Por: Julio César Leal Duque
Estamos viendo un numero considerable de empresas que están teniendo problemas de liquidez, problemas para el pago de deudas, a sus empleados, a sus proveedores y entrando en etapa de acuerdos de reorganización empresarial por efectos de la pandemia; por ese motivo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto Reglamentario 890 del 10 de agosto de 2021, entre otros.
Muy importante este decreto, sobre todo porque permite convertir las deudas en bonos de riesgo ordinarios o convertibles. Hasta ahí muy bueno, muy importante para salvar empresas, pero eso es bueno hasta que mostraron lo aprobado en el primer debate de la Reforma Tributaria, porque se ve una completa ignorancia de quienes proponen modificar la Ley con intereses únicamente en el recaudo para atender los 350 billones de gasto del Estado para el 2022, aprobado a toda costa y sin importar acabar con las empresas que agonizan, dejando inservible las características comunes y especiales de los bonos en el Decreto Reglamentario 890.
Lo bueno de los salvavidas es que son inflables para flotar cuando un barco naufraga; en este caso los salvavidas del gobierno y del equipo de congresistas que apoyan la reforma tributaria son salvavidas hechos en plomo, los empresarios se lo ponen y van para el fondo. Porque imagínese usted que un empresario tiene deudas y ahora puede decirle a esos acreedores que se hagan socios a cambio de unos bonos donde esos pasivos se trasladen a las cuentas patrimoniales, pero que ahora con la reforma tributaria van a hacer parte de la base gravable del impuesto al patrimonio -permanente dicen estos genios- con una tarifa entre el 1% al 10% (según propuestas, hay más propuestas sorprendentes en inteligencia, ya la NASA los busca).
Ahí no para la propuesta de esta ternura de congresistas que tenemos, resulta que con la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019 ya habían eliminado de la depuración de la base gravable del impuesto al patrimonio las acciones, dejando DOBLE el impuesto, paga la empresa y paga el accionista; ahora seguramente quieren que paguen también los de los bonos. ¿Con esos incentivos quien invierte en una empresa? ¿Quien ayuda a salvar un empresa si le sale más caro el caldo que los huevos?
Parece que nadie analiza las propuestas en el congreso, no hay asesores, muy malos los análisis que han mostrado algunos gremios -así les prendan velas en todas partes- o los que hay no advierten las consecuencias de las medidas, no saben de contabilidad, no distinguen activo, pasivo y patrimonio, no saben simplemente y no conocen el Estatuto Tributario. Es claro que no hay una armonización técnica entre lo propuesto en la Reforma Tributaria, la política macroeconómica y mucho menos salvar las empresas afectadas por la pandemia -que son todas-.
