Por: El Expediente
El acceso a vivienda digna es, para millones de familias colombianas de ingresos bajos y medios, uno de los indicadores más directos y sentidos de si la política social de un gobierno realmente llega a transformar vidas. Fonvivienda, el fondo estatal encargado de canalizar subsidios habitacionales, tenía apropiados $2,65 billones de pesos para el año 2025. Según documenta el Libro de la Verdad, tras el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, solamente el 33% de ese presupuesto llegó a ejecutarse.
Es decir, dos de cada tres pesos destinados a subsidios de vivienda para familias colombianas que los necesitaban durante 2025 simplemente no se tradujeron en apoyo efectivo entregado. No se trata de una cifra menor en un fondo pequeño: $2,65 billones representan un volumen de recursos capaz de transformar de manera medible el acceso a vivienda de decenas de miles de hogares, y la mayor parte de ese potencial quedó, según el hallazgo documentado, sin materializarse.
El impacto de esa baja ejecución no se limita al año fiscal en que ocurrió: cada subsidio de vivienda que no se otorga a tiempo representa una familia que sigue esperando, un proyecto de construcción que no arranca, una cadena de empleos en el sector de la construcción que no se genera. La vivienda social no es solamente un beneficio individual para quien la recibe: es también un motor de actividad económica que, cuando el Estado no ejecuta el presupuesto disponible, deja de moverse en la misma proporción.
Lo que este caso comparte con varios de los otros hallazgos documentados en el Libro de la Verdad —el Fondo Mujer con apenas 0,3% de ejecución, la UNGRD con 4,3% en cuatro años— es un patrón que trasciende a cualquier entidad individual: programas sociales del gobierno de Petro, anunciados con expectativas altas y presupuestos considerables, que terminaron ejecutando solo una fracción de los recursos disponibles, dejando a las poblaciones que dependían de ellos con promesas que, en la práctica, se cumplieron muy por debajo de lo prometido. Para el nuevo gobierno, la pregunta que deja Fonvivienda no es solamente cómo mejorar la ejecución futura, sino qué pasó exactamente con el 67% de un presupuesto de vivienda social que, en teoría, ya estaba disponible para ayudar a miles de familias colombianas a tener un techo propio.