Por: Paloma Valencia
La semana pasada aprobamos en primer debate el proyecto de ley del Centro Democrático para la reducción de salarios de congresistas y funcionarios públicos.
Entre todos los proyectos presentados con el mismo propósito, este era el de mayor congruencia con la Constitución y tratados internacionales. Por eso, mereció el apoyo de varios partidos, con quienes hemos unido esfuerzo para esta vez sí, reducir los altos salarios.
Para obtener un efecto inmediato, estamos creando una sobretasa de impuesto transitoria que reducirá en 20% los ingresos de los congresistas y todos los funcionarios con altos salarios.
Y a partir del 20 de julio de 2026 todos los salarios de los servidores públicos tendrán un límite de 25 salarios mínimos legales mensuales. Desde el 2014 el Centro Democrático ha radicado propuestas para reducir el salario de congresistas.
El camino ha sido largo. De reducción pasamos a congelamiento, y de ahí evolucionamos al impuesto. Han sido muchos los tropiezos jurídicos. Al principio, no podíamos mantener el quorum.
Los congresistas se declaraban impedidos para modificar nuestro propio régimen salarial y por eso no era posible avanzar. Tuve que trabajar la modificación de la ley de impedimentos. Hoy eso ya no es inconveniente.
Luego aparecieron las apreciaciones de los derechos adquiridos, según las cuales no era posible la rebaja. Cada uno había sido elegido para un cargo y un salario determinado. Al mismo tiempo, quienes habían sido elegidos o nombrados por períodos definidos con salarios preestablecidos tenían derecho a no ser desmejorados.
Los principios de la OIT que prohíben la precarización laboral, podrían conducirnos a que reducir los salarios daría lugar a demandas contra el Estado, que terminarían en pagos retroactivos sumado a intereses.
Eso opinaban juiciosos laboralistas. Por eso, adoptamos el congelamiento. Sin embargo, el buen comportamiento de la inflación entonces, le daba a la medida un desarrollo muy lento.
Durante la pandemia apareció la alternativa de un impuesto. Así lo propuso nuestro Partido y lo decretó el Presidente Duque: 20% de los salarios de los altos funcionarios y una tasa diferenciada para los otros altos salarios. Sin embargo, la Corte Constitucional -cuyos magistrados eran sujetos al impuesto- lo declararon inconstitucional.
La inclusión de la sobretasa en la Constitución impedirá una nueva declaratoria de inconstitucionalidad aduciendo – como lo hizo la Corte- que la Constitución no permite impuestos solo a los funcionarios públicos.
El impuesto quedará blindado. Además, el límite salarial a partir del 2026 todos los congresistas, los magistrados que se elijan, los funcionarios que se nombren estarán sujetos al límite de 25 salarios mínimos mensuales. Mientras entra ese límite, los funcionarios incluidos los congresistas tendrán un impuesto del 20% en sus ingresos.
He dicho que soy tacaña con la plata del Estado, porque prefiero los recursos públicos en las obras públicas que en sueldos de políticos y funcionarios. Una ciudadanía con pobreza, sin vías terciarias, sin crédito necesita que los recursos del Estado estén primero ahí, antes que en sueldos de quienes trabajan para ellos. Es una consigna simple y clara.
Caso muy distinto el del sector privado, que contribuye con sus impuestos al Estado. Ellos pueden tener los salarios que quieran, ojalá altos para todos sus empleados. Un Estado como el nuestro con tantas falencias y con una ciudadanía tan necesitada necesita primero atender lo social, los bienes públicos y luego, si queda algo, pensar en la holgura de sus funcionarios.
Por eso, tal vez, ha sido noticia en los medios y las redes sociales los gastos en viajes y enseres domésticos de la Presidencia de Petro. Los recursos públicos deben ser para quienes más los necesitan, un país con hambre y sin oportunidades no se deben hacer gastos suntuarios. Paloma Valencia
