El Ejecutivo encomienda la seguridad a la cúpula que adquirió máximo poder bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y las negociaciones de paz, un sector doctrinario distante de la retórica de ruptura radical defendida en campaña.
La reincorporación de los generales en retiro Jesús Alejandro Barrera Peña, Jaime Norberto Mujica y Ricardo Augusto Alarcón Campos al servicio activo para asumir la máxima jefatura de la Policía Nacional representa mucho más que un relevo institucional bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella; significa la restauración formal de una dinastía de inteligencia que definió la seguridad del país durante las últimas tres décadas.
El Decreto 1210 del 13 de agosto de 2026, al devolverles su antigüedad previa al masivo remezón que los apartó de la fuerza en 2022, conecta un puente directo con la doctrina estratégica que a finales del siglo pasado fundaron los generales Rosso José Serrano y Óscar Naranjo, y que posteriormente consolidó su más aventajado alumno, el general Jorge Luis Vargas Valencia. Esta línea de mando histórica prioriza la filigrana de la investigación judicial, el rastreo financiero y la cooperación transnacional por encima del despliegue masivo de fuerza bruta en el territorio.
El Expediente documentó esta misma línea de mando en junio de 2021, cuando Vargas Valencia dirigía la institución. En esa oportunidad, este medio identificó a ese linaje bajo el mismo nombre que hoy vuelve a ser noticia: el curso de «Los Sabios de la Inteligencia de la Policía Nacional», describiendo al General Jorge Luis Vargas como el heredero directo de la corriente que lidera el general y exvicepresidente Óscar Naranjo.
Los sabios, el tenebroso servicio de inteligencia de la Policía ¿Involucrado en el complot contra Uribe?
En agosto de 2018, El Expediente ya se había referido a «Los Sabios» remontando su origen a Francisco José Naranjo, padre de Óscar Naranjo y director de la Policía durante el gobierno de Julio César Turbay, y trazando una sucesión de más de cinco décadas que pasa por Rosso José Serrano, el propio Óscar Naranjo y Jorge Luis Vargas Valencia. En esa oportunidad, este medio analizó un informe de contrainteligencia de origen reservado, que planteaba preguntas abiertas sobre el uso de las capacidades de inteligencia de la DIPOL con fines de influencia política, entre ellas la eventual participación de esa dependencia en interceptaciones vinculadas a procesos judiciales contra Álvaro Uribe.
Aquel informe dejó constancia de un hecho verificable: el hermano de Óscar Naranjo, Juan David Naranjo Trujillo, fue capturado en Alemania en 2006 por integrar una red transnacional de tráfico de cocaína.
El Expediente revela informe de contrainteligencia sobre supuesto complot criminal contra Álvaro Uribe
Los orígenes de este ADN operativo se remontan a los años noventa, cuando Rosso José Serrano en la comandancia operativa y Óscar Naranjo en el diseño de la inteligencia técnica articularon el desmantelamiento de los carteles de Medellín y Cali. Aquella escuela, fundamentada en la infiltración y el intercambio confidencial de datos con agencias como la DEA y la CIA, encontró un relevo generacional y familiar en Jorge Luis Vargas Valencia, hijo de oficial y yerno del propio general Serrano —está casado con Claudia Cristina Serrano Evers, abogada especialista en derecho ambiental e hija del histórico director policial—. Vargas capitalizó ese legado durante el gobierno de Juan Manuel Santos al frente de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), convirtiéndose en el hombre de confianza del entonces presidente Santos en asuntos de inteligencia.
El peso político de esta línea de mando no se limita al ámbito policial. Óscar Naranjo, cabeza histórica de la doctrina, llegó a ocupar la Vicepresidencia de la República entre 2017 y 2018, en el propio gobierno de Juan Manuel Santos, lo que confirma que el linaje que hoy retoma el control de la Policía Nacional no solo construyó su historia en el terreno operativo, sino que alcanzó las más altas esferas del poder político durante la administración que De La Espriella cuestionó abiertamente en campaña.
Al entregar las llaves del mando operativo a los herederos de Serrano, Naranjo y Vargas Valencia, el Ejecutivo acude precisamente a los arquitectos institucionales que garantizaron la viabilidad de la transición hacia el postconflicto y que alcanzaron su mayor influencia bajo directrices políticas de centro-moderado, una corriente ideológica diametralmente opuesta a las promesas electorales de mano firme y refundación institucional que caracterizaron el discurso de campaña de De La Espriella.
Fue justamente en ese ecosistema técnico y de diplomacia policial donde los tres oficiales que hoy retoman el control institucional alcanzaron su madurez estratégica y conformaron el corazón del engranaje operativo nacional. El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, hoy Director General, custodió los secretos de la nación desde la jefatura de la DIPOL, además de haber dirigido la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural; el hoy subdirector, mayor general Jaime Norberto Mujica, dirigió la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL). Su cercanía con Jorge Luis Vargas Valencia lo mantuvo, durante buena parte del gobierno de Iván Duque, en cargos alejados del centro de inteligencia: al frente del Inpec y del Comando de la Región de Policía No. 2, según fuentes conocedoras de la institución consultadas por El Expediente.
Solo cuando Vargas asumió la Dirección General de la Policía, en diciembre de 2020, lo nombró de inmediato director de la DIPOL, cargo desde el cual Mujica participó en las operaciones de inteligencia que contribuyeron a la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; mientras que el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, actual Jefe Nacional del Servicio de Policía, comandó la Dirección Antinarcóticos tras asegurar la seguridad urbana en capitales del Caribe.
Esta tríada operó de forma sincronizada hasta agosto de 2022, cuando la llegada de la administración de Gustavo Petro forzó un cambio drástico de doctrina que provocó su salida en bloque, abriendo un paréntesis de cuatro años en sus carreras.
La firma del reciente decreto presidencial cierra ese paréntesis y devuelve las riendas de la institución a los hombres de confianza de Vargas, Serrano y Naranjo. El mismo decreto trasladó al general saliente William Oswaldo Rincón Zambrano a la Dirección de Talento Humano como personal agregado, junto con el mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros y el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, quienes ocupaban hasta ahora la Subdirección General y la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, respectivamente.
Mayor General (r) Jesús Alejandro Barrera Peña (Director General): Con 55 años y más de tres décadas de carrera, se formó en las entrañas de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), unidad que lideró bajo la dirección general de Jorge Luis Vargas Valencia, y previamente dirigió la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Es reconocido internacionalmente por agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa como un estratega técnico en la infiltración de redes transnacionales y recolección de información en tiempo real. Su ascenso representa el regreso de la escuela analítica al mando de la institución.
Mayor General (r) Jaime Norberto Mujica (Subdirector General): Antiguo director de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), el núcleo estratégico de la institución, y exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Coordinó los principales procesos de extradición e interdicción judicial durante los años de consolidación operativa post-acuerdo de paz. Oriundo de Barranquilla, su designación sitúa a un experto en inteligencia en el segundo cargo más importante de la fuerza, cuya base operativa se trasladará precisamente a su ciudad natal.
Mayor General (r) Ricardo Augusto Alarcón Campos (Jefe Nacional del Servicio de Policía): Con amplia trayectoria en la seguridad urbana y rural, ejerció como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y posteriormente asumió la Dirección Antinarcóticos (DIRAN). Su experiencia conecta el control territorial y la seguridad ciudadana con las directrices de alta inteligencia y la lucha contra los flujos de exportación de narcóticos en los puertos del país.