Por: Saúl Hernández Bolívar
¿Por qué calificar la gestión de un presidente que trabaja en un entorno enrarecido en el que otros poderes han usurpado muchas de sus funciones?
Un viajero se realiza en España una prueba PCR un lunes, antes de su viaje a Colombia el día jueves. El resultado es negativo, pero en una cena de despedida, el miércoles en la noche, es contagiado con el covid-19, de tal manera que aborda la aeronave con la prueba que le permite ingresar sin restricciones al país, pero con el virus.
Esa es la realidad absurda que se deriva de la determinación de un juez en el sentido de hacer exigible de nuevo la prueba del coronavirus para ingresar a nuestro país. Con el agravante de que quiere imponer también la cuarentena de 14 días para los visitantes, por lo cual nadie querrá venir a Colombia. Una medida que le da una estocada de muerte a miles de negocios asociados al turismo y a sus millones de empleos. Un sablazo a la reactivación económica del país en general. Así que mucha gente se seguirá muriendo de covid, pero muchos más se morirán de pobres.
Esa brutalidad ha sido cometida por un juez que no ha sido elegido por el pueblo para su cargo ni tiene responsabilidad política alguna, como tampoco la tienen sus demás colegas de altas cortes que sistemáticamente han tumbado media docena de decretos emitidos por el presidente Duque para enfrentar la pandemia. Decretos derogados no con apego a la ley, sino por interpretación libre de los magistrados, que es como vienen fallando en el país, incluso revocando medidas que les eran perjudiciales y para las que se debieron declarar impedidos, como aquella del cobro de un impuesto solidario para trabajadores públicos, contratistas del Estado y pensionados que devengaran más de 10 millones al mes.
Entonces, ¿por qué calificar la gestión de un presidente que trabaja en un entorno enrarecido en el que otros poderes han usurpado muchas de sus funciones? Bien dicen Levitsky y Ziblatt en ‘Cómo mueren las democracias’, que los golpes de Estado ya no son como antes; ya no se ven tanques de guerra en las calles, francotiradores en las azoteas y cazabombarderos en los cielos. Ahora todo tiene apariencias de legalidad, hay votaciones por doquier —aunque se burlen sus resultados como en el referendo de hace cuatro años—, se hacen transformaciones con supuesto apego a los procedimientos y todo se justifica con un discurso ‘buenista’ que se ha impuesto en el marco de lo políticamente correcto, siempre en nombre de los pobres, las víctimas y los oprimidos.
No importa que hasta el New York Times desnude la verdad de un premio Nobel que se otorgó sin haber mérito a ello porque lo que se negociaba no era la paz ni fue lo que se consiguió. No importa que el general Mora Rangel confiese tardíamente que en La Habana se negoció el Estado y que las verdaderas determinaciones se tomaban no en la mesa de negociaciones sino en el cuarto de al lado, en la mesa de genuflexiones, donde Santos era representado por gente afín a las Farc, como el senador Cepeda y Álvaro Leyva Durán.
Es que, se podrá enojar mucho el senador ‘Don Iván’ por decir que es afín a las Farc, pero no de otra manera se pueden catalogar los congresistas que armaron todo un circo en defensa del narcotraficante de las Farc Jesús Santrich, encabezados por Petro, Cepeda y Roy Barreras. El Señor de las Bolsas se inventó el cuento de que a Santrich le hicieron un montaje desde la Fiscalía General de la Nación para hacerlo ver como un narco cualquiera. Y no faltará que la JEP (la Justicia Especial para las Farc) así lo acepte y absuelva al capo guerrillero de toda culpa para que retome su curul en el Senado. ¡Faltaba más! ¿Será que estamos así de cerca del abismo?
Muchos advertimos que el supuesto tratado de paz era una gigantesca operación de lavado de activos, y eso lo viene a confirmar la carta de Romaña en la que habla de caletas de hasta 500 millones de dólares, al tiempo que los gringos reportan el hallazgo de cuentas bancarias de estos terroristas en Turquía y Grecia. Y también se refiere Romaña a ajustes de cuentas entre estos criminales, lo que nos da la razón a los que aseguramos que la mayoría de asesinatos de los firmantes de «la paz», y de los tales líderes sociales, son las mismas Farc.
Muy conveniente atribuirle a Duque los 242 exguerrilleros asesinados y pescar en río revuelto. Igual que ponerle el mote de ‘líder social’ a cualquiera y culpar de sus muertes a un gobierno maniatado que hace ingentes esfuerzos por controlar el negocio de la coca —que es el combustible de esta violencia—, pero sin el concurso de otras instituciones del Estado, que están jugadas a colaborarles a los narcos, o, cuando menos, es lo que aparentan. Nuestros poderes son como tres bueyes que tiran en direcciones distintas, pero al más visible es al que le dan con sus varas los pastores
