Una columna del cofundador de Facebook Chris Hughes publicada en el NYT en mayo de 2019 abrió el debate sobre la necesidad de dividir el monopolio de Mark Zuckerberg propietario de Instagram, Whatsapp y Facebook las redes sociales con mayor impacto en las elecciones mundiales y la vida cotidiana de las personas.
Ese escrito titulado de ‘Es la hora de romper Facebook’ sostiene que ‘Mark’ ha actuado de manera ‘ligera e irresponsable’ con la seguridad de sus usuarios y pone como ejemplo los datos privados de millones de personas que terminaron al servicio de la compañía Cambridge Analytica. Chris Hughes también criticó el impacto negativo del monopolio de Facebook en el mercado: ‘A medida que los mercados se vuelven más concentrados, el número de nuevas empresas de nueva creación disminuye’
Esa propuesta de ‘dividir Facebook’ ha venido tomando fuerza. Zuckerberg no quiere compartir su amplio poder y se adelantó contratando a un grupo de personas de distintas partes del mundo para integrar un tribunal que se encargue de filtrar las noticias que se podrán compartir en Facebook. Con esa decisión el fundador de la red social busca descargar la responsabilidad en ese tribunal que ya es objeto de críticas por su notable sesgo de izquierda. El diario ABC de España tituló: Facebook, acusado de tener un sesgo hacia la izquierda en su «tribunal supremo».
En ese grupo hay una colombiana, Carolina Botero, abogada constitucionalista decana de derecho de los Andes y exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos, entre 2008 y 2014.
Catalina Botero es uno de los nombres que hace pensar que ese ‘Tribunal Supremo’ tiene un sesgo de izquierda y podría ser utilizado para censurar contenidos que no sean afines a su línea de pensamiento.
Para nadie es un secreto que la abogada además de una experta jurista es una activista con clara postura política. Botero dejó ver esas inclinaciones cuando terció en el debate por la solicitud de extradición de Jesús Santrich buscando argumentos jurídicos para justificar la impunidad de ese narcotraficante al tiempo que respaldaba en una carta encabezada por Ramiro Bejarano y Rodrigo Uprimy a la Corte Suprema en el llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe.
En julio de 2015 el entonces Presidente Juan Manuel Santos la incluyó en la terna para remplazar a Mauricio González en la Corte Constitucional en un momento determinante para validar las leyes derivadas de su negociación con las FARC.
