Por: Juan Daniel Giraldo M.
Tengo dudas razonables. Desde hace algún tiempo he estado quieto y guardando silencio (no cómplice), en aras de no seguir en un clima polarizante y agitar aún más la marea social que vivimos en estos días de incertidumbre y de conmoción. Sin embargo, creo que ha llegado la hora que quienes comenzaron todo este caos nos respondan y con abierta sinceridad.
Yo no apoyé el Acuerdo de la Habana. Siempre dije que no podíamos aceptar la premisa de que en un conflicto ambas partes (hablo de la sociedad representada en el Gobierno) se equiparase como culpable y como contendor con un grupo armado ilegal. Siempre mantuve la tesis de que estábamos frente a una amenaza terrorista. Aun cuando el NO ganó en el plebiscito, respeté la decisión del Legislativo y del Ejecutivo de turno de firmar un acuerdo de paz con la promesa implícita del sometimiento, la comparecencia, la no repetición y la reparación a las víctimas.
Acepté a regañadientes que la mal llamada comisión de la verdad endilgara toda la culpa al Estado Colombiano y sus agentes como autores y generadores de la violencia en este país, que manosearan y recontaran la historia a su acomodo, dejando sin voz a miles de víctimas (10 millones y 460 mil que hacen parte de la fuerza pública), y crearan y estigmatizaran líderes contenedores convirtiéndolo en monstruos cuáles “némesis” odian las nuevas generaciones.
En pocas palabras: les acepté todo.
Ahora, me encuentro con la sorpresiva declaración de los firmantes por parte de las FARC, manifestando y asegurando que no son comparecientes y que la JEP no es un tribunal de Justicia. ¿Entonces cuál es el rol de este tribunal? ¿Cuál fue el objetivo de 5 años de negociaciones? ¿Cuál fue el objetivo de crear un marco jurídico transicional para este grupo? ¿La reparación a las víctimas que antes se exigía y que era perentorio y una promesa, en qué quedó? ¿Por qué su silencio total? Y la pregunta más contundente ¿las FARC son o no comparecientes?
Esta última pregunta tiene muchas implicaciones. Aceptar que en el Acuerdo final explícitamente no se diga que las FARC se sometieron y aceptaron a la JEP como tribunal de Justicia, deja sin piso jurídico toda la estructura institucional creada para la implementación del Acuerdo Final, y simplemente deja a las antiguas FARC como personas por encima de la ley. También surge entonces la teoría que al no estar cobijados por JEP, tanto victimas como victimarios deberían comparecer a la jurisdicción ordinaria.
Sería importante que todos los firmantes se pronuncien y sean claros en expresar y responder estas preguntas, especialmente la última, ya que esta dicotomía solo está generando mayores climas de inconformismo y revictimización a todos aquellos que sufrieron los vejámenes de este desangre sin sentido.
