Diana Patricia Ríos, señalada por la SIC en el caso de los carros blancos e investigada por la Procuraduría, fue nombrada en la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia

Por: El Expediente

El 1 de septiembre de 2026, el ministro de Justicia, Iván Cancino, firmó la Resolución 1642 que nombró a Diana Patricia Ríos García en la Dirección Jurídica del Ministerio. El cargo es de director técnico, código 0100, grado 22, de libre nombramiento y remoción. En 2021, Noticias Caracol reveló unos chats que, según la Superintendencia de Industria y Comercio, la mostraban entregando información de un proceso de contratación a Fernando Suárez González, gerente de la empresa de transporte especial FSG, que ganó el contrato. Entonces Ríos era secretaria general del Departamento Nacional de Planeación, en el gobierno de Iván Duque. Cinco años después, vuelve al Estado en la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia del gobierno de Abelardo De La Espriella.

La resolución de nombramiento es breve. Cita el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 y una certificación del Grupo de Gestión Humana de que la aspirante cumple los requisitos del Manual de Funciones. No menciona consulta de antecedentes de la Procuraduría, la Contraloría o la Policía. Quedó publicada en la página de nombramientos de la entidad.

Los hechos que la persiguen vienen de 2018, cuando era secretaria general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Según la SIC, en ese año Ríos habría ajustado las condiciones de un contrato de 1.025 millones de pesos que ganó FSG. En los chats que reveló Noticias Caracol, ella pregunta si ya puede publicar el pliego y Suárez le responde que espere al lunes. Él le envía después un documento con comentarios para que ella elimine o conserve partes, y, según la SIC, ella acepta los cambios. En otro mensaje, Ríos le escribe: «Pues estoy parada por ti, esperándote». Ríos no respondió a los correos y mensajes del canal. Suárez aceptó una entrevista y la canceló por recomendación de sus abogados.

Lo que la SIC investigaba entonces era un presunto cartel de empresas de transporte especial, los llamados carros blancos. La entidad le puso la lupa a 43 empresas y 64 personas, entre empresarios y funcionarios, por contratos que suman unos 200.000 millones de pesos en 23 entidades, entre ellas el Ministerio de Transporte, el ICBF, Fonade, la Gobernación del Huila y las alcaldías de Bogotá, Barranquilla y Armenia.

La investigación terminó en sanciones. En junio de 2022, la SIC multó a FSG con 1.312 millones de pesos, y a Fernando Suárez González con 366 millones, en un caso distinto de subastas públicas de bienes de Central de Inversiones, CISA, por obtener información confidencial. El 2 de abril de 2024 sancionó a 20 empresas de transporte especial y a 26 personas naturales con multas de 21.449 millones y 6.815 millones de pesos, y dijo tener pruebas que vinculan el direccionamiento de procesos de selección con «personas vinculadas» al IGAC, entre otras entidades, en ocho procesos de contratación. El comunicado no identifica a las empresas ni a los funcionarios. Tampoco dice si entre ellos está Ríos.

La Procuraduría sí la investigó. Un edicto de la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, fijado el 29 de enero de 2024, notifica un auto del 20 de noviembre de 2023 dentro del expediente IUS-E-2019-743966, en el que Ríos figura como investigada por hechos del IGAC. El auto archiva a su favor los puntos 1, 2, 4, 5 y 6 de sus consideraciones, prorroga por seis meses la investigación sobre el punto 3 y vincula a la directora general del IGAC de entonces, Eva María Uribe Tobón, y al coordinador del Grupo de Gestión de Servicios Administrativos, Miguel Ángel Olarte Reyes. El edicto no describe el contenido del punto 3. Este medio no encontró una decisión posterior de la Procuraduría.

Los chats de 2021 salieron cuando Ríos era secretaria general del Departamento Nacional de Planeación, que dirigía Luis Alberto Rodríguez, quien había sido viceministro técnico de Hacienda hasta septiembre de 2019, con Alberto Carrasquilla como ministro. Rodríguez salió del DNP en julio de 2021 y su gestión quedó marcada por las denuncias sobre los recursos de la paz. El círculo del ministro que la nombró tiene su propia historia con ese mundo. Su esposa, Sandra Gómez Arias, presidió Fiduprevisora entre 2016 y 2018 y Findeter durante el gobierno de Iván Duque, a donde, según publicó El Expediente en octubre de 2018, Carrasquilla quería llevarla. En octubre de 2017, oferentes de la licitación de Fiduprevisora para la salud de los maestros, de más de 5,2 billones de pesos, denunciaron irregularidades en la evaluación, y en diciembre de 2018 la Fiscalía indagaba un presunto incremento patrimonial no justificado de familiares suyos y de una vicepresidenta de la entidad, según Portafolio. Este medio no encontró una decisión de fondo sobre esas actuaciones. Gómez integra hoy la junta directiva de ISA, filial de Ecopetrol, como miembro independiente propuesto por EPM, según Vorágine.

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