Por: El Expediente
La Fiscalía acusa al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, de haber montado desde junio de 2023 una empresa criminal para comprar votos a 100.000 pesos y de haber intentado comprar el silencio de quienes lo denunciaron. El Expediente revela en primicia los dos escritos de acusación, el del 19 de diciembre de 2024 y una adición del 16 de julio de 2025. Sus 70 páginas describen la operación con una precisión que no deja nada a la imaginación: roles asignados, listas de votantes, un precio por ficho y direcciones donde se pagaba.
Ver escritos de acusación:
Vásquez Gómez, nacido en 1990, gobierna desde enero de 2024 la capital petrolera de Santander. Llegó a la alcaldía en 2023, tras varios intentos, con un movimiento de firmas que respaldó el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Es el esposo de Laura Cristina Ahumada García, aspirante al Congreso por el Pacto Histórico, y por participar en los actos de campaña de ella, entre otros, la Procuraduría lo suspendió provisionalmente tres meses en octubre de 2025. El 30 de mayo de 2026, el medio regional Metropolitano publicó, con base en dos contratistas que hablaron bajo reserva, que desde la alcaldía se ordenó respaldar a Ahumada y la campaña presidencial de Iván Cepeda, y que a los contratistas se les exigió llevar al menos 30 personas para conservar sus contratos. Ese reporte es ajeno a los escritos de acusación, que cubren las elecciones locales de 2023.
Los cargos son concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, constreñimiento al sufragante y soborno a testigos. El alcalde responde por los cuatro. Maycol Brando Vásquez Gómez, de los mismos apellidos, y Ariel de Jesús Zambrano González, entonces candidato al Concejo, responden por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Lo que sigue es lo que la Fiscalía les imputa.
El reparto de funciones, según el escrito, era claro. Vásquez Gómez ponía el dinero, dirigía y coordinaba a los demás, asistía a las reuniones con los votantes y, una vez posesionado, debía pagar con cargos en la alcaldía, el Concejo, la Personería y las empresas del municipio. Los votos se pagaban dos veces: con efectivo antes de la elección y con puestos después.
La maquinaria funcionaba así. Los líderes de cada candidato armaban listas con nombre, cédula y teléfono de quienes cobrarían. Un call center llamaba a esas personas fingiendo ser una encuestadora y les preguntaba por quién iban a votar. Quien respondía lo esperado quedaba habilitado para recibir el pago. Para asegurar que votaran, la organización inventó fichos de cartón: el azul valía uno y se llamaba «agua 1»; el morado valía dos y se presentaba como «refrigerio»; el verde valía cuatro, eran los 100.000 pesos, y se llamaba «agua 4» o «incentivo». El nombre servía de disfraz. El «día D», el 29 de octubre de 2023, el dinero se entregaba en inmuebles arrendados cerca de los puestos de votación, las «casas amigas», de las que el escrito enumera una quincena de direcciones. Allí se estampaba un sello de dos «E» enfrentadas para marcar a quien ya había cobrado y evitar que cobrara dos veces el mismo voto.
El dinero no era lo único que se ofrecía. La Fiscalía afirma que se prometió material de construcción a una mujer a cambio de arreglar su casa y prestarla como «casa amiga», que se ofreció pagar los estudios de cinco personas para que se graduaran de bachilleres a cambio de votar por el alcalde y por un candidato al Concejo, y que se prometió mantener un contrato con la administración a una mujer que además debía conseguir votantes. En el asentamiento Villa María, según el escrito, se amenazó a los habitantes con sacarlos del predio si no votaban por el alcalde y por otro candidato, se les exigió fotografiar el tarjetón marcado y el certificado electoral y, hacia el 17 de octubre, el propio alcalde fue a prometerles la legalización del lote.
Después de la compra de votos, la compra de testigos. La adición de 2025 mantiene el cargo de soborno. El 29 de mayo de 2024, en el barrio Palmira, se acordó ofrecer a un testigo 10 millones de pesos en efectivo, más 2 millones mensuales o un contrato en la Personería, a cambio de que entregara las pruebas que había dado a la Fiscalía y no volviera a declarar. A otro testigo, que había publicado videos con denuncias, le ofrecieron 150.000 pesos por Nequi y contratos en la Secretaría de Seguridad, entre el 11 y el 22 de octubre, para que se retractara. El Expediente no publica los nombres de testigos ni de votantes.
La Fiscalía llega con un volumen de pruebas considerable. Relaciona más de cien testigos. Aporta fichos verdes entregados por testigos y sometidos a cadena de custodia, certificados electorales fotografiados, audios, videos y pantallazos de grupos de WhatsApp, entre ellos uno llamado «Grupo campaña elecciones 2023». Incluye la extracción de teléfonos celulares de enero de 2025, con informes de laboratorio del 5 de febrero. Un informe de policía judicial del 5 de noviembre de 2024 pidió los contratos que el municipio firmó con personas ligadas a la campaña: su gerente, descrito como tío del alcalde, la jefe de prensa y dos periodistas de la campaña. Otro, del 12 de noviembre, documenta una inspección en la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema para obtener las declaraciones de Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, en las que mencione al alcalde.
La acusación sale a la luz el mismo día en que el presidente Abelardo De La Espriella llevó personalmente a la Fiscalía otra denuncia contra la alcaldía: 119.000 millones de pesos de regalías trasladados al Fondo Mixto Foncolombia y adjudicados en siete procesos que no se publicaron en el Secop II, seis de ellos con un solo oferente. Es un asunto distinto del que cubren estos escritos, que corresponde a la elección de 2023. Los une la tesis de la Fiscalía: los votos se pagaban con dinero antes del 29 de octubre y con puestos después. Setenta páginas dicen cómo, según el ente acusador, se compró la alcaldía de Barrancabermeja.
