Por: El Expediente
Bogotá, 24 de noviembre de 2025
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dio un paso contundente este lunes al radicar una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro Urrego.
La acusación, presentada ante la presidenta de la comisión, Gloria Elena Arizabaleta, señala presuntos delitos de financiamiento ilegal de campañas electorales con fuentes prohibidas, concierto para delinquir y traición a la patria, según consta en un documento de dos páginas que acompaña la queja.
La denuncia se fundamenta en una investigación periodística de Noticias Caracol, publicada el 23 y 24 de noviembre, que revela supuestos nexos entre disidencias de las Farc y la campaña presidencial de Petro en 2022.
Los hallazgos, extraídos de dispositivos electrónicos incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), incluyen chats y correos que sugieren un apoyo financiero a la candidatura petrista, con menciones a la vicepresidenta Francia Márquez como posible intermediaria.
Además, se alude a un pacto de «no agresión» entre la fuerza pública y las disidencias en regiones como Catatumbo, sur de Bolívar y Antioquia, con participación del general Juan Miguel Huertas y el directivo de la DNI, Wilmar Mejía.Cabal, en su escrito, invoca los artículos 95 y 67 de la Constitución Política de Colombia y exige a la comisión tramitar de inmediato la investigación preliminar, argumentando que «Petro no puede escapar a los efectos de la justicia».
La senadora destacó la gravedad de los indicios, que incluyen filtraciones de inteligencia militar a los disidentes y planes para montar una empresa de seguridad privada con apoyo de altos funcionarios.
El caso ha generado revuelo en el Congreso y las redes sociales, donde el trino de Cabal acumuló más de 1.900 likes y 900 reposts en pocas horas. Mientras tanto, la Fiscalía General, liderada por Luz Adriana Camargo, anunció que revisará los informes, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación interna tras calificar cualquier vínculo con grupos armados como una «línea roja».
El trámite de la denuncia dependerá ahora de la Comisión de Acusaciones, compuesta por 15 miembros, en un contexto de alta polarización política.
