Por: Fernando Torres Mejía
Hay cifras que deberían grabarse en la memoria colectiva de un país. En Colombia, esa cifra es 251.854. No es un número caprichoso, es el margen exacto que impidió que este país cayera en manos de quienes, desde el poder, estaban dispuestos a entregarlo a los criminales a cambio de una paz ficticia. Ese margen, tan delgado como un suspiro, fue el único dique que contuvo una avalancha que venía planeada desde las sombras del Palacio de Nariño.
Lo que hoy conoce el país, gracias a las investigaciones periodísticas y a la apertura de indagaciones por parte de la Procuraduría, no es un escándalo más. Es la confirmación de que el gobierno de Gustavo Petro mantenía negociaciones ocultas con los grupos criminales más poderosos de Colombia. No eran diálogos exploratorios ni sondeos de paz, eran acuerdos concretos donde se ofrecía nada menos que el control operativo de la Fuerza Pública.
El auto firmado por el procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez del 25 de junio de 2026 ya tiene en la mira a altos funcionarios como el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el excomisionado de Paz, Danilo Rueda; y los exdirectivos de inteligencia, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía. ¿El motivo? Haber sostenido conversaciones donde se comprometieron a frenar operaciones, reubicar tropas y depurar la inteligencia militar para que los criminales pudieran moverse con absoluta libertad. Esas no eran gestiones de paz, eran instrucciones para desmantelar la capacidad de reacción del Estado.
Los videos y audios revelados por Noticias Caracol, que ahora serán anexados a la denuncia que el senador Wilson Ruiz radicó ante la Corte Penal Internacional, muestran cómo se diseñó un mapa de oficiales que debían ser retirados por ser «un obstáculo» para las negociaciones. Los mismos que persiguen a los criminales eran señalados como el problema, mientras que los cabecillas del Clan del Golfo y el ELN eran tratados como interlocutores válidos.
El general (r) Murillo Díaz ha sido contundente al afirmar que la barrida en la Fuerza Pública no solo buscaba favorecer al Clan del Golfo, sino también al ELN. No hay otra forma de leerlo: se estaba entregando el país a los delincuentes, pieza por pieza, territorio por territorio. La frase «juguemos a los congelados» no es un juego de niños, es la confesión de que se ordenó frenar operaciones, congelar acciones y dejar que los criminales actuaran sin interferencia. Eso no es negociación de paz, eso es capitulación.
No se trata de satanizar la paz, porque Colombia ha tenido procesos que, con todos sus defectos, lograron desmovilizaciones significativas. Pero en aquellos procesos se exigía desarme, verdad y reparación. En este, lo que se ofrecía era impunidad y territorio para que los grupos criminales se reorganizaran, mientras que en la Mesa de La Habana se pedía la entrega de armas; aquí se pedía que los militares se retiraran. Esa es la gran diferencia entre una paz auténtica y una paz de mentiras.
Todo esto ocurrió en secreto, a espaldas del Congreso, de la opinión pública y de la propia institucionalidad. No hubo informes, no hubo rendición de cuentas, no hubo transparencia, fueron negociaciones ocultas diseñadas para que el país no supiera lo que se estaba cocinando en las sombras, y si hoy lo sabemos, es gracias al trabajo periodístico, no a la voluntad del gobierno de ser transparente.
La denuncia ante la Corte Penal Internacional no es un gesto político menor, es un acto de responsabilidad histórica. La comunidad internacional debe saber que en Colombia hubo funcionarios dispuestos a negociar con el crimen organizado desde el poder. Las pruebas son contundentes y ahora estarán en manos de un tribunal que no tiene ataduras locales. No se trata de política, se trata de dignidad nacional.
No podemos perder de vista que esos 251.854 votos fueron el margen que evitó que este proyecto obtuviera el respaldo popular que necesitaba para legitimarse. Pero la delgadez de ese margen debería ser una advertencia permanente, porque no basta con haber ganado por poco, ya que la amenaza no desapareció con el resultado electoral. Las negociaciones ocultas ocurrieron después de las elecciones, con un gobierno instalado y con funcionarios que creyeron que el poder les daba el derecho de negociar en secreto.
La Procuraduría ha dado el primer paso, pero el camino es largo. La justicia colombiana tiene la responsabilidad de no dejar que estos hechos queden en la impunidad y la opinión pública tiene la responsabilidad de no olvidar, de no normalizar, de no dejar que el juego de los congelados se convierta en la regla. Porque Colombia no puede permitirse otro episodio donde la verdad se negocie, donde la justicia se congele y donde el crimen se vista de diplomacia.
Al cerrar esta reflexión, debemos recordar que el destino de un país no se juega solo en las urnas, sino en la capacidad de sus ciudadanos para exigir transparencia y defender la institucionalidad. Esos 251.854 votos no fueron un regalo del destino, fueron el esfuerzo de millones de colombianos que entendieron lo que estaba en juego. Lo que ocurrió en las negociaciones secretas del gobierno Petro no puede repetirse, y no se repetirá si la sociedad mantiene viva la memoria de lo que estuvo a punto de perder. El país despertó a tiempo porque hubo 251.854 votos que salvaron a Colombia.