Por: El Expediente
Bogotá, 9 de octubre de 2025
El gobierno de Gustavo Petro asignó un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas y deportadas por Israel tras la intercepción de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa humanitaria para romper el bloqueo a Gaza.
Ambas llegaron al país el 7 de octubre en el avión presidencial, junto a un acompañante extranjero –presuntamente la pareja de una de ellas–, quien también recibió protección.
La flotilla, compuesta por 44 barcos y más de 450 activistas de 44 países –incluyendo a Greta Thunberg y el nieto de Nelson Mandela–, fue interceptada por la Armada israelí entre el 1 y 3 de octubre en aguas internacionales, a 130-220 km de Gaza. Israel justificó la acción como defensa contra «vínculos con Hamás», confiscando suministros humanitarios valorados en US$110.000 (alimentos, medicinas y fórmula para bebés). Los activistas denunciaron abusos: golpizas, humillaciones y condiciones inhumanas en el penal de Ketziot.
Bedoya y Barreto, abogadas y defensoras de derechos humanos vinculadas a causas palestinas, fueron deportadas vía Jordania tras interrogatorios. Su regreso en el avión presidencial generó elogios de Gustavo Petro por «defender la solidaridad internacional», pero también críticas por el uso de recursos estatales para un conflicto internacional.
El Decreto 1066 de 2015, que regula la UNP, exige riesgo inminente para otorgar protección: amenazas verificables por violencia política, género o conflicto armado. Fuentes de El Expediente cuestionan: ¿Cuál es el peligro concreto para estas ciudadanas, deportadas en un incidente diplomático y no por amenazas locales? El esquema incluye camioneta blindada y escoltas armados, superando protocolos estándar y generando dudas sobre politización de la UNP.
