Por: Andrés Villota Gómez
Alexander López Maya, el sindicalista que reemplazó al PhD en economía, Jorge Iván González, en la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el ente burocrático dedicado al manejo centralizado de la economía cómo en todos los regímenes socialistas, anunció que las comunidades aborígenes colombianas van a autogobernarse con sus propias autoridades y prácticas tradicionales.
Se pretende asegurar que, los aborígenes, puedan preservar y fortalecer su cultura y sus formas de gobierno acorde con sus tradiciones y requisitos particulares para que asuman su gobierno propio y sus propias autoridades, usos y costumbres que, a pesar de tratarse de sabidurías ancestrales, supuestamente, viven en las mismas condiciones de desarrollo económico del Siglo XV, es decir, aún viven en la Edad Media.
No es algo nuevo, ni novedoso, porque los pueblos aborígenes son los grandes terratenientes de Colombia y sus tierras son las más fértiles que han sido subutilizadas para sembrar coca y marihuana. A pesar de tratarse de un pueblo supuestamente sabio, las economías ilegales florecen en sus territorios, sin que nada, ni nadie lo pueda impedir.
Esa destinación ilegal de la tierra, ha sido usada como una bisagra institucional para expulsar al Ejército colombiano de su territorio en nombre de la autonomía administrativa y judicial, cuando su presencia es incómoda para el normal funcionamiento de su economía ilegal, pero necesaria cuando se trata de proteger a su territorio de las vendettas entre mafiosos que afectan a los capos de las mafias aborígenes.
La igualdad ante la ley de todos los colombianos, no puede privilegiar a los miembros de una raza que se considera pura por no haberse mezclado con otras razas como la gran mayoría de los colombianos, por ende, se trata de una minoría supremacista que excluye a los mestizos. Esa posición racista y excluyente, está siendo promovida por Gustavo Petro que, por otra parte, pregona la igualdad, la equidad y la inclusión.
La Ley 1962 del 2019, dicta las normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación y se establecen las condiciones para su conversión en región entidad territorial. Esta ley, desarrolla los artículos 306 y 307 de la Constitución de 1991, dictando las normas orgánicas para fortalecer la Región Administrativa y de Planificación (RAP), y establecer las condiciones y el procedimiento para su conversión en Región Entidad Territorial (RET), así como reglamentar su funcionamiento y regular las relaciones entre estas y las otras entidades territoriales existentes
En Antioquia, el exdirector del Departamento de Planeación Nacional (DNP), Jorge Iván González, hace parte de un equipo de expertos que promueve un referendo de autonomía fiscal para las regiones, promovido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Colombia tendría un nuevo departamento, el Sur Caribe, que incluiría municipios de Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander. El proyecto, que está siendo liderado por la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, DorinaHernández Palomino, se hace con el objetivo de mejorar “la eficiencia administrativa, fiscal y política a través de un reordenamiento territorial”.
El Parlamento italiano, aprobó la llamada autonomía differenziata (autonomía diferenciada), reforma que le dará más autonomía a las 21 regiones de Italia. En el futuro van a existir 20 sistemas escolares distintos que tengan en cuenta las necesidades del mercado laboral de cada región, que fomentará la libre competencia económica entre las regiones con el objetivo de tener las mejores condiciones de vida para atraer inversión y desarrollo económico, sin las absurdas exigencias del gobierno central.
El centralismo es criminal, como lo han demostrado sucesivos presidentes en Colombia. Juan Manuel Santos se inventó que todos los recursos generados en las regiones debían de pasar primero, mejor, por Bogotá, para ser distribuidos por burócratas inteligentes y no por los subnormales de las regiones que se gastan la plata en construir piscinas con olas. Esa es la famosa parábola de la tostada sobre la que se esparce la mermelada.
Iván Duque, siendo presidente, prohibió hacer un puerto en el Chocó por culpa de la justicia climática. El presidente Gustavo Petro le prohíbe a la Guajira y al César, exportar carbón a Israel. Una sociedad medianamente sensata, desconoce esas decisiones arbitrarias tomadas desde Bogotá, buscando que primen los intereses de la región y no los intereses mezquinos de los burócratas parásitos cachacos que esperan despojar a las regiones de su riqueza o mantenerlos en la inopia para poder controlarlos y dominarlos, fácilmente, desde la Casa de Nariño.
Estas prohibiciones del gobierno central, generan retraso, dependencia y brechas en el desarrollo. Las regiones en las que más existe gasto público inútil, obvio, son las regiones más atrasadas en términos de desarrollo económico porque crea ineficiencias y alta dosis de parasitismo social. Se elimina el incentivo de producir y generar valor porque, al final, es en Bogotá que se define todo y, en la medida que exista mayor reverencia a la Casa de Nariño, recibirán más de la mermelada en contraprestación.
Gustavo Petro y sus secuaces, han demostrado hasta la saciedad que el centralismo debe desaparecer y dar paso a un sistema federal, ante la total ineptitud para mantener la cohesión nacional y mostrar algún nivel de eficiencia en la administración pública. El presupuesto nacional, carece de los recursos para mantener el esquema de dominación centralista. Y la enorme carga burocrática del gobierno central, no puede seguir siendo financiada por las diferentes regiones que, ante todo, buscan el bienestar de su sociedad.
El Congreso colombiano, por ejemplo, hoy no tiene recursos para funcionar por su tamaño enorme, desproporcionado que, además, replica las funciones de las asambleas departamentales y de los concejos municipales.
Francisco de Paula Santander se equivocó cuando dijo que las leyes le iban a dar la libertad a los colombianos. En 200 años, salvo en el periodo que tuvo vigencia la Constitución de Rionegro (1863-1886), los colombianos han sido esclavos de la hiper regulación fabricada desde Bogotá, incoherente con las necesidades reales de las diferentes regiones.
Quién creyera que, el cambio del que tanto habla Gustavo Petro, es devolver a Colombia a un sistema federal. En eso está trabajando toda la ultra izquierda colombiana unida, que ha demostrado que la clase política nacional es una sola, sin distinción ideológica, y es corrupta, decadente y degenerada.
Colombia se encuentra en una coyuntura en la que toca decidir entre esa minoría criminal, enquistada en el poder central o la gran mayoría de colombianos de bien, trabajadores honestos. Colombia debe escoger entre Centralismo o Federalismo. Colombia debe escoger entre la Constitución progresista de 1991 o la Constitución libertaria de Rionegro.
