Por: Jair Peña Gómez
El trillado discurso del progresismo criollo que señalaba al Estado colombiano como antidemocrático, fascista y asesino, desapareció en poco más de diezmeses, tiempo en el cual Gustavo Petro ha ostentado el cargo de presidente de la República.
El sirirí de la izquierda se cayó por su propio peso, el jefe del Pacto Histórico llegó a la Casa de Nariño en una elección libre y democrática, no hubo un golpe de Estado, ni siquiera hubo un intento de golpe (como lo auguraban videntes y pitonisas de la política ficción). Por el contrario, Petro ha podido mandar a sus anchas, con un dominio total del Congreso y una oposición raquítica y dividida.
Lo que sí ha quedado en evidencia es la debilidad institucional del país. Ya lo recalcaba el filósofobritánico Roger Scruton cuando afirmó: “Qué parte tan poco importante de la democracia son las elecciones, en comparación con instituciones duraderas y un espíritu público que obligue a los políticos electos a rendir cuentas”.
La aplanadora petrista ha demostrado su eficacia y en menos de un año puso en jaque la estabilidad democrática de Colombia, creando un problema para cada solución.
Es hora de dejar los eufemismos de lado, la actual administración no es progresista, tampoco socialdemócrata o de tercera vía, es revolucionaria, como las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. No cabe duda de que la revolución llegó al poder y que no le inquieta destruir las bases de la democracia liberal, suprimir instituciones centenarias o acabar con la división de poderes.
Basta traer a la memoria el bochornoso episodio en el que el presidente afirmó que él era el jefe del fiscal general de la Nación, lo que produjo una la dura contestación por parte de 24 exmagistrados del Consejo de Estado, quienes tuvieron que recordarle que, “el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia dispone que la Fiscalía General de la Nación forma parte de la Rama Judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”.
Este episodio pone en evidencia la necesidad de mantener la autonomía de las instituciones judiciales para preservar la imparcialidad y la transparencia en el sistema de justicia.
A su vez, es un motivo de gran preocupación la limitación a la libertad de expresión y el debilitamiento del espacio para la disidencia política que ha pretendido imponer el actual gobierno. El presidente ha tomado una postura hostil en contra de periodistas y medios que cuestionan su gestión. Recientemente, en el contexto de las marchas convocadas por el petrismo, Petro acusó a la Revista Semana de orquestar un allanamiento a las oficinas de la Presidencia.
Estas acciones presidenciales generan dudas sobre el respeto a la libertad de prensa y la diversidad de opiniones en el país. Por ese motivo la FLIP le llamó la atención y lo invitó a enviar mensajes a sus seguidores sobre la importancia del respeto al trabajo periodístico y a la diversidad de opiniones.
Mención aparte merece el escándalo de Armando Benedetti, exembajador de Colombia ante el régimen de Venezuela, quien aseguró que consiguió $15 mil millones de pesos para la campaña presidencial del jefe del Pacto Histórico. De ser cierto, se trataría de uno de los mayores tinglados criminales en la historia patria, sólo por detrás del Proceso 8000 y el Carrusel de la Contratación en Bogotá.
¿De dónde salieron esos recursos? ¿Fueron debidamente reportados? ¿Cuáles compromisos adquirió el entonces candidato presidencial con Benedetti y demás “benefactores”? Son algunas preguntas que surgen y que difícilmente tendrán respuesta.
Es necesario que las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho y la transparencia investiguen a fondo estos acontecimientos y, en caso de encontrar indicios de irregularidades, se tomen las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. La democracia y la estabilidad del país dependen de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en el respeto a los principios fundamentales que la sustentan.
Así pues, Colombia enfrenta una serie de problemas significativos que van más allá de desafíos como la inflación, el desempleo y la inseguridad. Estos problemas revelan serias deficiencias estructurales que, si no se abordan de manera adecuada, podrían poner en riesgo la estabilidad del país, llevándolo porla senda de un Estado fallido, o, peor aún, una dictadura.
