El polémico alcalde de Uribia (La Guajira), Bonifacio Henríquez, quien llego a ese cargo con la expectativa de haber sacado del poder a Cielo Redondo —quien fue también alcaldesa y por dos décadas se enseñoreó como jefe política del municipio— se ha visto involucrado en presuntas irregularidades que lo tienen en la mira del grupo interdisciplinario conformado por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en medio de la actual pandemia por Covid-19
Entre las quejas que se indagan están kits de alimentación y de aseo con sobrecostos, además de acusaciones de veedores ciudadanos que señalan a Henríquez y a sus colaboradores de repartir las ayudas enviadas por el gobierno nacional únicamente entre sus seguidores.
Uribia, con un territorio de 8.000 km2 y una población —según el DANE— cercana a las 160.000 personas (sin contar a los wayú que han venido llegando de Venezuela en estos años), es el resguardo indígena más grande de Latinoamérica y es tristemente célebre por protagonizar la tragedia humanitaria que representó la muerte de 4.000 niños wayú por hambre, falta de agua y enfermedades asociadas a ellas.
El municipio, cuyo casco urbano representa apenas el 2% de su extensión, no tiene acceso a buena comunicación vial, no hay agua potable, tiene un sistema de salud deficiente, la cobertura celular es mínima (sin internet) y no llega ni la señal de televisión nacional.
En la reciente intervención de la fuerza de trabajo conformado por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las probables irregularidades en la entrega de ayudas alimentarias en medio de la crisis económica, social y sanitaria desatada por la pandemia, pone a Uribia bajo la lupa, más en concreto cuatro contratos firmados en abril para el suministro y optimización del servicio de acueducto en las redes urbana y rurales por casi 11.000 millones de pesos.
El llamado a responder fue el alcalde Henríquez,y su secretario de gobierno Elias Deluque,quien tiene procesos por homicidio y paramilitarismo, el alcalde fue oficiado el pasado 15 de abril por la Procuraduría para que en el término de cinco días remitiera la documentación que justificó de los contratos, el origen de los recursos y cómo estos fueron apropiados presupuestalmente. La parte contratada es representada por Ana María Medero, nombrada por el mandatario local como gerente de la cuestionada Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía de Uribia SAS ESP.
Henríquez, al ver el avance del organismo de control, reunió su equipo legal y se definió la terminación bilateral de los contratos. En su intervención de la semana pasada, el procurador Carrillo hizo una advertencia general ante posibles faltas de contratación: estas permanecen y serán sancionadas sin importar si los procesos fueron echados atrás.
Pero eso no es todo. Pese a que uno de esos contratos reversados era para echar a andar los microacueductos rurales, la Alcaldía contrató por casi 1.000 millones de pesos el suministro de combustible para unas plantas inoperantes a precios de mercado, siendo que en La Guajira los combustibles son subsidiados. También llama la atención que la contratada haya sido una empresa de Maicao, cuando hay estaciones certificadas por ecopetrol en el municipio. Este proceso parece haber quedado por fuera de los radares de los entes de control, mientras hoy no hay agua en el área rural.indispensable para controlar elcovid-19
Al alcalde Henríquez lo persigue aún el escándalo de la tutela fallada en su contra y que lo obliga a mantener en su cargo a la directora del Hospital Perpetuo Socorro, a quien buscó cambiar en medio de la pandemia y cuando el gobierno nacional ya había conceptuado para que permanecieran los directores en sus cargos justamente por esa situación. El mandatario local desacató la orden judicial la cual impugno, y le fue confirmada, por lo que es sujeto de arresto, medida que también ha evadido cumplir.
La situación es inconveniente e inoportuna, cuando el centro de salud es el encargado de ejecutar las labores de prevención sanitaria en un basto territorio sobre todo entre la vulnerable comunidad indígena, poniendo vidas en inminente riesgo, tras un mes de cuarentena obligatoria, que también se aplica en territorio wayú , situación a la que la procuraduría le puso la lupa, no se conoce un muestreo para determinar las afectaciones y mucho menos para diagnosticar la presencia del covid-19, lo que hace letra muerta la hoja de ruta trazada por el gobierno nacional.
