Por: Gustavo Rugeles – El Expediente
16 de septiembre de 2025
Víctor Mosquera Marín, abogado de la familia del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, enfrenta presiones del gobierno nacional que podrían culminar en un montaje para desacreditar su labor jurídica, según una fuente confidencial de alta credibilidad consultada por El Expediente.
Mosquera, quien ha cuestionado públicamente la actuación de autoridades como el presidente Gustavo Petro y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, representa también a la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, cuya reciente reubicación carcelaria podría usarse para acusarlo de irregularidades.
El 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, fue baleado durante un mitin en el barrio Modelia de Bogotá por un menor de 14 años identificado como alias «Tianz», quien recibió el arma de alias «Gabriela» o «Andrea», según la Fiscalía. Uribe Turbay falleció el 11 de agosto tras 64 días en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. La principal línea de investigación apunta a la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC liderada por Iván Márquez y protegida en Venezuela.
Miguel Uribe había presentado más de 23 solicitudes de refuerzo de seguridad a la UNP desde enero de 2025, la última el 5 de junio, sin respuestas satisfactorias.
El 9 de junio Victor Mosquera denunció penalmente al director de la UNP Augusto Rodríguez por omisión, alegando que Uribe Turbay viajó sin escoltas a eventos como la Conferencia Bancaria en Cartagena.
El 24 de junio, interpuso una denuncia contra Petro por hostigamiento, citando 43 publicaciones presidenciales que, según Mosquera, fomentaron un «ambiente de odio» contra Uribe Turbay.
El 8 de septiembre, se reunió con el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Abdullah BinKhater Al Shamsi, para rechazar la hipótesis de Petro sobre una «junta directiva del narcotráfico en Dubái» involucrada en el magnicidio, que Mosquera califica de «desvío» de la investigación. Ese mismo día, radicó un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando a Petro de interferir en las pesquisas y solicitando medidas cautelares para la familia.
La fuente confidencial indica que estas acciones han generado malestar en la Casa de Nariño, donde se prepara un montaje contra Mosquera usando su rol como apoderado de Epa Colombia.
‘Epa Colombia’, condenada a cinco años y tres meses por instigación al terrorismo por daños a una estación de TransMilenio en 2020, fue trasladada el 20 de agosto de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros en Bogotá, tras una petición de su defensa el 11 de junio ante la CIDH por riesgos a su integridad.
El traslado, avalado por el Inpec y el Ministerio de Justicia, ofrece mejores condiciones de reclusión, incluyendo mayor seguridad y visitas familiares frecuentes.
El ministro Eduardo Montealegre confirmó que responde a «riesgos comprobados» y no a privilegios, en un contexto de hacinamiento carcelario que afecta a 20.000 personas en estaciones policiales.
La fuente advierte que hay presiones sobre Epa Colombia para declarar que el traslado se obtuvo mediante acuerdos económicos con el Inpec, con el fin de enlodar la reputación de Mosquera como abogado y cuestionar su ética profesional. Desde el 15 de julio de 2025 Daneidy Barrera Rojas a cambió sus apoderados.
Uno de ellos fue el abogado penalista Francisco Bernate quién comenzó notar movimientos y actitudes extrañas de parte de Epa Colombia y recibió una solicitud para que le firmara de manera urgente un paz y salvo y desisitiera de ser su apoderado. Desde entonces comenzó a recibir visitas en su lugar de reclusión de dos abogados conocidos en la defensa de narcotraficantes: Darío Rendon y Diego Gutiérrez, quienes son sus nuevos abogados titulares.
Este montaje en marcha contra Víctor Mosquera, según la fuente, busca deslegitimar sus denuncias contra el gobierno y distraer de la investigación del magnicidio contra Miguel Uribe.