Laura Sarabia, directora del Departamento para la Prosperidad Social (D.P.S.), una entidad encargada de administrar un presupuesto millonario destinado a atender las necesidades de los más desfavorecidos, ordenó la firma de un convenio con la Corporación Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR.
Esta entidad fue creada en 1999 por militantes de la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista, y está legalmente representada por Rafael Gómez Serrano, según el certificado de existencia y representación legal consultado por El Expediente.
El contrato, identificado como 689 FIP 2023, incluye una inusual cláusula de confidencialidad entre el D.P.S. y Rafael Gómez Serrano, representante legal de REINICIAR, lo cual resulta bastante extraño.
El objetivo de este contrato es «articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR y el Departamento para la Prosperidad Social FIP, para implementar específicamente el Proyecto Apoyo a Unidades Productivas de dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, con el fin de garantizar la restitución de los derechos de generación de ingresos autónomos a través de unidades productivas para la población beneficiada».
El contrato fue suscrito el 17 de noviembre de 2023 y tiene una duración de 40 días, finalizando el 30 de diciembre de 2023.
Por la fecha y la contratación bajo la modalidad de ‘régimen especial’ este contrato parece ser un regalo navideño para alrededor de 156 personas que se suscribieron como beneficiarios de este proyecto, y cuya condición era pertenecer al Partido Comunista o a la Unión Patriótica. El D.P.S. aporta $2.883 millones de pesos y la corporación hace un aporte simbólico de $50 millones de pesos.
También se observa en un «Otro Si» que forma parte de los documentos del proceso de contratación, que la corporación REINICIAR no cumplió con las fases uno y dos del proyecto en los plazos establecidos, y solicitó una prórroga hasta el 31 de marzo de 2024. A pesar de la cuantiosa inversión realizada específicamente para los militantes comunistas, el proyecto no tuvo éxito, lo cual resulta llamativo considerando la afinidad política entre estos militantes y el presidente del gobierno, Gustavo Petro.
Acá puedes consultar los datos del contrato:
- Durante el gobierno de Iván Duque la misma corporación también se vio favorecida con dos contratos con las mismas características y objetivo, pero con valores distintos: en 2020 por 1.100,661,652 y en 2021 otro contrato por 4.842,400,000. En el gobierno Petro van dos contratos con la corporación REINICIAR, el primer contrato (688 FIP 2023 por $2.933 millones) y el 688 FIP 2023 por $1.467 millones.
