Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
A partir del próximo 7 de agosto, el destino de Colombia estará liderado por un nuevo Presidente de la República, cuya primera misión será entender que debe gobernar no solo para quienes, con su voto, decidieron llevarlo a la primera magistratura, sino para los 51 millones de habitantes de nuestro país.
El Presidente electo tiene el reto de conformar el mejor gabinete posible y rodearse de los más capaces, con la formación y la experiencia suficientes para liderar los profundos cambios que reclama el país y consolidar la paz en los territorios.
Y todos, sin excepción, estamos llamados a acatar el veredicto de las urnas de este domingo 19 de junio y dejar de lado las discrepancias propias de la campaña electoral para enfrentar, unidos, los flagelos de la pobreza, el hambre, la corrupción, la inseguridad y demás males que aquejan a nuestra patria.
En primer lugar, es urgente implementar una política de choque para garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos, amenazada por la alta inflación, producto de la ola invernal que azota el país y la escasez de fertilizantes y el aumento de precios en algunas materias primas y productos importados, como consecuencia de la guerra en Ucrania.
A la par, es prioritario recuperar el control del territorio, ya que el 30 por ciento del mismo, en especial el fronterizo, no cuenta con presencia permanente de la fuerza púbica, lo que pone en riesgo la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.
Esta semana observamos con asombro cómo el pueblo caucano tuvo que soportar una serie de atentados terroristas en retaliación a la neutralización de un criminal de la talla de Leider Johany Noscue, ‘Mayimbú’. Sobrecogedora la imagen de un policía de la patria arriesgando su vida para tratar de desactivar una motocicleta bomba que estalló y lo dejó gravemente herido. Escenas similares vivimos en varios departamentos del país tras la captura del extraditado capo del ‘Clan Del Golfo’, Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’.
Está demostrado que la sola captura o muerte de los llamados cabecillas u objetivos de alto valor no es suficiente, ya que son reemplazados de inmediato por otros delincuentes, igual o más peligrosos. Por eso, hay que consolidar el imperio de la ley en zonas tan conflictivas como Catatumbo, Arauca, Chocó, Nariño, Urabá y otras regiones acosadas por las distintas manifestaciones del crimen organizado, como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el homicidio.
El control territorial también nos permitirá frenar fenómenos como el tráfico de precursores químicos y armas, los cultivos ilícitos, el contrabando, el reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento forzado, la inmigración, la minería ilegal, el tráfico de flora y fauna y la deforestación.
Lo propio hay que hacer en las grandes ciudades, ya que todo territorio no controlado por el Estado es proclive a caer en manos de la ilegalidad, lo que implica convertir la seguridad ciudadana en prioridad nacional, tal como lo hemos venido planteando a través de la implementación de una nueva Política Integral de Seguridad, con énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático, que cuente con una fluida y armoniosa coordinación institucional y una activa participación de la comunidad.
Debe ser una política de Estado, que trascienda gobiernos, genere una verdadera disrupción en el delito y promueva la convivencia ciudadana, con el fin último de reconstruir el tejido social. Tiene que ser preventiva y reactiva, regional, diferencial y focalizada, acompañada de un alto componente tecnológico, para enfrentar con mayor contundencia crecientes fenómenos, como el ciberdelito.
De ahí que es de vital importancia reorientar el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el Sistema Integral de Seguridad Rural, fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, implementar una transformación tecnológica y consolidar los mecanismos de cooperación internacional, especialmente con Clacip, Ameripol, Interpol y Europol, para ser efectivos en la lucha contra el delito transnacional.
A la par con la recuperación de los territorios debe llegar la inversión social a estas zonas olvidadas, representada en vías, servicios públicos, colegios, escuelas y verdaderas ofertas de empleo formal.
De manera paralela, es un imperativo frenar el cáncer de la corrupción, que cada año se apodera de más de 50 billones de pesos del erario, el equivalente al 17 por ciento del Presupuesto General de la Nación. Si no la combatimos con la mayor contundencia no habrá dinero que aguante y estaremos condenados a vivir de reforma tributaria en reforma tributaria, corriendo el riesgo de no poder pagar nuestras obligaciones de una creciente deuda externa, que ya supera los 172 mil millones de dólares.
Con miras a las elecciones de este domingo 19 de junio confiamos en que la fuerza pública, en el marco del Plan Democracia, sabrá sortear las amenazas que, según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se ciernen sobre 206 municipios.
Adicionalmente, esperamos que la Registraduría Nacional del Estado Civil sea tan eficiente y transparente como lo fue el pasado 29 de mayo y en cuestión de una o dos horas sepamos quién es el nuevo Presidente de la República.
Y a los 39 millones de colombianos habilitados para votar, solo nos resta pedirles hacerlo a conciencia y en paz, pensando en construir un mejor futuro para todos.
