Por: Duván Idarraga
Como escribí en columnas anteriores, el P I B decreció 6.8% en 2020; el Déficit Fiscal para ese lapso fue del 8.9% del PIB, recordando que el estimado para 2021 sería del 7.6% y que la meta fijada en la regla fiscal para el 2022 era 1%; después de la crisis del Covid imposible de cumplir. Comenté que el Déficit Fiscal obedecía al mayor esfuerzo del gobierno para atender necesidades de distintos sectores por la pandemia. Esas cifras no gustan a las Calificadoras de Riesgo quienes han tenido un compás de espera, son conscientes del enorme esfuerzo fiscal realizado y de las mejores perspectivas para 2021. Es claro que se hace indispensable disminuir el Déficit y evitar el efecto que puede suscitar en las Calificadoras, llevándolas a disminuir las actuales lo que implicaría reducir el acceso a nuevas fuentes de crédito y el encarecimiento de la deuda del país ante el mayor riesgo.
Hace pocos días se conocieron las recomendaciones de la comisión de expertos tributarios, de manera general plantea la necesidad de eliminar exenciones y exclusiones del IVA, eliminar el impuesto del ICA y el del cuatro por mil y gravar las pensiones. Concluyen además que el sistema tributario colombiano no está alineado con buenas prácticas internacionales, hay una base reducida de aportantes y además es un sistema bastante complejo. Siempre se ha dicho que el sistema tributario colombiano es muy enredado, tiene muchas variables que permiten fácilmente la elusión y la evasión.
Por lo expuesto se plantea la necesidad de una nueva reforma tributaria. Recordemos que el gobierno del presidente Duque realizó una en 2019; uno de sus objetivos fue disminuir la renta para el sector empresarial y aportar al crecimiento económico, tema que a finales de 2019 se estaba logrando. En 2020 llegó la pandemia y todo cambió. Como ya se dijo, las recomendaciones de la comisión de expertos son claras, a estas se pueden adicionar la unificación de porcentajes para el IVA, controlar la evasión y la elusión. El tema de fondo es que ninguno de los actores de la economía quiere aportar más impuestos; eso sí, todos exigen beneficios, exenciones, subsidios, etc. Absurda la postura de la izquierda, pide gratuidad en todo, renta básica universal y que otros paguen.
En mi concepto resultaría catastrófico para el sector empresarial del país que les subieran impuestos, al contario se requiere cumplir los compromisos de campaña del presidente Duque de la reducción del impuesto de renta (tema que se definió en la reforma del 2019 y que tiene unos objetivos claros hacia 2022) para hacerlos más competitivos. Son miles las empresas que cerraron con la pandemia, muchas de las que sobrevivieron no resistirían mayores impuestos; se perdieron cientos de miles de empleos, no se puede arriesgar a que esta cifra aumente.
Considero que la clase media tampoco soportaría más impuestos, ha sido golpeada en las reformas tributarias recientes empezando por la de Santos de 2016 que incrementó contribuyentes y las tarifas, redujo considerablemente las deducciones. Simultáneamente, el gobierno nacional debe lograr una importante reducción del gasto público; ha logrado ahorro en gastos de funcionamiento pero la desbordada estructura del Estado no se ha tocado. Durante los nefastos gobiernos de Santos el número de entidades y cargos públicos creció de manera considerable. El gobierno Duque no ha realizado el ejercicio a fondo de adelgazar el Estado ni reducir el exceso de burocracia creada por Santos. También debe hacerse una revisión detallada de embajadas y consulados, la unificación de las Cortes y la disminución del número de congresistas y los privilegios de unos y otros; es decir, medidas de fondo. Se requiere un estado mucho más eficiente, reducido y con menores costos.
No olvidemos otra herencia de Santos: Los onerosos compromisos del Estado con la implementación del acuerdo con las FARC que demandan más de $125 billones en 10 años( cifra que nunca fue financiada, se hicieron cuentas alegres de aportes de la comunidad internacional y fueron irrisorios frente a las necesidades). Se crearon innumerables entidades, entre ellas algunas extremadamente costosas, grandes e ineficientes como la JEP (200 magistrados, 50 titulares, 3 magistrados auxiliares cada uno; todos con sueldo y prebendas de congresista), en total una nómina de más de 900 empleados) que cuesta casi $300 mil millones de pesos por año.
Concluyo: Incrementar impuestos a empresas significaría el cierre de muchas de ellas, posiblemente otras optarán por ubicarse en otros países que ofrezca mejores condiciones (como lo hicieron en el gobierno Santos) con consecuencias graves para el país en pérdida de competitividad, productividad, empleo y aportantes de impuestos. No debería descartarse la opción de grabar las pensiones más altas considerando que son las que más subsidio reciben del estado; se debería ampliar la base de aportantes al impuesto de renta; revisar, ajustar y eliminar aquellas exenciones que no aporten verdaderamente al desarrollo; reducir la evasión y la elusión. La opción de que Ecopetrol compre a ISA es estratégica, aporta recursos al Estado y se conserva la propiedad; una gran jugada. Prioritario: Adelgazar radicalmente la estructura del Estado y continuar con las políticas de austeridad total en el gasto; muy seguramente al hacerlo la reforma tributaria no sería indispensable.