Por: Saúl Hernández Bolívar
Continúa el intento por deslegitimar las acciones de la Fuerza Pública y limitar sus facultades para enfrentar a los delincuentes en defensa de los colombianos y las instituciones.
Mientras un informe revelado por la revista Semana demuestra que Venezuela se está armando como para una guerra, los compañeros de ruta de la subversión pretenden que Colombia se desarme y levante las manos. Un caso es el de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, donde la militante comunista Alexandria Ocasio-Cortez ha logrado limitar la transferencia de armamento a nuestra Policía y prohibir el uso de dineros provistos por su país para la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Falta la aprobación del Senado, pero ahí tendrá el activismo proterrorista de senadores amigos de las Farc, como James McGovern y Patrick Leahy, que harán hasta lo imposible para que esas medidas sean aprobadas.
Pero el caso más diciente es el nuevo escándalo por la muerte de cuatro menores de edad en el bombardeo que dio cuenta del sanguinario cabecilla alias ‘Fabián’ del ELN. Sujeto que, por cierto, fue encontrado con vida tras el bombardeo, recibió atención de primeros auxilios y luego fue trasladado en helicóptero del Ejército a una clínica donde finalmente falleció. Una muestra más del cumplimiento de los derechos humanos por parte de nuestros soldados.
El hecho es que ya en noviembre de 2019 se había presentado un revuelo similar por la muerte de ocho menores en un bombardeo efectuado en San Vicente del Caguán, el 29 de agosto de ese año, contra el cabecilla de las disidencias de las Farc ‘Gildardo Cucho’. Una polémica que le costó la cabeza al ministro de Defensa de entonces, Guillermo Botero.
Controversias que, antes y ahora, pretenden quitarle al Estado la ventaja que le otorga la superioridad aérea y así fortalecer a las disidencias de las Farc, que según Indepaz ya sobrepasan los 5.200 combatientes, y al ELN, que tiene al menos 2.500. Entre ambos suman la totalidad de hombres en armas que supuestamente se desmovilizaron tras el acuerdo espurio de Santos con las Farc.
Es por eso que, en marzo de este año, el periodista fariano Hollman Morris inventó que en un bombardeo contra el cabecilla de las disidencias de las Farc ‘Gentil Duarte’, habían muerto doce menores de edad, de los cuales incluso entregó los nombres. Finalmente, se estableció que hubo tres menores entre los guerrilleros neutralizados, pero el daño provocado por esta campaña de desinformación ya estaba hecho, pues sus propaladores —como el nefasto Roy Barreras— suelen hablar de «niños asesinados» para generar mayor rechazo social a pesar de que en su mayoría son jóvenes de 16 y 17 años. Sin duda, un intento por deslegitimar las acciones de la Fuerza Pública y limitar sus facultades para enfrentar a los delincuentes en defensa de los colombianos y las instituciones legítimamente constituidas.
Ya decíamos en una columna de hace dos años (Un escándalo para neutralizar la superioridad aérea, 2019/11/12), que «en cumplimiento de su función constitucional, un Ejército puede y debe enfrentar —y hasta dar de baja— a cualquiera que pretenda subvertir el orden, siempre que esté bien armado y constituya un peligro real. El Derecho Internacional Humanitario no hace distinción de edad, pues si no se pudiera combatir al enemigo por el mero hecho de no tener aún la mayoría de edad, la estrategia para ganar cualquier confrontación sería la de armar a menores que no podrían ser repelidos y ante quienes, por tanto, tocaría rendirse, sometiéndose a sus designios o a los de sus jefes».
Valga decir que la misma Justicia Especial para la Paz, el tribunal de bolsillo creado por las Farc, acusó a esta guerrilla de haber reclutado forzosamente 18.677 menores de edad entre 1996 y 2016 (casi mil por año), delito que todos los grupos ilegales siguen cometiendo. Por eso, es de suponer que en todos los campamentos de bandidos de cualquier pelambre hay presencia de menores de edad, pero menores bien armados que combaten fieramente y a los que a las Fuerzas Armadas no les queda más opción que enfrentarlos con toda la determinación y hasta sus últimas consecuencias.
La verdad es que, sin importar lo que digan los corifeos de la subversión, la muerte de estos menores convertidos en «armas de guerra», nunca podrá achacarse al Estado; los únicos responsables de su deplorable final son los criminales que les robaron sus vidas para hacerlos carne de cañón de sus diabólicos delirios revolucionarios.
@SaulHernandez
Medellín, 11 de octubre de 2021
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