Por: José Fernando Torres Fernández
Las autoridades deben investigar hasta las últimas consecuencias. Lo que faltó nunca fueron medios ni recursos.
Agosto 15 de 2026 – Por: José Fernando Torres Fernández de Castro
Petro dejó el cargo y en el ambiente flota la tentación de pasar la página. Sería el peor error que el país pueda cometer. Ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ni el Consejo Nacional Electoral indagaron con seriedad la conducta del hoy expresidente y de su entorno cercano, laboral y familiar. Lo que esas entidades dejaron de hacer en cuatro años es hoy la primera tarea de quienes las dirigen.
La omisión perfecta
El problema nunca fue la falta de medios para investigar. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen presupuestos que crecen año tras año, plantas de miles de funcionarios y facultades que muchos organismos del mundo envidiarían. Nada de eso sirvió, porque ningún presupuesto suple la voluntad de actuar. Cuando la voluntad de quien ocupa el cargo está torcida —por afinidad política, por conveniencia o por no incomodar a quien manda—, el mejor equipo técnico del país se vuelve solo gasto de funcionamiento. Y esa omisión no deja huella: basta con no fijar la fecha, no practicar la prueba decisiva, dejar correr el término. Una investigación que se muere de vieja.
El caso de la Comisión de Acusaciones es el más ofensivo, porque su ineficacia no es un defecto sino un rasgo de diseño: a los aforados los investiga un cuerpo de políticos que dependen de los votos y de los favores de aquellos a quienes deberían investigar. De ahí el apodo que se ganó a pulso —Comisión de Absoluciones—, y de ahí que denuncia tras denuncia contra presidentes haya terminado en archivo. Nada de eso es casualidad: es lo previsible cuando el investigado elige a quien lo investiga.
Muchos hechos, ningún proceso agotado
Por ese camino las investigaciones han quedado inconclusas. Basta citar los casos del saqueo de la UNGRD y el de los carrotanques para La Guajira; los sobornos para sacar adelante las reformas legislativas; la financiación de la campaña presidencial de 2022 y los audios del pulso entre Laura Sarabia y Armando Benedetti; el proceso contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; el polígrafo, las interceptaciones a Marelbys Meza y la muerte del coronel Óscar Dávila, hallado sin vida en un vehículo en Bogotá en junio de 2023, cuando había ofrecido colaborar con la Fiscalía. El dictamen fue suicidio y ahí quedó, pese a que el 28 de julio Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, contó que varios policías de Palacio le dijeron: «lo de mi coronel no fue un suicidio». Además, la participación indebida en política de funcionarios inducidos o presionados desde el propio Gobierno: más de 180 investigaciones de la Procuraduría en el ciclo electoral de 2026. Todo ello sin mencionar los episodios de desafío a las cortes y la reiterada intención del entonces presidente de desbordar la Constitución.
Ninguno de esos casos tiene sentencia o fallo y varios apenas están en indagación. El reproche no es que falten condenas —eso lo define un juez—, sino que en cuatro años no se avanzara lo que el material recaudado permitía. Hay un patrón: los expedientes caminaron mientras tocaron la parte baja de la pirámide y perdieron velocidad apenas la investigación empezó a subir.
El nuevo gobierno, con ocasión del Empalme Anticorrupción, radicó en los primeros días de agosto denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por hallazgos que superan los 370.000 millones de pesos y anunció que seguirá haciéndolo. Si estos hallazgos terminan archivados, no habrá a quién atribuirlo distinto del funcionario que decidió no moverlos.
La responsabilidad de esa parálisis no es difusa: tiene entidad, cargo y período. La Fiscalía tuvo desde el primer año denuncias, testigos y documentos, y dejó que los términos hicieran el trabajo de los fiscales. La Procuraduría, cuya función es preventiva, llegó casi siempre después de que los hechos ya estaban en los medios, y sancionó al subalterno mientras el superior seguía en el cargo. De la Contraloría, que tiene la herramienta más eficaz frente al saqueo —establecer el detrimento y cobrarlo—, poco se ha sabido. Y la Comisión de Acusaciones hizo lo único que ha sabido hacer en su historia.
El daño de esa inacción es mayor que el de cada peso desviado. Comprar el trámite de una reforma con recursos de la atención de desastres contamina la ley misma; acomodar el requisito al candidato liquida el mérito; poner la nómina, los contratos y la autoridad pública al servicio de una candidatura le arrebata al ciudadano la libertad del voto y atenta contra la democracia. Cuando nada de eso se investiga, el país entiende que sale gratis y el que viene detrás toma nota. La impunidad no cierra un capítulo: escribe el siguiente.
Como telón de fondo, el retroceso de Colombia en el Índice de Percepción de la Corrupción y un balance de Transparencia por Colombia que califica de deficiente la acción anticorrupción del cuatrienio. Apenas se ha tirado de la punta del hilo.
El permiso no puede ser un escudo
Todo lo anterior surge nuevamente a colación a propósito del permiso concedido por el Senado al expresidente Petro para salir del país. Más allá de las razones que se esgrimen para censurar la decisión o para apoyarla, la cuestión de fondo es por qué transcurrieron cuatro años sin investigación ni condena.
Jamás hubo una presión decidida para investigar a Petro. Lo que hubo, por el contrario, fue el uso de mecanismos de dilación. No quiero citar nombres propios, pero de viva voz escuché en ese entonces a importantes senadores de la autodenominada oposición al gobierno de Petro manifestar su desacuerdo con la aplicación del artículo 109 de la Constitución, que sanciona la violación de los topes de financiación con la pérdida del cargo o de la investidura. Y también escuché a importantes personalidades que, en una demostración de miopía, estaban a favor de que Petro terminara su período presidencial, cuando actuar oportunamente le habría evitado al país el desastre en que Petro lo dejó.
La autorización concedida por el Senado no puede convertirse en un escudo frente a la justicia, que más que nunca debe actuar. Al Senado le corresponde ahora vigilar que el reporte que debe efectuar Petro de fechas y destinos de viaje se cumpla; y las autoridades competentes deben asegurar, con las herramientas legales a su alcance, que ninguna diligencia quede aplazada por conveniencia de quien debe comparecer. La autorización puede y debe revisarse si cambian las circunstancias jurídicas. Si la Fiscalía, la Procuraduría o la Comisión de Acusaciones lo requieren, la respuesta no puede ser una agenda internacional: en ese caso habrá que revisar la autorización y gestionar el retorno de Petro dondequiera que esté.
Castigar no es perseguir. Es aplicación de la ley y hacer justicia
La corrupción de los últimos cuatro años no tiene antecedentes en el país y no puede tratarse como si no hubiera existido. Las denuncias están presentadas y versan sobre dineros del erario, pagados por los contribuyentes, que no pueden esquilmarse sin que nada ocurra.
Lo que se exige es concreto: que la Fiscalía impulse los procesos y no los deje morir en el reparto, que la Procuraduría ejerza el poder disciplinario que no ejerció a tiempo, que la Contraloría establezca el detrimento y lo cobre, y que la Comisión de Acusaciones deje de ser una oficina de archivo. Hacer la tarea es lo mínimo que puede esperarse de organismos que no pueden seguir siendo elefantes blancos al servicio de la impunidad.
La clase política tiene que poner de su parte. El Congreso actual podría demostrar que aprendió algo: reformar la Comisión de Acusaciones, tomarse en serio el control político sobre la contratación de emergencia y dejar de negociar cupos y apoyos a cambio de contratos. Las malas costumbres no son de un gobierno sino de un sistema que las tolera porque las usa, y erradicarlas exige el concurso de todos.
Nada de esto es revancha ni persecución política. Es la única manera de que esta nueva administración —con independencia de su color— le deje al país una certeza que hoy no tiene: que el erario no es botín y que el poder no da inmunidad. Aquí no puede haber borrón y cuenta nueva. No se pasa la página: se investiga, se juzga y se sanciona. Y si Colombia no lo hace ahora, con estos casos y con estos nombres, no lo hará nunca.