Por: Bernardo Henao
No es usual —y mucho menos puede normalizarse— que, ad portas de una segunda vuelta presidencial, empiecen a acumularse actuaciones, decisiones judiciales, anuncios penales y maniobras políticas que terminan poniendo en entredicho la tranquilidad, la transparencia y la confianza de la jornada electoral que se aproxima.
Lo ocurrido con la campaña de Abelardo no puede mirarse como un simple trámite judicial más. La decisión que pretendió restringirle el uso de expresiones como “Firmes por la Patria”, así como el uso de símbolos asociados a su comunicación política, incluida la camiseta de la Selección Colombia, apareció en el momento más sensible de la contienda. Aunque esas restricciones fueron posteriormente reversadas o suspendidas por otras autoridades judiciales, el daño político ya estaba servido: durante horas decisivas se instaló la idea de que un despacho podía intervenir de manera directa en los signos, mensajes y símbolos centrales de una campaña presidencial.
Ese episodio revela un problema de fondo. En democracia, las autoridades deben garantizar reglas claras, neutrales y predecibles; no producir sobresaltos institucionales que alteren la cancha cuando el partido ya está en los minutos finales. Una cosa es vigilar que nadie abuse de símbolos oficiales del Estado, y otra muy distinta es convertir una discusión de propaganda electoral en una herramienta capaz de afectar selectivamente la comunicación de un candidato a pocos días de concurrir a las urnas.
A ese frente se suma otro debate igual de delicado: la pretensión de cuestionar la inscripción de la candidatura por la nacionalidad estadounidense del aspirante. Que veinte juristas firmen un concepto no convierte automáticamente esa posición en verdad jurídica. El derecho no se decide por aplausómetro ni por mayoría de firmantes. También existen abogados que han conceptuado en sentido contrario, defendiendo que la Constitución colombiana no impide, por sí sola, que un colombiano por nacimiento con otra nacionalidad aspire a la Presidencia.
El punto no es menor. En una democracia seria, una discusión de esa magnitud debía haberse tramitado oportunamente ante la autoridad electoral competente, es decir, al momento de la inscripción de la candidatura, cuando correspondía revisar si el aspirante cumplía o no los requisitos constitucionales y legales. No es lo mismo debatir jurídicamente una candidatura antes de que empiece la competencia, que intentar abrirle boquetes cuando millones de ciudadanos ya se aprestan a decidir y depositar su voto en las urnas.
Más grave aún resulta que, a escasos días de la segunda vuelta, el otro candidato Iván Cepeda anuncia denuncias penales contra su adversario por hechos y tipos penales que, según la defensa del aspirante de centro derecha, ya fueron objeto de decisiones previas y habrían hecho tránsito a cosa juzgada. Si existen hechos nuevos, pruebas nuevas o conductas no investigadas, las instituciones deben actuar. Pero si lo que se pretende es revivir expedientes con evidente impacto electoral, entonces el país tiene derecho a preguntarse si estamos ante una búsqueda legítima de justicia o ante una estrategia de judicialización de la campaña.
También se equivoca quien pretende presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional como si esa instancia funcionara como una fiscalía electoral de última hora. La CPI no está diseñada para resolver disputas de campaña ni para operar como mecanismo de presión política en vísperas de una elección. Su competencia es excepcional, complementaria y referida a los crímenes más graves de trascendencia internacional. Invocarla en medio de una segunda vuelta exige rigor, no espectáculo.
Mientras tanto, hay preguntas que parecen no recibir la misma atención institucional. ¿Por qué no se investigan con igual severidad las denuncias públicas sobre presiones armadas o constreñimiento electoral en territorios donde grupos ilegales conservan capacidad de intimidación? ¿Por qué no se examinan con lupa las votaciones atípicas, los resultados inusualmente concentrados y los municipios donde un candidato obtiene porcentajes que, por lo menos, ameritan auditoría y explicación pública? ¿Por qué unas sospechas merecen titulares, medidas y pronunciamientos inmediatos, mientras otras son tratadas como simples anécdotas regionales?
La democracia no se defiende acomodando las reglas según el candidato afectado. Se defiende aplicando el mismo rasero para todos. Si hay dudas jurídicas sobre una candidatura, deben resolverse en los tiempos y escenarios correspondientes. Si hay denuncias de constreñimiento, presión armada, financiación irregular, propaganda indebida o votaciones estadísticamente anómalas, deben investigarse con rigor, sin mirar para otro lado por conveniencia política.
El Consejo de Estado acaba de suspender de forma provisional la facultad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dictar medidas cautelares que restrinjan temporalmente la difusión de encuestas electorales, de intención de voto y de opinión política. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta al estudiar una demanda contra el artículo 48 de la Resolución 1197 de 2026.
El país no necesita más sombras sobre su proceso electoral. Necesita garantías reales, autoridades imparciales, observación rigurosa, auditoría ciudadana, el mayor número posible de observadores internacionales y una pedagogía institucional clara que permita votar sin miedo, sin presiones y sin la sensación de que las instituciones aparecen selectivamente según a quién beneficie o perjudique cada decisión.
Porque una segunda vuelta presidencial no puede llegar rodeada de maniobras, silencios y sospechas. Tan grave es permitir una irregularidad como usar las instituciones para torcer la cancha en plena competencia. Y si la elección no se adelanta con completa transparencia, Colombia puede entrar en una senda de desconfianza, caos político y desorden institucional que nadie responsable debería alentar.
Colombia merece votar con tranquilidad. Merece reglas claras antes, durante y después de la jornada. Merece autoridades que no improvisen, campañas que no incendien el ambiente y ciudadanos que puedan decidir sin miedo. Sobre todo, merece saber que nadie está intentando ganar en los despachos lo que debe decidirse en las urnas.
