Por: Gustavo Rugeles, Director de El Expediente – Bogotá, 28 de febrero de 2025
En un nuevo esfuerzo por arrojar luz sobre los casos de corrupción que han marcado la historia reciente de Colombia, El Expediente radicó este 27 de febrero un derecho de petición ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, solicitando información detallada y la posibilidad de aportar pruebas en el proceso penal que enfrenta Antonio Sanguino Páez, recientemente nombrado Ministro de Trabajo por el gobierno de Gustavo Petro.
Este caso, vinculado al escándalo del «carrusel de la contratación» y a presuntas irregularidades durante su paso como concejal de Bogotá entre 2008 y 2011, se perfila como uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en el país.
La solicitud, presentada por este medio en cabeza de su director, Gustavo Rugeles, en su doble calidad de periodista y veedor ciudadano, busca respuestas puntuales sobre el estado actual del proceso: ¿en qué etapa se encuentra?, ¿cuándo fue la imputación de cargos?, ¿qué decisiones ha tomado la Corte frente a los argumentos de prescripción de la defensa?, y, sobre todo, ¿cuándo está programado el juicio oral que podría definir la responsabilidad de Sanguino en delitos como tráfico de influencias y cohecho?
Además, se ha pedido claridad sobre los mecanismos para que El Expediente pueda contribuir con pruebas recopiladas en su labor investigativa.
Las acusaciones contra el actual ministro, el señor Sanguino, incluyen la presunta intervención para beneficiar al contratista Julio Gómez –condenado por el «carrusel»– en un contrato de más de 15.020 millones de pesos para el Hospital de Usme, así como un cuestionado contrato de 350 millones de pesos adjudicado a su esposa, Diana Meza, por la Universidad Distrital durante su gestión como concejal.
Aunque su defensa ha insistido en la prescripción de los hechos, una jueza habría determinado en 2025 que esta solo operará en noviembre próximo, manteniendo el caso vivo y en una etapa crítica.
Este derecho de petición es parte de un seguimiento sostenido a los casos de corrupción que más afectan el interés público y el erario. La ciudadanía merece saber qué pasa con un proceso que involucra a un alto funcionario como el Ministro de Trabajo.
Desde El Expediente, seguiremos este proceso de cerca, informando cada avance y exigiendo que la Corte Suprema responda en el plazo de 15 días hábiles establecido por la Ley 1755 de 2015.
