Por: José Félix Lafaurie Rivera
Del sexto ciclo de negociaciones con el ELN llego con percepciones entre agridulces y esperanzadoras. Sobre las primeras, el informe no presentado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación era importante, pero su vocero oficial, la ONU, se inhibió en medio de las interpretaciones del ELN sobre sus compromisos firmados.
Frente al secuestro, el Acuerdo de Cese al Fuego adoptó como marco de referencia el Derecho Internacional Humanitario; entonces, si el DIH proscribe la “toma de rehenes”, el Acuerdo también la proscribe y, por supuesto, obliga al ELN, precisando que todo secuestrado es rehén, ya sea para exigir pago o por razones “políticas”, lo cual incluye a la Fuerza Pública, pues en el DIH para conflictos internos no hay prisioneros de guerra.
El Mecanismo es investigador y notario frente a eventuales incumplimientos -que los hubo-, y garantía para la sociedad, en un proceso que necesita su apoyo, pero además compromete la vocería y el prestigio de la ONU. Como los espacios se llenan, el CERAC publicó su informe, que registra durante el cese 16 presuntas violaciones y cuatro incumplimientos.
Mi segunda percepción fue el ambiente de dificultad en medio de discusiones circulares que obligaron al aplazamiento de la clausura. Pero bueno, la dificultad valoriza los resultados.
Pasemos a las esperanzadoras: al final, hubo resultados. El primero es la prórroga del cese por 180 días, con el compromiso de suspender “retenciones económicas”, que serán objeto de seguimiento por el MMV; empañado por la imposición de dos condiciones: “unilateral y temporal”, pues dejar de secuestrar no es un favor unilateral del ELN a la Mesa o al Gobierno, sino una exigencia del país, y no temporal sino permanente, por ser crimen de lesa humanidad, con o sin cese.
El segundo resultado es el compromiso de no reclutar menores, y su mancha calificar como tales a los menores de 15 años. Aunque así lo establece el DIH, es infame darle un fusil a un adolescente de 16 años; por ello me quedo con la mayoría de edad legal en Colombia y con la Convención de Derechos del Niño sobre su participación en conflictos armados, que la prohíbe para menores de 18 años.
El tercer resultado es el Fondo Multidonante con participación de países acompañantes, garantes o interesados, no para darle dinero al ELN, sino para actividades transformadoras en los territorios, derivadas de acuerdos de la Mesa, con rigurosa vigilancia para que no se desvíe un solo peso.
Ahora bien, 180 días después ha disminuido la violencia del ELN, pero no cesa y la zozobra sigue en los territorios; 180 días después no basta el compromiso de dejar de secuestrar, sino de liberar a los secuestrados. El ELN debe decir cuántos y quiénes son. 180 días después no basta dejar de reclutar menores, sino devolver los reclutados a sus familias.
180 días después…, la paz de Colombia está muy lejos todavía, pero menos que ayer.
