Por: José Fernando Torres Fernández de Castro
Sumario: Detener las operaciones militares, retirar a los generales y blindar a los cabecillas del Clan del Golfo no fue la ocurrencia solitaria de un comisionado: fue una decisión de Estado que debilitó a las Fuerzas Militares, entregó el territorio y lesionó la democracia.
En el pasado advertí que el debilitamiento de las Fuerzas Militares no era fruto del azar ni de la improvisación, sino una pieza deliberada de una estrategia mayor cuya contrapartida es, inevitablemente, el empoderamiento de los grupos armados ilegales y la pérdida progresiva del control del territorio por parte del Estado. Hoy los hechos, tozudos como son, vinieron a confirmarlo.
Los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol —y reseñados por El Tiempo, Semana y los demás medios del país— muestran al entonces alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sentado en el Urabá antioqueño, el 2 de septiembre de 2022, apenas tres semanas después de la posesión de Gustavo Petro, con alias “Jerónimo”, vocero político del Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia. Lo que allí se pactó no fue una conversación de cortesía: fue cese de bombardeos, “limpieza” y depuración en los organismos de inteligencia, desescalamiento de los operativos —“juguemos a los congelados”, dijo Rueda— y la promesa de revisar el levantamiento de órdenes de captura y de extradición de los cabecillas. Por si fuera poco, el comisionado pidió a la propia organización criminal que le delatara a los uniformados que desobedecieran la orden de frenar las operaciones, asunto que, según sus propias palabras, coordinaría directamente con el ministro de Defensa.
Dos semanas antes de esa reunión, el 12 de agosto de 2022, fueron retirados del servicio más de treinta y cinco generales de las Fuerzas Militares y de la Policía, en el mayor relevo de mandos de la historia reciente, que se llevó por delante a oficiales con décadas de formación y una experiencia difícilmente reemplazable. Tres coroneles vinculados a inteligencia, a la Dijín y a la lucha antinarcóticos —precisamente quienes habían perseguido al Clan del Golfo— apenas duraron una semana en sus cargos antes de ser llamados a calificar servicios. Y durante casi dos años no se produjo un solo bombardeo contra esa estructura. La depuración de la cúpula precedió a la reunión y en ella fue exhibida como prueba de buena voluntad, mientras que el cese de bombardeos y de operaciones, una vez ofrecido, se prolongó por años. Antes y después de aquel encuentro, lo ofrecido y lo cumplido coincidieron punto por punto.
Y aquí radica el corazón del asunto. Un comisionado de paz no retira generales, ni suspende bombardeos ni desescala operativos, ni llama a calificar servicios a los coroneles que persiguen a una organización criminal. Todo eso corresponde, por mandato de la Constitución, al Presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa como su inmediato ejecutor. De manera que pretender que semejantes decisiones se adoptaron a espaldas del Gobierno, sin conocimiento ni consentimiento del ministro y del propio Jefe del Estado, sería, a mi juicio, una notoria ingenuidad. Conviene recordar, además, que la evaluación y el retiro de la cúpula militar se deciden con la participación directa del Ministerio de Defensa, que examina una a una las hojas de servicio de los altos oficiales para resolver quién asciende y quién es llamado a calificar servicios; mal puede entonces alegarse desconocimiento de lo que allí se resolvió.
Los mismos audios lo dicen con claridad: lo que se ofreciera se coordinaría con el ministro.
El resultado de esos compromisos está a la vista de todos y lo paga, como siempre, la población civil. El Clan del Golfo, que rondaba los cuatro mil integrantes en 2022, supera hoy los nueve mil quinientos, y pasó de hacer presencia en cerca de doscientos municipios a casi trescientos. Este grupo armado se fortaleció como nunca antes durante este cuatrienio, mientras el Estado, limitado por las decisiones de sus propias autoridades, perdía el control de regiones enteras. No se trata de una desafortunada coincidencia: es la consecuencia matemática de haber detenido la ofensiva, depurado la inteligencia y desmontado las capacidades que con tanto esfuerzo había construido el país.
Por si alguien creyera que se trata de un desliz del pasado, ya superado, basta recordar que en mayo de este año la propia Oficina del Alto Comisionado para la Paz le solicitó a la Fiscalía suspender 29 órdenes de captura, entre ellas las de los máximos cabecillas del Clan del Golfo requeridos en extradición por los Estados Unidos. La solicitud fue negada. La línea, como se ve, no ha cambiado: es la misma de aquel septiembre de 2022. Lo que comenzó como una conversación reservada en el Urabá se convirtió en política de Estado.
Dirán el excomisionado y el exministro lo que ya han dicho: que aquello fue una fase apenas exploratoria, que no se firmó acuerdo alguno, que la depuración de la cúpula respondió a una evaluación propia y que los bombardeos solo se suspendían ante la presencia de menores. Pero, más allá de los desmentidos, están los hechos: el retiro efectivo de los generales, las operaciones detenidas, los bombardeos suspendidos y un grupo criminal multiplicado. Cuando las palabras de la defensa chocan con la realidad de los hechos, son los hechos los que mandan.
¿Cómo llamar a todo esto? La Constitución Política obliga al Presidente a garantizar los derechos y libertades de los colombianos (artículo 188), a dirigir la fuerza pública y conservar el orden público en todo el territorio, así como a defender la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio (artículo 189), y le asigna a las Fuerzas Militares la finalidad primordial de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (artículo 217). Negociar a escondidas el desmantelamiento de la capacidad operativa del Estado para favorecer a una organización criminal es la negación misma de ese juramento. No sobra recordar que la traición a la patria no es un delito único, sino el conjunto de conductas que el Código Penal agrupa en el Capítulo I del Título XVII (artículos 455 y siguientes), entre ellas el menoscabo de la integridad nacional, en las que lo aquí ocurrido podría llegar a encajar. Que ello configure o no alguno de esos tipos penales lo dirán los jueces; que constituye una traición al país, a sus instituciones y a la confianza de los colombianos, a mi juicio es algo que difícilmente se puede negar.
Estos no son hechos menores que puedan diluirse en el ruido de la coyuntura ni archivarse bajo el manto de la “paz total”. Son, además, una herida profunda a la democracia, esa misma que tantas veces hemos dicho que no se defiende sola. Exigen, cuando menos, el esclarecimiento pleno de la verdad y, mientras la justicia llega, la sanción social de un país que no puede permitirse la indiferencia.
Queda, en fin, una inquietud que no puedo eludir. Los hechos que hoy conocemos ocurrieron en 2022, pero las grabaciones solo salieron a la luz ahora, en una coyuntura particularmente sensible para el país. Es legítimo preguntarse desde cuándo reposaban esos audios en poder de quienes los revelaron y por qué se divulgan apenas ahora y no antes. Si se conocían con anterioridad, ¿por qué no se dieron a conocer cuando los colombianos acudían a las urnas y tenían derecho a sopesar esta información antes de decidir? En un asunto de esta entidad, el cuándo y el cómo de la revelación no son detalles menores, y el país merece una explicación sobre ello.
Este no puede ser un escándalo más de los que el país olvida en una semana. El deber de llegar hasta el fondo compromete a todas las instituciones, sin excepción. Corresponde al Congreso de la República ejercer a fondo el control político y, tratándose de los aforados, activar los mecanismos constitucionales —la Cámara acusa, el Senado juzga y, de haber delito, la Corte Suprema adelanta el juicio penal—; a la Fiscalía General de la Nación, investigar con rigor y diligencia la cadena de decisiones que condujo a debilitar a la fuerza pública en beneficio de una organización criminal; a la Procuraduría y a la Contraloría, deslindar las responsabilidades disciplinarias y fiscales a que haya lugar y a los partidos y a las demás fuerzas políticas, estar a la altura del momento y anteponer el interés de Colombia a cualquier cálculo. Al presidente electo corresponde hacer su mayor esfuerzo para que estos hechos no entren en el olvido.
Cabe recordar que, más allá de la responsabilidad penal, la Constitución prevé el juicio de indignidad por mala conducta del Presidente de la República, juicio de naturaleza política cuya causal, por lo aquí ocurrido y por otras conductas del actual mandatario, bien podría hallar sustento o verse reafirmado (artículos 174, 175 y 178, entre otros). Un asunto de esta gravedad no puede quedar en la impunidad: la investigación y el juzgamiento deben alcanzar a todos los responsables, sin distingo de jerarquía y sin excluir al propio presidente Petro, pues en una democracia ningún cargo, ni siquiera el más alto, está por encima de la Constitución.
Como escribió Dante en La Divina Comedia, “los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral”. Frente a la traición no caben ni la neutralidad ni el silencio. A los colombianos de bien nos corresponde mirar de frente lo ocurrido, llamarlo por su nombre y no permitir que vuelva a repetirse.