Por: Jazmín Balaguer
La autodenominada “primera línea” que aún bloquea algunas calles de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, ha sido catalogada, como los nuevos puntos donde se trasladò el conflicto, o, terrorismo de baja intensidad. Lo cierto es, que no es ninguna de las anteriores. Es un tema de convivencia y seguridad ciudadana, que por su exposición mediática, cualquier solución trae un alto costo político, que ningún alcalde quiere enfrentar. Especialmente por la pregunta “¿quién dio la orden?”, recurrente dentro de los manifestantes y la oposición al Gobierno, cuando el ESMAD tiene que intervenir y ejerce sus funciones constitucionales.
Es exagerado darle la connotación de conflicto, equiparándolo con los grupos armados organizados. Tampoco es correcto llamarlo, terrorismo de baja intensidad, si lo fuera, los blancos serian especialmente edificaciones estatales, pero según las cifras registradas por el Ministerio de Defensa, el 70% de lo vandalizado, corresponde a establecimientos privados, principalmente comercio, sedes bancarias y sus cajeros electrónicos. Quien ataca esto, son delincuentes comunes, llamarlos terroristas es darles un status que no tienen, que obligaría a combatirlos de otras formas.
Estos remanentes que quedaron del Paro Nacional, se convirtieron en una estrategia velada de extorsión a la sociedad y al Gobierno, soportados por políticos que irresponsablemente instrumentalizan a estos jóvenes, muchos de ellos con intereses genuinos de mejorar el país, pero con una interpretación radicalizada de la realidad, que los lleva a usar vías de hecho contra todos y todo, lo cual aleja la posibilidad de una negociación.
No es casualidad, que esos espacios colinden con conocidos puntos de expendio de drogas, en donde organizaciones delincuenciales han incrementado su presencia y actividad, extorsionando a los comerciantes de la zona; por lo cual muchos de ellos han preferido cerrar sus negocios (300.000 empleos se han perdido durante los 2 meses de paro) tal como lo ha reportado informes de la Policía Metropolitana, Alcaldía y la Personería de Bogotá. Sin contar, que es una especie de secuestro a los habitantes de esos barrios, ante su limitada locomoción, regulada y supeditada a peajes ilegales y toques de queda bajo la sombra de amenazas.
Además, es preocupante el costo que tendrá que pagar la sociedad, de acuerdo a la Teoría de las Ventanas Rotas, desarrollada por los criminólogos James Wilson y George Kelling. Según este postulado, el deterioro de un lugar público, produce en la psicología humana, un rompimiento de códigos de convivencia como es el respeto por la ley, estimulando la comisión de faltas (como las mencionadas, o construir monumentos en espacio público sin autorización, y con dudosa estabilidad), que si se toleran y no son sancionadas oportunamente, reafirman ese pensamiento, generando hechos más graves hasta desembocar en diversas formas de violencia y crimen, contagiando espacios aledaños, dificultando su recuperación y control.
Por tal razón, es urgente que los alcaldes entiendan que los caminos del dialogo tienen un límite de tiempo que ya se agotó, y ahora deben cumplir el articulo 315 de la Constitución Política de conservar el orden público. Algo que esta tomando demasiado càlculo político, ante la incertidumbre de saber qué produce más votos, si mantenerlos ahí intentando negociar, hasta que por su voluntad se retiren, o ejercer la autoridad.
Hacer cumplir la ley, para la base electoral de la izquierda, progresista y opositora al Gobierno, es impopular e inconveniente ante su narrativa de represión sistemática y abuso policial, responsabilizando los alcaldes como primera autoridad civil, y al Presidente de la República como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Lo cual es equivocado, y desconoce el carácter de la Policía Nacional. Esta, al ser una fuerza de tipo civil, implica que cada miembro responde individualmente por sus acciones ante un despliegue operativo en las calles. Los integrantes del ESMAD actúan bajo protocolos según la situación. Esta demostrando que mas del 98% de sus operativos son ajustados a la ley, y al respeto por los Derechos Humanos. Sin embargo, en los pocos casos donde se ha presentado exceso de fuerza, se explota mediáticamente y se generalizada. Desincentivando a los alcaldes para no adelantar las coordinaciones necesarias, y expedir las órdenes de policía para desactivar los bloqueos urbanos.
Adicionalmente, ellos no realizan la planeación del servicio del cuerpo armado de Policía, y sus ordenes no pueden ir en contravía de la constitución, como pedir, que no intervenga o se retire el ESMAD, que teniendo en cuenta la función de esta especialidad, sería ir en contra de la misión de está institución, y del propio como mandatarios.
Pero para la opinión pública, es como si hubieran dado la orden. Toda esta falta de autoridad y desconocimiento, genera más incentivos para continuar en esta espiral de enfrentamientos de algunos sectores de la sociedad con la institucionalidad con fines electorales, por sesgo político, o radicalización de ideales, alejándonos de esa unión que se necesita para afrontar los desafíos del país.
