Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
Siempre observé con profunda admiración la habilidad del abogado Pablo William Roa Cárdenas para realizar todas sus actividades profesionales y personales, después de haber sobrevivido a uno de los combates más cruentos protagonizados por policía alguno en tiempos del conflicto armado contra la hoy extinta guerrilla de las Farc.
Pocos saben que el patrullero Roa perdió su visión y sufrió graves lesiones en su mano derecha tras enfrentar, con otros valientes policías, a más de 500 subversivos en Pajarito (Boyacá) y que, luego de recuperarse de sus graves heridas, decidió ingresar a la Universidad Sergio Arboleda a estudiar derecho, donde se graduó con todos los honores, hasta convertirse en asesor jurídico de la Inspección General de nuestra Policía Nacional.
Siempre vestido de traje impecable, el doctor Roa manipula con asombro su computadora, sube y baja escaleras sin ayuda alguna y se moviliza por calles y puentes peatonales con una facilidad asombrosa.
Él hace parte de los 1000 millones de personas discapacitadas que, según la Organización Mundial de la Salud, hay en el mundo, las cuales constituyen cerca del 15 por ciento de la población mundial y cuyo día se conmemora todos los 3 de diciembre, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de promover sus derechos y su bienestar en los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar al resto de humanidad sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
En Colombia, de acuerdo con recientes estudios del Ministerio de Salud y Protección Social, más de 1,3 millones de compatriotas presentan alguna discapacidad, en especial en Bogotá (18,3 %), Antioquia (13,8 %), Huila (5,1 %), Santander 4,7 %) y Valle del Cauca (4,2 %).
De este gran total, unas 520 mil personas son adultos mayores, lo que equivale al 39 por ciento de la población discapacitada. Los expertos advierten que ellos tienen más probabilidad de desarrollar enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes o cáncer.
Y sin duda alguna, uno de los datos más preocupantes lo constituye que el 15 por ciento, más de 195 mil compatriotas, quedaron en esa condición por culpa del conflicto armado, como les ocurrió al patrullero Roa y a otros 9823 colombianos que sufrieron graves lesiones tras aleves atentados terroristas y pisar artefactos explosivos, en su mayoría miembros de la fuerza pública, tal como lo revelan estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Sin embargo, según análisis del Departamento Nacional de Estadística (Dane), la cifra de personas con algún grado de dificultad física o mental puede superar los 3,5 millones, clasificadas en siete categorías: física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, sicosocial y múltiple.
Muchas de ellas son víctimas de la insolidaridad y hasta la discriminación de una sociedad que tiende a marginar a quienes considera débiles o distintos, sin tener en cuenta que son personas con enormes capacidades para desempeñarse hasta en las actividades más complejas del conocimiento.
Por citar tan solo un ejemplo, no debemos olvidar la destacada actuación de nuestros deportistas en los Paralímpicos Tokio 2020, donde los 69 atletas nacionales obtuvieron la mejor participación de la historia, al conquistar 24 medallas y 65 diplomas. Pero más allá de los galardones lo admirable fue observar la gallardía de cada uno de nuestros campeones a la hora de defender los colores patrios.
Precisamente, estas actitudes discriminatorias llevaron en 2019 a la ONU a reforzar su plan de acción, con el lanzamiento de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, con el propósito de reafirmar que la realización plena y completa de los derechos humanos de las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Y recientemente, el propio secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que esta visión del organismo multilateral solo se logrará consolidar si se consulta activamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan.
En el caso colombiano tenemos mucho por hacer para proteger sus derechos. Es fundamental incluirlas en la mayor cantidad de actividades cotidianas y animarlas a no dejarse doblegar por la adversidad.
Es importante tratarlas con naturalidad, aprender a escucharlas, tener en cuenta sus opiniones, respetar sus decisiones, disfrutar de su compañía y, ante todo, tratarlas con el respeto que merecen.
También resulta prioritario materializar los mandatos del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas que, en materia de comunicación, expresa la necesidad de masificar los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, los medios de voz digitalizada, los formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso, y avanzar en temas de lenguaje, como el de señas y otras formas de comunicación no verbal.
Adicionalmente, el Estado tiene la obligación de redoblar esfuerzos para que los artículos 13, 47, 54 y 68 de nuestra Constitución no sean letra muerta. Ello significa proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan; adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran; erradicar el analfabetismo y velar por la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales.
En términos concretos hay que hacer más eficiente el Sistema Nacional de Discapacidad, entendido como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permitan la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en la Ley 1145 del 10 de julio de 2007.
Lo anterior solo es posible si estas buenas intenciones hacen parte de una nueva Política Integral de Seguridad, con énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático, la cual debe ser abordaba sin ambages en la actual contienda electoral, para que el entrante Presidente de la República lidere una auténtica estrategia de protección hacia nuestra población discapacitada.
Sea esta la oportunidad para extenderle un fraterno saludo a cada una de las personas que conviven con algún grado de discapacidad e invitarlas a no desfallecer en la búsqueda de sus sueños, siempre bajo el manto protector del Estado, la sociedad y su familia.
