Por: Andrés Villota Gómez
“La va a acabar”, fue el comentario que me hizo un profesor después que, Gustavo Petro, destituyó al rector legitimo de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, para poder entronizar a su marioneta, a su idiota útil, Leopoldo Múnera. Su objetivo, me dijo el profesor, es consumar la desaparición de la principal universidad de propiedad del Estado colombiano.
Rafael Núñez, uno de los más importantes líderes estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia, durante los más de ciento cincuenta años de historia, profesor y experto en derechos humanos, afirmó sin titubear: “Mi universidad siempre será la de los “indios”, trabajadores, campesinos, “pobres”. Mi universidad, es la Universidad del Pueblo” (sic)
La burócrata aborigen, Lena Estrada Añokazi (PhD), actual ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ex directora de la Academia Diplomática, ex representante mundial-global-universal de los pueblos indígenas ante la oenegé Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), también, defiende la invasión aborigen al campus de la universidad.
Reafirmando lo dicho por el profesor Núñez, la ministra Estrada Añokazi, le responde al profesor, Diego Alejandro Torres Galindo, miembro del consejo directivo de la Universidad Nacional de Colombia, al momento de denunciar la invasión al campus, “le pido con respeto, pero de manera contundente, que deje de estigmatizar a las comunidades indígenas que hoy están en la Universidad Nacional de Colombia, con rumores e insinuaciones sin asidero. Profesor, lo invito a que se acerque a la Minga y dialoguemos”.
Al igual que el profesor y la ministra, los estudiantes de humanidades de la Universidad Nacional, Sede Bogotá DC que, en su gran mayoría, son fanáticos Progresistas que apoyan ciegamente a Gustavo Petro, están totalmente de acuerdo y alineados con la invasión, a la que consideran legítima, necesaria y el ejercicio de un privilegio que tienen los pueblos aborígenes de Colombia, de disponer y apropiarse de todo lo que existe en Colombia, en esa visión supremacista racial que tienen todos los miembros del nacional socialismo obrero colombiano y, en general, los miembros de todos los movimientos herederos del nacional socialismo obrero alemán.
Poco o nada le importa al profesor, a la ministra y a los estudiantes de humanidades que esta invasión, signifique el final de las actividades de la universidad por tiempo indefinido, que puede desembocar en el cierre de la Universidad Nacional de Colombia para siempre.
La narrativa común a los grandes impulsadores de la toma aborigen del campus universitario, es la negación de la propiedad estatal de la universidad. Todos coinciden en decir que este lugar, no es de propiedad del Estado.
Un cambio revolucionario, de verdad, que reafirma lo que otras corrientes de pensamiento ubicadas en las antípodas ideológicas dicen. El Estado no puede ser el propietario de la educación, ni de los colegios, ni de las universidades, la educación, por el contrario, debe ser un patrimonio del pueblo.
Una de las muestras supremas de injerencia estatal y de Estado dependencia programada, es la financiación pública de la educación. La arrogancia estatal, llevada al extremo de tratar de incapaces e inferiores a las personas más vulnerables de la sociedad, que deben recurrir al papá Estado para que le pague la educación a sus hijos porque les vendieron la idea que son personas con serias limitaciones y, por ende, no pueden generar los recursos necesarios para hacerlo de manera autónoma y suficiente.
Por esto, no me sorprendió ver a un agitador profesional de origen colombiano, fungiendo de líder supremo de las revueltas violentas y de las tomas criminales de las Facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dominando a los jóvenes argentinos para obligarlos a hacer lo mismo que hacen en Colombia, cuando se extorsiona a los contribuyentes para que paguen más impuestos y se los entreguen en su totalidad a la educación pública.
Aumentar de manera desmesurada el presupuesto para la educación pública, evadir las evaluaciones a los profesores, prohibir las auditorías a las arcas universitarias, perpetuar los privilegios de los académicos, convertir los campus universitarios en la guarida de terroristas amateur, adoctrinar a los jóvenes en la cultura WOKE y poder gastar a discreción el presupuesto asignado sin tener que rendirle cuentas a nadie, era la constante en la Universidad Nacional de Colombia, justo, hasta antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
Colombia, es uno de los países en el que más rápido y en mayor proporción, se prostituyó el concepto de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra. La educación pública, que tiene el mayor porcentaje del presupuesto nacional de Colombia porque, se inventaron, la solución para salir de la miseria es que la sociedad sea muy educada, hizo que la educación pública se convirtiera en la Gallina de los Huevos de Oro, el botín más codiciado de todo el aparato estatal colombiano.
Tal vez, este cambio, que en otro momento podría haber sido leído como una insurrección, es la lógica respuesta al proceso de violación sistemática de la autonomía universitaria, orquestado por Gustavo Petro y su equipo de gobierno, desde el momento que rompió ese principio de autonomía, inmiscuyéndose y adulterando la elección del rector.
La utilización del campus, también, para actos políticos del partido de gobierno y como guarida para los grupos terroristas del M-19 y La Primera Línea, violaron de manera grave la autonomía universitaria. Esto, sin contar que, durante el gobierno de Petro, la fuerza pública ha ingresado al campus de diferentes universidades públicas, ubicadas alrededor del territorio nacional.
El Nacional Socialismo Obrero Colombiano guarda silencio. Nadie ha dicho nada, ni Ariel Ávila, ni Jennifer Pedraza, ni Julián Sastoque, todos egresados de la Universidad Nacional, ni ninguno de estos burócratas de pacotilla, que saltaron al estrellato desde la plataforma de lanzamiento de las protestas universitarias violentas, que se desataron, paradójicamente, cuando alguien tenía la osadía de hacer todo lo que Gustavo Petro está haciendo en la actualidad.
Al campus, ingresaron funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, algo impensable durante la existencia de la universidad, que fue considerado un territorio diferente al de Colombia, en el que la actividad de los académicos era sin dios ni ley. Tampoco la Contraloría podía auditar el manejo de los recursos públicos que eran gastados a discreción
Se reporta que los indígenas, ya tomaron posesión y control total de la Torre Central, del Museo de Arte, de la Facultad de Sociología, de la Facultad de Enfermería, del Edificio antiguo de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Medicina, del nuevo Edificio de Artes, del auditorio León de Greiff, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias Humanas y del emblemático Edificio de Ciencia y Tecnología, donado por el ex alumno de la universidad, Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Una situación parecida, había ocurrido en diciembre del año 1999, cuando un grupo de cien personas desplazadas por la violencia que, con el tiempo, aumentó a trescientas, invadió la sede en Bogotá DC del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La sede del CICR, fue totalmente destruida por los invasores que, además, la convirtieron en una guarida de hampones y un deposito de niños raptados. Los vehículos, los muebles, los equipos y la infraestructura de servicios públicos fue totalmente desvalijada y vendidos en el mercado negro. La toma hostil duró tres años.
El campus de la Universidad Nacional de Colombia, en su sede de Bogotá DC, invadido por los aborígenes colombianos, tiene una extensión total de 1’213,500 metros cuadrados, 121,35 hectáreas. Es decir, la Ciudad Universitaria, es 2,75 veces más grande que la extensión total de la Ciudad del Vaticano.
Lo que sigue, supongo, es el cierre definitivo de la Universidad Nacional de Colombia y declarar, a la ciudad universitaria, como una Entidad de Territorio Indígena (ETI). Cosa menor, si tenemos en cuenta que, de la extensión total del territorio colombiano, los aborígenes son los propietarios del 30% del total del territorio continental de Colombia, desconozco si los aborígenes, de los territorios insulares de Colombia son, también, los dueños en la misma proporción.
Anexar a esta masa enorme de territorio indígena que equivale a 36’000.000 de hectáreas, solamente, 121,35 hectáreas, que corresponde al 0.03% del territorio nacional, es una nimiedad para un grupo étnico privilegiado, la minoría racial supremacista de los aborígenes colombianos, que es el mayor terrateniente de Colombia y, tal vez, del mundo.
La presión ejercida por la misma comunidad académica, los estudiantes de humanidades, los egresados y, en general, los grandes intelectuales del nacional socialismo obrero colombiano, como Margarita Rosa de Francisco y Agmeth José Escaf para que, el Estado colombiano, entregue el territorio ancestral de los Chibchas, en dónde está ubicado el campus de la Universidad Nacional de Colombia, al pueblo colombiano. La Gallina de los Huevos de Oro, se suicidó.
