El caso de los contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro tiene, según fuentes de inteligencia militar consultadas por El Expediente, una dimensión que va más allá de la vida privada del exmandatario y del tráfico de influencias: una hipótesis de seguridad nacional.
Esas fuentes advierten sobre presuntos reclutamientos por parte de agencias extranjeras de Rusia, Cuba, China, Venezuela e Irán, orientados a aprovechar situaciones de vulnerabilidad de Petro para extraer información reservada y de inteligencia estratégica. Según una de ellas, algunas de las mujeres que lo rodeaban se valían de los momentos en que el entonces presidente estaba bajo los efectos de drogas o del alcohol para obtener datos de seguridad nacional o de inteligencia de interés de esos países.
Primicia El Expediente: denunciante de Petro acercó a sus padres al primer anillo del Pacto Histórico y a Iván Cepeda. Ambos trabajaban con el gobierno Iraní
La denuncia que dio origen al caso es la de Deicy Jiménez, quien fue contratista del Estado y sostiene que recibió contratos públicos a cambio de encuentros íntimos con Petro, dentro de una presunta red de mujeres, al parecer algunas menores de edad.
Las afirmaciones están bajo investigación, no han sido demostradas, y Petro las ha negado. Hasta ahora, la hipótesis de inteligencia era una línea de análisis.
Cobró fuerza, según las fuentes, con la revelación de El Expediente de fotografías de los padres de la denunciante como corresponsales de HispanTV, el canal de propiedad estatal operado por la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB), que las fuentes consideran un instrumento de proyección del régimen de Teherán en América Latina.
Esa hipótesis se amplía con el caso de otra de las mujeres señaladas por su cercanía al expresidente, la influencer Gabriela Muñoz.
Su madre, Liliana Olaya, ocupó una coordinación de Análisis de la Dirección de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la dependencia diseñada para detectar el espionaje externo y proteger secretos de Estado.
Llegó a la entidad de la mano de Jorge Lemus, quien fue director de la DNI y colaborador de Petro, y renunció a finales de julio, dos días después del episodio de la Aerocivil que expuso la contratación de su familia.
Desde ese cargo en la DNIi mantenía una línea directa de información con Petro. Informes internos de la entidad registran inconsistencias administrativas, manipulación de bases de datos del personal de confianza y de pruebas de polígrafo en esa misma dependencia.
Los hechos publicados bastan para sacar el caso del terreno de lo personal. Los padres de la denunciante Deicy Jiménez aparecen como corresponsales de la televisión del Estado iraní, el principal adversario de Israel en la región, con el que el gobierno de Petro rompió relaciones en mayo de 2024. Y la madre de otra de las mujeres cercanas al entonces presidente ocupó una coordinación en la Dirección Nacional de Inteligencia, la entidad cuyo director responde ante el presidente de la República, que debe proteger al país de amenazas externas y que maneja información de agencias de inteligencia de otros países.
Un mandatario rodeado en su intimidad por familias vinculadas con el gobierno de Irán y a la contrainteligencia colombiana no es solo un asunto de contratos y de favores. Es una pregunta sobre quién podía llegar, por esa vía, a lo que el presidente sabía de seguridad nacional e inteligencia del estado colombiano.
