Pereira licitó $18.877 millones en vigilancia y se presentó un solo oferente: el contratista actual, que ya firmó con la Alcaldía cuatro contratos por $90.262 millones

Por: El Expediente

La Alcaldía de Pereira abrió una licitación pública por $18.877.820.519 para contratar su vigilancia privada entre el 16 de noviembre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 y recibió una sola oferta, la de Estatal de Seguridad Ltda., que presta ese servicio a la Administración Central desde 2021. Una auditoría de la veeduría Interveen Intervención Veedora Nacional, hecha sobre 35 archivos y 739 folios del proceso SMGA-LP-220-2026 en el SECOP II, concluye que los requisitos del pliego, los umbrales financieros y el sistema de puntaje coinciden con lo que solo el contratista actual puede acreditar. La queja-denuncia, firmada el 5 de noviembre por su representante legal, Henry Keep Morales, fue dirigida al alcalde Mauricio Salazar Peláez, a la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y las superintendencias de Vigilancia y de Industria y Comercio. La audiencia de adjudicación estaba fijada para el 13 de noviembre a las 12:00 m., y la firma del contrato para las 6:00 p. m. del mismo día.

Estatal ha firmado con la Administración Central cuatro contratos de vigilancia por $90.262 millones: el 4179 de 2021, por $13.047 millones; el 7000 de 2022, por $22.966 millones; el 2333 de 2024, por $26.683 millones, y el 4209 de 2025, que con modificaciones suma $27.567 millones. Este último se adjudicó en la licitación SMGA-LP-0188-2025, también con oferta única, por $21.584 millones, y fue adicionado en $3.993 millones durante 2026. Con el contrato 177 de 2026 de la Secretaría de Educación, por $12.187 millones, el total supera los $102.000 millones, según los datos abiertos del SECOP II.

El presupuesto de los medios tecnológicos del nuevo contrato descansa en dos cotizaciones. La de Estatal entró el 14 de septiembre de 2026 a las 12:10 p. m. al correo de servicios generales de la Alcaldía, dirigida a la «Dra Beatriz», y la de Coordinar Seguridad a las 2:40 p. m. La solicitud oficial de cotización, enviada a 68 empresas, salió a las 5:13 p. m. de ese mismo día. Ninguna de las 68 cotizó. La «Dra Beatriz» es Beatriz Helena Molina Quintero, profesional especializada que proyectó la información básica del proceso. La cotización de Estatal incluye 26 alarmas, la cifra que la ficha oficial pidió después; el pliego definitivo exige 17. Está elaborada sobre un formato cuya única fecha es la del propio formato: 31 de enero de 2019.

El pliego exige acreditar 316 guardas vinculados en Risaralda, con planillas de seguridad social de los últimos seis meses, para un servicio presupuestado con 246 hombres. Según la auditoría, el único contrato de esa magnitud en el departamento es el del Municipio con Estatal. Exige también un establecimiento de comercio con diez años de antigüedad en el Área Metropolitana Centro Occidente, central de monitoreo en Pereira y sede canina en la misma área. Al jefe de operaciones le pide un certificado de aptitud psicofísica para porte de armas, aunque el servicio es sin arma.

El precio vale 8 puntos de 100 y se aplica solo al componente de medios tecnológicos, $237 millones, el 1,26 % del presupuesto. De los 40 puntos de idoneidad del personal, 21 dependen de que los profesionales lleven siete años con el mismo oferente y cuatro con el proponente en Risaralda. Un competidor nuevo que llevara a los mismos profesionales obtendría cero puntos en ese criterio. A eso se suma un vehículo blindado nivel III, 10 puntos, con registro en el RENOVA al menos dos meses antes del cierre, una exigencia que no estaba en el proyecto de pliego y apareció en el definitivo, nueve días antes del cierre.

Los umbrales financieros salieron del primer cuartil de una muestra de 19 empresas. La matriz de trabajo tenía 24: cinco con información completa, entre ellas Colviseg, Ainca, Seguridad Diez, Fidelity y Cosequin, fueron retiradas de la hoja que se transcribe en el análisis del sector. Con 24 empresas el primer cuartil de liquidez es 2,78; con 19 sube a 3,06. La misma hoja contiene una fila rotulada «ESTATAL» con los indicadores del contratista actual: cobertura de intereses de 7,14 frente a un umbral de 7,08, y endeudamiento de 0,50 frente a un tope de 0,50. De las 19 empresas de la muestra, solo siete cumplen los seis indicadores.

El pliego pide instalar 45 cámaras, torniquetes con biométrico y un centro de datos en el Palacio Municipal, que según la veeduría fue evacuado tras el sismo del 10 de agosto de 2026; el propio estudio previo reconoce que la Alcaldía reubicó de forma transitoria sus dependencias. El dispositivo biométrico se describe con las dimensiones exactas, 119,8 x 268,3 x 49,6 milímetros, del terminal FaceStation F2 de Suprema, y la plataforma que opera hoy en la Alcaldía, BIOSTAR, es del mismo fabricante, según una comunicación interna de la Secretaría TIC del 17 de septiembre. El componente se paga desde el primer mes, aunque la instalación puede tardar hasta dos: $41,9 millones sin servicio.

El trámite tampoco resiste la lectura de las fechas. El pliego definitivo se publicó el 27 de octubre a las 6:52 a. m.; el plazo de observaciones venció 24 horas después y el cierre fue nueve días más tarde. Seguridad Atempi Ltda. presentó siete observaciones el 27 a las 11:01 p. m. La respuesta lleva fecha del 28 de octubre, pero el archivo se creó el 29 a las 8:40 p. m. y se publicó a las 8:44 p. m., casi catorce horas después de que venciera el plazo para adendas, a las 7:00 a. m. Su título interno es «Respuesta de observaciones SMGA-SASIE-134-2026», el de otro proceso; las casillas de observación están vacías y cita cifras distintas a las del pliego: cobertura de 6,93 en lugar de 7,08 y una muestra de 23 registros en lugar de 19. Las siete observaciones fueron rechazadas. El formato de la propuesta económica se subió el 29 a las 11:37 a. m., cuatro horas y treinta y siete minutos después del vencimiento de las adendas.

La plata también tiene sus cuentas. El Concejo autorizó, mediante el Acuerdo 29 de 2026, una vigencia futura de $25.985 millones para 2027; la necesidad que cuantifica el estudio previo es de $16.386 millones, y el excedente de $9.599 millones equivale al 58,6 %. El análisis del sector del 2 de octubre valoraba el proceso en $29.896 millones y el 27 de octubre quedó en $18.877 millones, sin explicación en el expediente. El certificado de disponibilidad 6842 ampara $6.900 millones, pero el pliego habla de un «valor disponible» de $3.970 millones: faltan $2.930 millones sin explicar. La veeduría anota la cercanía de esa cifra con los $3.993 millones con que se adicionó el contrato 4209 de 2025 y aclara que no puede afirmarse con prueba plena que estén relacionados.

El dispositivo de 246 hombres debe cubrir 60.120 horas mensuales. Con la jornada de 42 horas semanales vigente desde el 15 de julio de 2026, la auditoría calcula 330 vigilantes, o 257 con el máximo legal de horas extras. Y el contrato 4209 de 2025 terminó el 31 de octubre, mientras el nuevo arranca el 16 de noviembre: en el SECOP II no consta una prórroga que cubra del 1 al 15.

Interveen pidió suspender el proceso, revocar la resolución de apertura 008346 del 26 de octubre y declarar desierta la licitación, y solicitó a la Fiscalía investigar posibles delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y, si se acredita concertación, acuerdos restrictivos de la competencia. El proceso registra 33 visualizaciones. La única oferta, de Estatal de Seguridad Ltda., se presentó el 4 de noviembre a las 8:31 p. m.

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