El comunicador Jesús Céspedes denunció penalmente al diputado Esteban Oliveros ante la Fiscalía 18 días antes de ser asesinado; en la denuncia también señala a Duvalier Sánchez

Por: El Expediente

El 25 de mayo de 2026, a las 4:24 de la tarde, la Sección de Gestión Documental de la Fiscalía General de la Nación recibió en Cali una denuncia penal contra el diputado de la Asamblea del Valle Esteban Oliveros Montoya. La presentó Jesús Céspedes Montoya, comunicador social y contratista de la Gobernación del Valle, por los delitos de hostigamiento agravado, calumnia y amenazas, que según el texto le habían generado «riesgos a mi vida e integridad personal, la honra, el buen nombre». Dieciocho días después, el 12 de junio, Céspedes fue asesinado a tiros cuando salía de su casa en el barrio Mayapán, en el sur de Cali. En otra página del texto que circula como la misma denuncia, Céspedes señala que el entonces representante a la Cámara y hoy senador Duvalier Sánchez Arango y Julián López, a quien el texto identifica como presidente de la Cámara de Representantes, amplificaron las acusaciones en su contra y generaron «una ola de amenazas, descrédito y riesgo concreto sobre mi vida y la de mi familia».

La primera página de la denuncia, que circula en redes, está dirigida a la Fiscalía General de la Nación, seccional Cali (Reparto). Su asunto es «Denuncia penal en contra del diputado Esteban Oliveros Montoya» y menciona como delitos presuntamente cometidos el hostigamiento agravado, previsto en los artículos 134B y 134C del Código Penal, la calumnia, del artículo 221, y las amenazas, del artículo 347. Lleva un sello de la Fiscalía con código de barras, la fecha y la hora de recepción y la indicación de un oficio de seis folios. Céspedes se identifica en ella como persona natural y la presenta en nombre propio. El Expediente no ha podido cotejar el original con la Fiscalía, y las demás páginas de la denuncia no se han divulgado completas.

El pasaje que involucra a Sánchez y a López está en otra página, que reproduce una captura de una publicación de Oliveros en redes. Dice: «Este ataque, además, fue replicado por figuras públicas, también servidores del electorado colombiano, como el representante a la Cámara Duvalier Sánchez Arango y el hoy presidente de la Cámara de Representantes por el Partido de la U, Julián López, quienes, con su respaldo y divulgación, amplificaron el alcance de las acusaciones, generando una ola de amenazas, descrédito y riesgo concreto sobre mi vida y la de mi familia». Un fragmento cortado en la parte superior de esa página alude al uso de la investidura de diputado.

El episodio que originó el conflicto, según informó la prensa regional, ocurrió antes de la denuncia. Oliveros buscó a Céspedes y lo confrontó por publicaciones en una página de redes sociales que criticaba al Partido Verde y al Gobierno Nacional. El encuentro quedó grabado, y una captura incluida en la denuncia muestra el video en una cuenta identificada como EstebanOli. Céspedes era una persona de perfil bajo, y esa confrontación lo hizo visible.

Céspedes publicó además un video en el que dijo que Oliveros había expuesto su nombre, sus datos, su integridad y su documento «sin ningún proceso formal», que había actuado «abusando de su poder» y que eso le había traído amenazas, insultos y descalificaciones. «No es control, es cobardía y tiene consecuencias legales», afirmó. Manifestó temor por la seguridad de su familia. Su contrato en el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernación terminaba el 30 de junio.

El 12 de junio, hacia las 9:30 de la mañana, sicarios que se movilizaban en una motocicleta y en un carro, según la Policía Metropolitana de Cali, lo mataron frente a su vivienda. Una cámara de seguridad registró el ataque. La Fiscalía lidera un equipo de investigación con apoyo de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía, que analiza las cámaras y el contexto de las amenazas que la víctima mencionó. La Gobernación ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales, y la gobernadora Dilian Francisca Toro pidió evitar especulaciones.

Ninguna autoridad ha establecido una relación entre las denuncias de Céspedes y su homicidio, ni ha atribuido responsabilidad a Oliveros, a Sánchez Arango ni a López. En redes circulan mensajes que relacionan a Sánchez con el crimen. El Expediente no encontró en las fuentes consultadas ningún elemento que sustente esa relación, y no la afirma. Lo que sí consta es una secuencia: el 25 de mayo Céspedes puso en manos de la Fiscalía una denuncia que describe riesgo para su vida y nombra a quienes, a su juicio, lo provocaron o lo multiplicaron; dieciocho días después fue asesinado.

Oliveros y Sánchez Arango pertenecen a la Alianza Verde y comparten el movimiento La Política de la Felicidad, que Oliveros dice haber fundado en 2010 y en cuyo sitio web se refiere a Sánchez Arango como «nuestro congresista». Sus registros de contratación también coinciden. En 2020, el Sistema Electrónico de Contratación Pública muestra que ambos firmaron con la Alcaldía de Jamundí contratos por las mismas cuantías, 27.164.000 y 54.328.000 pesos, en fechas próximas. En octubre de 2022, ya con Sánchez Arango como representante a la Cámara, Oliveros figura como contratista de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias de esa corporación. Esos registros muestran una coincidencia contractual, no un acuerdo, y no tienen relación documentada con el homicidio. La investigación sigue abierta y, hasta donde se conoce, sin hipótesis pública. Que una persona advierta por escrito ante la Fiscalía que su vida corre riesgo, que nombre a quienes considera responsables de esa exposición y que sea asesinada días después le exige al Estado una respuesta que todavía no ha dado: si las amenazas que Céspedes denunció fueron investigadas antes del 12 de junio, y qué se hizo con la denuncia

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