendientes, el inicio de planes de mejoramiento de carácter social, en las cuatro fuerzas armadas, prometidas por Petro y las cuales se deben cumplir durante los próximos meses. Por estas razones, causa mucha extrañeza, que el ministerio de defensa ceda recursos del presupuesto de la próxima vigencia y no pueda desarrollar planes de mitigación, por no contar con los recursos suficientes para hacerle frente a las permanentes embestidas delincuenciales.
El ministro de defensa, dentro de la larga lista de sus obligaciones, no solo debe realizar purgas, como las llevadas a cabo hace pocos días, dónde desafortunadamente, y de manera aún incomprensible, fueron retirados del servicio activo, un grupo considerable de oficiales con excelentes hojas de vida y exitosas operaciones en contra de los grupos narcoterroristas.
Recordemos, entonces que el ministro de defensa tiene funciones de administración, dirección, control, verificación y desarrollo de actividades relacionadas con la seguridad y la prevención del delito, mantenimiento del orden público, defensa de la ciudadanía y preservación de la soberanía.
Dentro de estas funciones se enumera la administración, la cual, en su amplio concepto, hace referencia al gerenciamiento del recurso humano de las cuatro fuerzas, ejército, armada, fuerza aérea y policía nacional, con las cuales, Petro se comprometió con una serie de expectativas y promesas de tipo sociales, que son inaplazables.
Recordemos también que el presidente, durante su campaña electoral y posteriormente como presidente electo, renovó los compromisos adquiridos con las fuerzas militares y policía.
Estos consisten en iniciar un mejoramiento de la calidad de vida de los soldados y policías y mejoras en aspectos de tipo social dentro de las instituciones, especialmente en los niveles jerárquicos, que conforman la base del recurso humano de las instituciones.
Petro prometió, en más de una ocasión, mejorar los servicios médicos, infraestructuras de bienestar, capacitación y estabilidad salarial, de los soldados y policías extensivo a sus beneficiarios y familias.
Las anteriores promesas resultaron muy llamativas, dentro de los más de 500 mil integrantes de las fuerzas militares y de policía, pues históricamente, varios gobiernos han mirado con desdén estas necesidades y derechos fundamentales de los militares, dando solo palmaditas en las espaldas, como retribución a los importantes aportes que los militares han hecho a la nación.
En el aspecto salarial, ha sido imposible que gobiernos anteriores den cumplimiento a antiguas sentencias y órdenes judiciales, en el sentido de lograr la nivelación en los salarios dentro de los diferentes grados de los militares, especialmente en el de teniente coronel, hasta llegar al soldado, logrando mejorar sustancialmente los bajos sueldos y bonificaciones de soldados, policías, suboficiales y oficiales subalternos.
En el caso de la sanidad militar, urge que le sean asignados recursos, que permitan cubrir obligaciones de vigencias anteriores y mejorar la cobertura y la infraestructura de servicios médicos a nivel nacional. A pesar de haber demostrado tener un excelente modelo de atención médica, hoy es latente el crecimiento de efectivos, que ha superado la capacidad de la infraestructura instalada.
Con relación a la vivienda militar se requieren inyecciones importantes de recursos económicos, para lograr que las guarniciones militares, tengan la capacidad instalada suficiente, para ofrecer este derecho fundamental en los diversos puntos de la geografía colombiana, donde el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía, disponen de viviendas, pero estas son insuficientes para los integrantes de las unidades acantonadas en los diversos pueblos y ciudades.
La baja cobertura habitacionales, obliga a sus integrantes a contratar domicilios fuera de las instalaciones militares y policiales, generando altos riesgos de seguridad en su integridad y la de sus familias.
En lo relacionado al bienestar, de los integrantes de las fuerzas militares y de policía y sus familias, sería pertinente que se ampliara la cobertura de la actual infraestructura de recreación y descanso, dirigida al bienestar y esparcimiento de los soldados, policías y sus familias, especialmente en estos grados básicos, los cuáles no cuentan con la suficiente capacidad habitacional que les permita acceder a servicios de bienestar de primer orden.
Los aspectos antes relacionados, no solo son promesa de campaña electoral del actual presidente, que ha generado una alta expectativa entre soldados, policías y familias, sino que se debe constituir en un elemento primordial, de carácter social, dentro de su plan de gobierno y objetivos sociales de Petro.
El ministro de defensa, dentro de sus funciones en esta cartera, debe ser un promotor en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y necesidades existentes, permitiendo desarrollar proyectos de bienestar durante estos cuatro años, que faciliten subsanar en parte, las deficiencias identificadas, así mismo debe propender y regular la ejecución de los recursos asignados al ministerio.
Por eso no deja de ser extraño e inexplicable, que el ministro, sea casualmente, el funcionario que estimule este tipo de medidas restrictivas, que afectaran muy seguramente, el desarrollo de planes de mejoramiento, modernización, capacitación y bienestar para los integrantes de las cuatro fuerzas armadas.
La reserva de las fuerzas militares y de la policía, deben convertirse en “observadores adelantados”, en el planeamiento, desarrollo y cumplimiento de estas necesidades y permitir de esta manera, que, una vez reasignados los recursos necesarios, éstos sean comprometidos en la inversión transparente, eficiente y eficaz destinados a dar solución a estos problemas económicos, sociales y sanitarios dentro de las fuerzas militares y la policía.
El cumplimiento de estos compromisos adquiridos por el presidente y su ministro, con las fuerzas, incrementarán su moral y su compromiso con el cumplimiento de la intención del presidente Petro y su proyecto de alcanzar una verdadera y honesta “paz total”.
