Por: Joan Sebastián Moreno
Cuando realicé la judicatura en uno de estos pequeños Juzgados de Circuito de Bogotá, noté que la administración de justicia era en realidad un sistema acartonado, entumido y paralizado no solo por los expedientes que atiborraban los anaqueles y los escritorios de los sustanciadores, sino porque el funcionamiento de esa célula básica de la organización judicial que se llama juzgado mostraba todas las deficiencias de las cuales adolece en mi criterio, la Rama Judicial.
El Juez es un tirano, no porque sus providencias sean el producto de un capricho o de una actitud prevaricadora, su actitud dictatorial atiende a que tiene la potestad de nombrar a dedo los cargos en provisionalidad para llenar las vacantes en los juzgados, nepotismo judicial que ha llevado a que muchas de las personas que ocupan los cargos que van desde el notificador hasta el sustanciador u oficial mayor, no sean las personas más idóneas para llevar a buen termino la responsabilidad que implica ser un funcionario judicial. Nos hemos acostumbrado a escuchar que el proceso está al despacho ( a veces durante seis meses o más), que la persona que atiende la baranda no encuentra el proceso y por lo tanto nos invita a que nos pasemos en unas dos horas mientras que lo busca, que los oficios se entregan pasados 2 meses de dictado el auto que decreta o levanta un embargo, o que por el contrario, el notificador cobra veinte mil pesos para notificar a las entidades que debería hacer de manera gratuita. Todas estas situaciones ponen en tela de juicio el estado del arte de la Rama Judicial, y nos invita a reflexionar si en verdad, la reforma debe hacerse de arriba abajo, o mejor, de abajo hacia arriba.
Este debate nacional ha encendido las redes sociales, ha marcado la agenda legislativa de múltiples congresistas, y ha estado en boga casi desde el mismo nacimiento de la Constitución de 1991. Muchos consideran que una adecuada reforma a la justicia empieza con la modificación del sistema de elección de los Magistrados de las Altas Cortes, otros piensan que la opción es la creación de otras jurisdicciones cómo una exclusivamente constitucional y financiera, y que también, se deben fundar mas juzgados para que los ya existentes, vean una salida de descongestión judicial, necesaria en virtud de excesiva carga laboral del funcionario judicial. En mi concepto, ninguna opción de estas es valedera si no modificamos nuestra cultura jurídica de papel, y la sustituimos por sistemas novedosos que le hagan recobrar a la Rama Judicial de nuevo legitimidad, que en gran parte se ha visto minada a través de los años. Dicha practica instrumental esta a cargo de las Facultades de Derecho, su rol en la Administración de Justicia se ha visto limitado a brindar uno que otro concepto destinado a la Corte Constitucional, pero ninguna, ha abogado por una transformación sustancial del modelo de enseñanza jurídica que tienda a construir un modelo de gestión de conflictos acorde con la naturaleza sociológica de los colombianos. Ya lo decía Jhon Rawls cuando afirmaba “La Justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, cómo la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”, y es que no es para menos que la Justicia deba tener tal relevancia en los Estados Modernos, para eso es un contrato social, para que nos garantice, Seguridad y Justicia, de lo contrario, se cae todo un aparataje burocrático sostenido con la plata de los contribuyentes, que poco o nada esta satisfaciendo la demanda de justicia que pide la sociedad colombiana, y que hoy, le esta costando el ser politizada por un claro reflejo de su ineficacia. Las leyes y las instituciones de la sociedad tienen como función básica producir Justicia, si no lo hace, es dable rechazarlo, pero recuérdese, que esa estructura básica de la sociedad no es una labor exclusiva de las rama legislativa, ejecutiva o judicial. La justicia y todo lo que tenga que ver con su reforma, es un asunto que viene desde un consenso general, imparcial y objetivo que debe satisfacer el bien general, antes que el particular.
Con lo dicho anteriormente, es claro señalar que la reforma a la Justicia debe empezar en principio, sobre el cómo se forman los juristas de este país en las facultades de derecho, y acto seguido señalar, cuáles son las instituciones que desde abajo necesitan de manera exhaustiva una reforma, teniendo como criterio principal, las necesidades del ciudadano de pie.
JOAN SEBASTIAN MORENO HERNANDEZ
Columnista de Opinión
