Por: El Expediente
El 13 de febrero de 2026, un niño de siete años llamado Kevin Acosta Pico murió en cuidados intensivos del hospital La Misericordia, en Bogotá. Tenía hemofilia A severa y había sido trasladado desde Pitalito, Huila, después de que Nueva EPS autorizara su traslado. Su muerte no fue, según el diagnóstico posterior de varios exministros y exviceministros de Salud, un hecho aislado: fue uno de los rostros concretos detrás de una cifra que hoy amenaza con desbordar por completo al sistema de salud colombiano justo cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella se prepara para recibirlo.
El diagnóstico que la Contraloría General entregó al equipo de empalme de Defensores de la Patria, el 8 de julio de 2026, fue descrito por el medio Cambio como «demoledor». Las cifras respaldan ese calificativo. El patrimonio negativo conjunto de las EPS intervenidas por el Estado pasó de 429.000 millones de pesos en el primer trimestre de 2022 a 18,2 billones de pesos en el mismo periodo de 2026: un incremento de 42 veces en cuatro años. De esos 18,2 billones, 12,89 billones corresponden únicamente a las entidades que hoy permanecen bajo intervención estatal directa: Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca y Coosalud. Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,8 millones de afiliados, cerró 2024 con un patrimonio negativo de 4,4 billones de pesos y una siniestralidad que en 2023 ya alcanzaba el 121 por ciento, es decir, gastaba 21 pesos de más por cada 100 que recibía. Sus cifras de 2025 y 2026 todavía no se conocen públicamente, lo que significa que el próximo gobierno recibirá la entidad sin un diagnóstico financiero actualizado.
El problema no se queda dentro de las EPS: se transmite en cadena hacia quienes prestan el servicio real. Según el informe de julio del observatorio Así Vamos en Salud, las EPS del país acumulan cuentas por pagar a hospitales y clínicas por 41,5 billones de pesos, de los cuales el 92,6 por ciento —38,4 billones— tiene más de 60 días de mora. La deuda con la industria farmacéutica, según Afidro, ascendía a 4,7 billones de pesos al cierre de 2025. Y el propio gremio de hospitales y clínicas, la ACHC, advirtió apenas ayer, 29 de julio, que liquidar las EPS intervenidas podría arrastrar también a la red hospitalaria del país a la quiebra, recordando que, históricamente, de cada peso que un hospital colombiano tiene por cobrar a una EPS liquidada, solo se recupera entre 10 y 15 centavos.
Ese deterioro financiero ya dejó de ser una cifra en un informe y se convirtió, durante 2026, en cierres reales de servicios que afectaron directamente a pacientes. En Bogotá, la Liga Colombiana contra el Cáncer y el grupo Medical anunciaron en mayo el cierre de varias sedes y servicios, entre ellos tratamientos oncológicos, citando deudas de 40.000 millones de pesos de Nueva EPS y 25.000 millones de Sanitas. La Clínica Corpas quedó operando con apenas cuatro camas de UCI disponibles. En Santander, el Hospital Universitario reveló una deuda acumulada de 354.000 millones de pesos por parte de las EPS. En el Valle del Cauca, la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, denunció que hay instituciones prestadoras de servicios con hasta cinco meses sin recibir pago por atención ya brindada, lo que provocó el colapso de urgencias y desabastecimiento de medicamentos en la región; las aseguradoras señaladas como las más atrasadas fueron Emssanar, Asmet Salud, Nueva EPS y SOS. En julio, la IPS NP Medical notificó formalmente a Famisanar y Asmet Salud el cierre de sus servicios por una deuda superior a 14.000 millones de pesos.
Frente a esta cadena de cierres, la respuesta del Ministerio de Salud saliente generó fuerte indignación: cuando se le preguntó por la situación de los prestadores que anunciaban suspensión de servicios, la reacción atribuida a la cartera fue un escueto «que tengan buen día», una frase que quedó como símbolo de lo que muchos actores del sector describieron como desconexión entre el discurso oficial y la realidad de los pacientes. En paralelo, el propio Gobierno amplió en mayo, mediante la Resolución 695 de 2026, el listado de exclusiones del Plan de Beneficios en Salud a 117 procedimientos, medicamentos y tecnologías que ya no se financian con recursos públicos, en momentos en que la Corte Constitucional lleva años ordenando, sin resultado completo, que se ajuste técnicamente la Unidad de Pago por Capitación —el monto que el Estado gira a cada EPS por cada afiliado— para cerrar la brecha entre lo que se paga y lo que realmente cuesta atender a los colombianos.
El costo humano y judicial de esta crisis ya es medible: la Procuraduría documentó más de 131.000 tutelas proyectadas para 2025 relacionadas con el sistema de salud y más de 33.000 incidentes de desacato, cifras que reflejan una pérdida casi total de la capacidad del sistema para responder sin que un juez tenga que ordenarlo. Más de 755 municipios del país tienen hoy a más de la mitad de su población afiliada a una EPS intervenida, lo que significa que una eventual liquidación de cualquiera de ellas obligaría a trasladar a millones de colombianos hacia otras aseguradoras, en un sistema donde, según los propios analistas del sector, el déficit total supera ya los 41 billones de pesos. El gremio Unips fue explícito en su advertencia al equipo entrante: pidió que la recuperación del sistema de salud sea tratada como prioridad nacional desde el primer día, con un plan de choque para los primeros 90 días de gobierno. Es, en la práctica, el plazo que tendrá el nuevo ministro de Salud —cartera que hasta el cierre de esta nota seguía sin designado confirmado— para decidir si continúa con el modelo de intervenciones administrativas que, según el propio diagnóstico de la Contraloría y de varios exministros de Salud consultados por la prensa, no ha corregido ninguna de las causas estructurales de la crisis en los últimos cuatro años, sino que ha concentrado deuda, riesgo financiero y sufrimiento humano en una cadena que va desde el Ministerio hasta la cama de hospital donde, como le ocurrió a Kevin Acosta Pico, a veces ya es demasiado tarde
