Por: Paola Holguín
Como demócratas tenemos que separar el derecho constitucional a la protesta y la marcha pacífica, el derecho a disentir y a la oposición democrática, de la conducta criminal. La violencia, el vandalismo y el terrorismo, no son derecho de nadie.
En Colombia, en las marchas del 28 de abril al 6 de mayo se habían presentado 782 bloqueos, afectando la vida e integridad de la ciudadanía y el abastecimiento de ciudades -comida, medicina, oxígeno, combustible, etc; 769 policías habían sido lesionados y 2 asesinados, 387 civiles heridos; 75 instalaciones policiales afectadas, vandalizados 199 vehículos de transporte público, 99 bancos, 254 establecimientos de comercio, 27 peajes, 97 estaciones de transporte, 43 cajeros, 1 hotel incendiado; se habían presentado 582 capturas y 56 aprehensiones a menores de edad.
Las marchas pacíficas, como informaron la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, fueron infiltradas por seis grupos criminales -Movimiento Juventudes M19, Grupo Luis Otero Cifuentes, Movimiento Bolivariano de Disidencias de las FARC de Gentil Duarte, Escudos Azules, Escudos Negros, y células urbanas del ELN-, y han contado con la injerencia criminal de la narcodictadura venezolana, como lo denunció internacionalmente el presidente de Ecuador, Lenín Moreno y lo reconoció en su cuenta de twitter Diosdado Cabello, el 2 de mayo.
Entonces, ¿qué hay detrás de estas marchas? No podemos olvidar que en 2018, una vez perdió las elecciones, Gustavo Petro advirtió que nos veríamos en las calles, y casi desde el primer día del gobierno de Duque empezaron, movilizaciones, paros y marchas, que cesaron temporalmente por la pandemia, pero que, incluso antes de que se conociera la Reforma Tributaria, anunciaron que reiniciarían.
La Reforma fue una excusa para exacerbar el descontento ciudadano, pero es evidente que ese no era el motivo, la reforma se retiró, el Ministro de Hacienda renunció y continúan en las calles.
Este proceso que se vivió de manera similar en Chile y otros países del Hemisferio, se conoce como Revolución Molecular Disipada, estrategia basada en la destrucción de infraestructura crítica para el país, interrupción de la vida diaria de los ciudadanos y activación de grupos vandálicos. Las fases son escalamiento, copamiento y saturación, y los objetivos son derrocar, destituir y juzgar al Presidente (como lo pide la Minga y algunos marchantes), convencer a la gente de que el Presidente y su gobierno “no dan la talla”, y crear división en todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.
Esta estrategia, nos devolvió el terrorismo urbano, que lamentablemente ya habíamos sufrido en décadas pasadas, y se sumó esta vez la ciberguerra, mensajes cifrados, hackeo de páginas institucionales, creación de una narrativa que distorsiona deliberadamente la realidad y acude a emociones y creencias, manipulan imágenes y videos, presionan influenciadores y artistas a través de bots, adelantan campañas como la de “nos están matando”, para debilitar a nuestra Fuerza Pública, una guerra que no conocíamos en estas dimensiones.
Hoy la pregunta que nos tenemos que hacer ante este escenario, es si tendremos la capacidad, la responsabilidad y la grandeza para entender qué hay de fondo, para poder construir una salida colectiva, porque esto ya no es un tema de gobierno, ni de partidos, es un tema de País.
